La ciudadanía no puede ser el escudo contra la inseguridad

En Colombia se ha generado en los últimos días, cada vez más  controversias por la medida de seguridad impuesta en Bogotá por el Alcalde Enrique Peñalosa, que consiste en  restringir a  pasajeros  hombres mayores de 14 años en motos  de 125 centímetros cúbicos  o más, puesto que, según el Alcalde, es una de las modalidades de hurto más frecuentadas. Este mandato funcionará como una prueba de 3 meses y de forma sectorizada.

Entre los personajes que secundan esta decisión, se encuentra La Concejal Lucía Bastidas, quien afirma que esta propuesta ha funcionado en ciudades como en Santa Marta, Cali, Barranquilla o Cúcuta.

Estas medidas se venían  presentando en Colombia años atrás en distintas ciudades solo en fechas especiales donde la ciudadanía puede verse más vulnerable a la inseguridad, sin embargo en otras ciudades como Cúcuta se implementó hace dos años de forma permanente, esto es lo que temen los bogotanos.

El desacuerdo de los motociclistas se pronuncia puesto que concierne algunos aspectos que limita y afecta el estilo de vida de estas personas en mayor escala al que podría alcanzar el objetivo por el que se realiza esta decisión, que consiste en brindarle seguridad a los ciudadanos. Por esta razón se llevó a cabo protestas por parte de los moteros, una de ellas fue el Plan Tortuga, que consistía en buscar una forma de llegar a un acuerdo más favorable o al menos ser escuchados, dado que para ellos afecta en muchos casos su medio de sustento , además de estigmatizarlos con una imagen de delincuentes. Por el contrario, esta protesta terminó  en un enfrentamiento con las autoridades.

Paralelamente,  las cifras de hurto por modalidad de moto no es considerada razón suficiente para implementar una medida exclusiva para pasajeros en motos y que pretenda reducir la inseguridad, pues como lo afirma el Concejal Daniel Palacios, el delincuente se adaptará  buscando robar en más de una moto, en cambio sí afecta a un gran número de personas cuyo trabajo y otras actividades dependen de llevar pasajeros.

Acto seguido, el argumento por parte de la Concejal, que la seguridad de la ciudadanía está por encima de cualquier cosa, incluso de limitarlos en estos aspectos, se vuelve contraproducente pues hay muchos casos de ciudadanos que deciden llevar a sus hijos en consecuencia a que se ven afectados por situaciones peligrosas mientras esperan transporte público, ¿qué pasa con las personas que se  verán  perjudicadas por este precepto y aún así pueden ser víctimas de algún delito en otra modalidad?

Daniel Palacios afirma que la solución no debe buscarse en el medio si no en los resultados de la inseguridad en su totalidad, una medida que parcialice la disminución de inseguridad no es seguridad en ningún aspecto porque no  beneficia a todos los ciudadanos ni garantiza la tranquilidad de estar seguros, esto  precisamente porque no todos han sufrido el hurto u otro delito solo en moto.

Procurar que esto funcionará porque en ciudades como Cúcuta, según la concejal Lucía Bastidas, ha reducido la inseguridad en un 50% no es argumento de peso,  pues Cúcuta no es comparable territorialmente con Bogotá, agregando también, que varios medios de comunicación como Portafolio, La Opinión y Caracol muestran otras cifras en cuanto a la seguridad en la capital nortesantandereana.

El Alcalde no debe pretender ver esta decisión como óptima si baja la modalidad de hurto en moto en una mínima cantidad a costo de perjudicar a muchos ciudadanos, haciendo énfasis en que solo se habla en la modalidad de robo en moto, así que no abarcaría una cifra significativa en la reducción del hurto como tal y es precisamente esto, lo que pretende el decreto, pues claramente existe un fragmento escrito de la siguiente  forma: 

“Que el concejo Distrital de Seguridad y Convivencia, en sesión de fecha  17 de enero de 2018 presidido por el señor Alcalde Mayor de Bogotá se expuso la problemática antes referida, evaluando las medidas a adoptar tendientes a disminuir  las tasas delincuenciales, y evitar de esa manera el incremento de actos delictivos asociados con el hurto en todas su modalidades, encontrándose dentro de ellas la restricción del tránsito de motocicletas.”

Conocido esto, no es lógico pretender evitar “de esta manera”, es decir de las restricciones constantes, el incrementos de delitos, simplemente porque no se está buscando medidas que perjudiquen directamente a un delincuente, solo  que dificulten su acto de delinquir. 

Uno de los representantes de un grupo de moteros afirma que esto son solo paños de agua tibia para dar una sensación de seguridad a la ciudadanía, además de satanizar el medio de transporte. La inseguridad abarca diferentes aspectos que lo  convierten en un círculo vicioso, pues los representantes de moteros afirman que el problema de inseguridad puede combatirse  con eficacia si la alcaldía es organizada con las funciones de cada ente, pues mientras los policías están haciendo función de vigilancia en las estaciones de transmilenio (función  que debería tener personal exclusivo) se cometen delitos en lugares donde hay ausencia de los mismos.

Si se implementa por 3 meses mientras se mide su impacto, ¿qué pasará si logra obtener un resultado positivo?, lo cual es totalmente  probable, pues  es natural que al prohibirse el uso de otros medios o acciones que facilitan cometer  delitos, como el alcohol o cargar con cosas de valor por la calle, disminuya accidentes o ser víctima de un robo. Sin embargo,  no se puede darle seguridad a la gente prohibiéndoles tomar o sacar sus objetos de valor, toda la ley debe recaer en los delincuentes.

Que pretendan adaptar a los delincuentes a una restricción que solamente les dificulta delinquir, en vez de adaptar a la ciudadanía a una vida sin delincuentes, más que beneficiar, afecta los derechos fundamentales.

Latin American Post | Selene Contreras