ANÁLISIS

La lucha de Colombia contra la deforestación se estanca debido a los grupos armados

Los esfuerzos para combatir la deforestación en la Amazonía colombiana están fallando, con grupos armados como disidentes de las FARC que obstaculizan las iniciativas del gobierno. Las agendas ambiental y de paz de Colombia bajo el presidente Gustavo Petro están en grave riesgo si no se recupera el control sobre estas regiones.

Grupos armados refuerzan el control sobre la Amazonía de Colombia

La selva amazónica, una parte vital de la identidad nacional de Colombia y de la biodiversidad global, está bajo asedio de grupos armados, principalmente disidentes de las FARC. Estos grupos han ganado progresivamente el control sobre vastas áreas de la Amazonía, socavando significativamente los esfuerzos del gobierno para reducir la deforestación. Según un informe reciente del International Crisis Group, los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también conocidos como el EMC, están en el centro de esta crisis, ejerciendo una influencia considerable sobre el destino ambiental de la región.

Desde el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en 2016, muchos disidentes se han negado a desarmarse y han continuado sus actividades en áreas que durante mucho tiempo han sido descuidadas por la autoridad estatal. Se han convertido en uno de los principales obstáculos para la preservación ambiental en la Amazonía colombiana, afianzando su control sobre la región y, en algunos casos, controlando las tasas de deforestación a su antojo. Como señala el informe, el EMC puede dictar cuándo y dónde ocurre la deforestación, utilizándola para obtener beneficios financieros a través de la extorsión y la explotación de recursos naturales.

La Amazonía colombiana cubre más del 40% del territorio del país, un área aproximadamente del tamaño de España, y alberga una biodiversidad sin igual. A pesar de su importancia ecológica, ya se ha deforestado el 15% de la Amazonía colombiana. Las acciones de los grupos armados en la región agravan la crisis ambiental, socavando los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para reducir la deforestación y proteger estos ecosistemas vitales.

El papel del EMC en el aumento de la deforestación

El EMC, ahora el tercer grupo armado más grande de Colombia, con alrededor de 3.500 miembros, tiene una relación compleja con la deforestación. Este grupo es el principal responsable directo de la deforestación en los últimos cinco años. Más de medio millón de hectáreas de bosque se han perdido en zonas controladas por el EMC, lo que complica aún más los esfuerzos para frenar la destrucción ambiental.

La influencia del EMC sobre la deforestación es tanto alarmante como estratégica. En algunas ocasiones, han ordenado a las comunidades locales detener la deforestación, solo para revertir estas órdenes más tarde cuando las presiones financieras aumentan. A principios de 2023, el grupo levantó las restricciones sobre la deforestación para aumentar sus ingresos por tala ilegal, cobrando tarifas de extorsión a quienes talaban árboles. Esta manipulación de la degradación ambiental con fines de lucro demuestra la capacidad del grupo para controlar y explotar los recursos de la región, al tiempo que ridiculiza las iniciativas gubernamentales destinadas a preservar la Amazonía.

La implicación del EMC en la deforestación no es solo un problema local; tiene implicaciones globales. La Amazonía es un sumidero de carbono crítico y es fundamental para mitigar el cambio climático. A medida que el EMC acelera la deforestación, los efectos se sienten mucho más allá de las fronteras de Colombia. Sin embargo, mientras el grupo mantenga su control sobre estos territorios, la capacidad del gobierno para implementar estrategias de conservación efectivas sigue siendo muy limitada.

Las dificultades de Gustavo Petro para implementar políticas ambientales

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, hizo campaña con una plataforma de protección ambiental y construcción de paz. Su administración ha convertido la lucha contra la deforestación en la Amazonía en una de sus prioridades centrales, anunciando una histórica reducción del 61% en la deforestación en los últimos dos años. Sin embargo, estos logros se ven ensombrecidos por la realidad sobre el terreno, donde grupos armados como el EMC socavan la autoridad del Estado y hacen casi imposible hacer cumplir las políticas ambientales.

