Leyva niega conspiración contra Petro mientras crece la crisis institucional y diplomática en Colombia
Con audios difundidos a finales de junio, el exministro Álvaro Leyva afirma que la acusación de conspiración contra el presidente Petro es “absolutamente ridícula”, mientras la Fiscalía y la oposición exigen esclarecer contactos con actores ilegales y figuras políticas en Estados Unidos.
Audios filtrados y declaraciones del exministro
El escándalo estalló con la filtración de audios en los que Álvaro Leyva, excanciller de Colombia, sugiere un posible retiro anticipado del presidente Gustavo Petro antes del fin de su mandato el 7 de agosto de 2026. Las grabaciones, realizadas sin su consentimiento, revelan conversaciones en las que se plantea un cambio de gobierno por vías alternas a las electorales. Leyva defiende sus palabras argumentando que no promovía un golpe de Estado, sino que estaba planteando una interpretación constitucional que permitiera un diálogo institucional, incluso mencionando la posibilidad de que la vicepresidenta asumiera en caso de una eventualidad.
En entrevistas posteriores, Leyva insistió en que sus comentarios fueron descontextualizados y editados para generar escándalo. Aseguró que no ha tenido contactos con grupos armados ilegales ni con sectores políticos internacionales con fines desestabilizadores. Según él, cualquier sugerencia de que existe una conspiración organizada para remover al presidente Petro es absurda y carente de fundamento. También reiteró que no tenía motivaciones personales ni aspiraciones políticas para asumir ninguna posición de poder.
El exministro explicó que sus reflexiones tenían más que ver con escenarios hipotéticos y con la necesidad de preservar el orden institucional en caso de crisis políticas profundas. Afirmó que el país atraviesa una etapa delicada y que es momento de fortalecer el debate constitucional, no de polarizarlo aún más con acusaciones infundadas. Su defensa ha sido tajante: “Lo que se está vendiendo como conspiración es en realidad una discusión política legítima”.
Reacciones políticas: entre condena y prudencia
La clase política reaccionó con rapidez y contundencia ante la difusión de los audios. Diversos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, coincidieron en rechazar cualquier intento de interrumpir el mandato presidencial por vías no institucionales. Figuras históricas, líderes de opinión y partidos políticos se pronunciaron solicitando claridad sobre los hechos, y algunos incluso pidieron que la justicia intervenga para determinar responsabilidades.
La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en los audios como posible sucesora de Petro en una eventual salida anticipada, negó categóricamente haber tenido conocimiento de algún plan en ese sentido. También expresó su apoyo a la legalidad y a la continuidad del gobierno. Desde su equipo político se destacó que cualquier conversación que mencione su nombre en ese contexto es una manipulación malintencionada.
El presidente Petro respondió públicamente, manifestando sentirse traicionado por Leyva, a quien había considerado una figura cercana y de confianza dentro de su gobierno. En sus declaraciones, Petro aseguró que desde el inicio de su mandato ha percibido amenazas a su integridad y a la estabilidad institucional, y que este caso confirma sus sospechas. Solicitó a las autoridades actuar con transparencia, y remarcó que la democracia colombiana debe ser protegida por todos los actores políticos.
Esta crisis coincidió con una fuerte sacudida interna en el gabinete. Laura Sarabia, quien ocupaba el cargo de ministra de Relaciones Exteriores tras la salida de Leyva, presentó su renuncia en medio del escándalo. Su dimisión se sumó a una serie de salidas que han marcado al Ejecutivo en las últimas semanas, alimentando la percepción de descomposición dentro del círculo de poder presidencial.
El componente judicial y el avance de las investigaciones
A raíz de la denuncia presentada por los representantes legales del presidente Petro, la Fiscalía abrió una investigación formal para determinar si hubo delito de conspiración, traición a la patria o cualquier otra conducta punible relacionada con los audios de Leyva. En este contexto, se analizarán posibles vínculos del exministro con congresistas estadounidenses y con representantes de grupos armados ilegales, señalados por el abogado presidencial como potenciales interlocutores en una estrategia para desestabilizar al Ejecutivo.
