El Acuerdo de Paz fue un hecho histórico; sin embargo, la arremetida de los enemigos de la paz y los escándalos de corrupción, opacaron la importancia de este hecho

Haciendo un balance de lo que ocurrió en el país durante 2017, año en el que la implementación del Acuerdo de paz con las FARC y los aberrantes escándalos de corrupción marcaron la vida del país, se puede decir que el hecho más importante fue sin lugar a dudas el desarme de las FARC.

Este acontecimiento fue posible a pesar de la embestida de los enemigos de la paz, quienes desde el primer momento hicieron todo para impedir que eso sucediera, dados sus intereses en perpetuar la violencia del conflicto armado para obtener réditos electorales.

Es decir, si bien las FARC se desarmaron, conformaron un partido político -que participará en las elecciones de 2018- y se han logrado pocos pero importantes avances en temas como la reincorporación de los ex combatientes, los enemigos de la paz poco a poco han logrado sabotear la implementación del Acuerdo de paz. En parte con la complicidad del gobierno nacional, que ha sido incapaz de garantizar, por ejemplo, la seguridad en las zonas donde antes hacían presencia las FARC.

Basta con mencionar que proyectos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante la cual los ex miembros de las FARC y otros actores del conflicto serán juzgados por sus responsabilidades en la guerra, fue radicalmente modificada en el Congreso. Las modificaciones se produjeron para evitar que particulares, agentes del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, e incluso, empresarios y otros financiadores de la guerra, tuvieran que asumir allí los mismos actos que sí deberán asumir las FARC, como si la ex guerrilla fuera la única que tuviera que hacerlo.

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A lo anterior se suma que otros proyectos elementales en la implementación del Acuerdo de paz, como las Circunscripciones especiales para la paz, fundamentales para dar representatividad política en el legislativo a las víctimas del conflicto, fueron hundidas en el Senado.

Ni hablar de la Reforma Rural Integral para modernizar el campo y reivindicar a las comunidades rurales, que ni siquiera se debatió por parte de los congresistas.

Quizás lo más grave en todo este contexto, es la arremetida que los grupos paramilitares están haciendo en contra de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y todos aquellos que apoyan el Acuerdo de paz y su implementación. Estos sujetos están siendo asesinados uno a uno, con el claro propósito de -como dirían ciertos líderes del Centro Democrático- “hacer trizas” el Acuerdo de paz y revivir a toda costa la era de violencia que el país quiere dejar atrás.

La corrupción también es enemiga de la paz

En 2017 quedó claro que la violencia no es el único enemigo de la paz, la corrupción también amenaza el momento que vive Colombia. No sólo se trata de Odebrecht, la corrupción llegó hasta lo más alto de la justicia colombiana con el denominado cartel de la toga. Este último básicamente es una serie de pactos, en los que los encargados de impartir justicia recibieron cuantiosos sobornos para reversar, modificar o tomar decisiones. De esta manera, el cartel beneficiaba a políticos y otras personas poderosas, que en la mayoría de casos estaban involucrados en actos de corrupción y delitos como la parapolítica.

Del cartel de la toga se sabe que los principales responsables son los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, además del ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno. Pero se sabe que los implicados son muchos más, como por ejemplo, el ex senador Mussa Besaile.

Tal es el poder de la corrupción y tanto ha permeado al Estado, que hasta los niños han sufrido sus lamentables consecuencias. En el 2017, Colombia se indignó cuando supo que las mafias dueñas de los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se robaron el dinero destinado a la alimentación de los niños más humildes de las regiones del país.

Con este panorama, Colombia terminó un 2017 marcado por la indignación y la desesperanza, en el que a pesar de haber logrado desarmar a la que era considerada la guerrilla más antigua del mundo, los corruptos y los enemigos de la paz no ahorraron esfuerzos para negarles a los colombianos la esperanza y la posibilidad de tener un mejor país.

En el contexto actual, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, el debate se debe centrar en cómo garantizar que pare el sabotaje del Acuerdo de paz, pero también en lograr que la corrupción sea erradicada para siempre del Estado colombiano.

LatinAmerican Post | Samuel Augusto Gallego Suárez