El enfoque de Petro para combatir la deforestación ha diferido del de sus predecesores. En lugar de medidas punitivas contra las comunidades involucradas en la tala ilegal, Petro ha ofrecido incentivos como ayuda financiera para la conservación forestal y medios de vida sostenibles. El objetivo es construir un modelo de desarrollo que beneficie a las comunidades amazónicas mientras se protege el bosque. Sin embargo, la falta de control territorial dificulta la implementación de estos proyectos, ya que los grupos armados dominan la región.

Sin acceso a los territorios controlados por el EMC, los programas gubernamentales que pretenden proteger la Amazonía y apoyar a las comunidades locales siguen siendo en gran medida teóricos. La ausencia del Estado colombiano en estas regiones otorga a los grupos armados el control sobre el uso de la tierra, lo que dificulta que la administración de Petro logre sus objetivos ambientales a largo plazo. Esta situación no solo amenaza a la Amazonía, sino también el legado político de Petro, que depende de su capacidad para equilibrar la paz y la sostenibilidad ecológica.

¿Qué debe cambiar para que Colombia salve la Amazonía?

Si la administración del presidente Gustavo Petro se toma en serio la protección de la Amazonía y el cumplimiento de sus promesas ambientales, primero debe recuperar el control de las áreas actualmente dominadas por el EMC. Como sugiere el informe del Crisis Group, el diálogo con el EMC ha estado plagado de dificultades, y el grupo ha violado repetidamente los acuerdos de alto el fuego y ha bloqueado la entrada de agencias estatales a los territorios que controlan. Estas regiones, que incluyen parques nacionales y áreas protegidas, siguen siendo inaccesibles para las autoridades gubernamentales, lo que hace imposible hacer cumplir las medidas de conservación o promover el desarrollo sostenible.

Recuperar el control territorial, sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. El Estado colombiano ha tenido históricamente dificultades para establecer una presencia duradera en áreas remotas como la Amazonía, donde prosperan los grupos armados y las economías ilegales. Pero sin una intervención directa, los esfuerzos para frenar la deforestación seguirán rezagados y la Amazonía sufrirá una mayor degradación. Para proteger la región, el gobierno de Colombia debe encontrar una manera de reafirmar su autoridad y desmantelar el poder de grupos armados como el EMC.

Esto requerirá intervenciones militares y policiales, así como un mayor compromiso con las comunidades. Las comunidades que viven bajo el dominio del EMC a menudo se ven obligadas a cumplir con los esquemas de deforestación del grupo o enfrentan graves consecuencias. Proporcionar a estas comunidades alternativas viables y una mejor protección contra los grupos armados es fundamental para cambiar la balanza a favor del desarrollo sostenible.

En última instancia, la lucha por salvar la Amazonía es más que una cuestión de protección ambiental; se trata de restaurar la paz y la estabilidad en una de las regiones más vulnerables ecológica y socialmente del mundo. Mientras los grupos armados continúen dominando estas áreas, los esfuerzos de Colombia para combatir la deforestación seguirán siendo una batalla cuesta arriba. La administración de Petro debe priorizar la recuperación del control sobre la Amazonía con la esperanza de dejar un legado ambiental y político duradero.

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Los esfuerzos de Colombia para combatir la deforestación en la Amazonía están siendo socavados por grupos armados como el EMC, cuyo control sobre la región detiene las iniciativas del gobierno y acelera la destrucción ambiental. Para proteger la Amazonía y a las comunidades que dependen de ella, Colombia debe primero recuperar estos territorios y desmantelar las estructuras de poder que permiten a los grupos armados beneficiarse de la deforestación. Si no se aborda este problema fundamental, las políticas ambientales del país seguirán siendo insuficientes y el futuro de la Amazonía permanecerá en riesgo.

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