La defensa de Leyva sostiene que la grabación fue obtenida ilegalmente y que su contenido ha sido manipulado para construir una narrativa que no se ajusta a la realidad. También han advertido que cualquier uso judicial de estos audios violaría principios constitucionales y de debido proceso. No obstante, la Fiscalía argumenta que la gravedad de las afirmaciones y la relevancia del personaje involucrado justifican una investigación exhaustiva, incluso si ello implica evaluar la validez probatoria de los materiales filtrados.
El proceso aún se encuentra en fase preliminar, pero ya ha generado tensiones entre las ramas del poder. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han solicitado respeto por el debido proceso, mientras que sectores ciudadanos exigen mayor rapidez en la resolución del caso. En el Congreso, algunos parlamentarios han propuesto la creación de una comisión especial que analice los riesgos a la gobernabilidad y proponga medidas para blindar la institucionalidad.
Este proceso podría extenderse durante varios meses y se espera que convoque a declarar a figuras clave del Ejecutivo, entre ellas la propia vicepresidenta y excolaboradores de Leyva durante su tiempo en la Cancillería. El resultado de esta investigación será determinante no solo para el futuro judicial del excanciller, sino también para la estabilidad del gobierno de Petro.
EFE@Paolo Aguilar
Tensión diplomática con Estados Unidos
En paralelo al escándalo político interno, la situación escaló a un nivel internacional cuando se produjo un cruce diplomático sin precedentes entre Colombia y Estados Unidos. La administración estadounidense decidió retirar temporalmente a su embajador en Bogotá, como respuesta a declaraciones y acciones que calificó de “preocupantes” por parte del gobierno colombiano. En un gesto recíproco, Colombia también llamó a consultas a su embajador en Washington.
Este intercambio diplomático refleja el deterioro en la confianza bilateral, en un momento clave para la cooperación en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y temas comerciales. Aunque ambos gobiernos han insistido en que las relaciones no están rotas, lo cierto es que las tensiones han generado incertidumbre entre empresarios, organizaciones multilaterales y la comunidad internacional en general.
El presidente Petro ha reiterado su compromiso con el respeto a los acuerdos bilaterales y ha exigido que su gobierno no sea objeto de presiones ni injerencias externas. Desde sectores críticos, sin embargo, se advierte que el deterioro de las relaciones con Estados Unidos podría tener consecuencias económicas y estratégicas de largo alcance, especialmente si se prolonga la falta de interlocución directa entre ambas administraciones.
Este choque diplomático, enmarcado en un clima de sospechas sobre posibles vínculos de actores colombianos con congresistas estadounidenses, añade un componente geopolítico a una crisis que ya era compleja en lo interno. Las señales de Washington han sido interpretadas como una advertencia, aunque sin cerrar del todo la puerta al diálogo futuro.
Un país polarizado ante una crisis múltiple
El caso Leyva ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública y ha profundizado la polarización política que atraviesa Colombia. Desde el oficialismo se ha reforzado la narrativa de que existen sectores interesados en desestabilizar al gobierno a toda costa, mientras que desde la oposición se denuncia la persecución política y el uso de las instituciones para silenciar voces críticas.
Analistas y columnistas han planteado que el verdadero problema es la fragilidad de las coaliciones gubernamentales, la falta de controles internos y el uso instrumental del discurso de traición para manejar tensiones políticas. Otros señalan que este episodio ha puesto al descubierto una élite dividida y desconectada de las preocupaciones reales de la ciudadanía, cada vez más alejada de los partidos tradicionales.
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El futuro político de Leyva, de Petro y de sus respectivos sectores dependerá de cómo evolucione la investigación y de las decisiones que se tomen en las próximas semanas. En un país con una historia marcada por golpes, pactos, traiciones y reformas a medias, la figura del excanciller se ha convertido en símbolo de las contradicciones y ambigüedades que hoy atraviesan el poder en Colombia. Mientras tanto, la atención ciudadana permanece fijada en los tribunales, en el Congreso y en los despachos diplomáticos, a la espera de respuestas más allá de los micrófonos.
