Tormenta política: ¿Por qué la justicia en Perú está en crisis?
Los escándalos detrás la posesión del nuevo fiscal general solo son una parte de un problema estructural
Gonzalo Chávarry es el nuevo Fiscal General de Perú, pero eso ha despertado una tormenta de críticas no solo a su elección sino al sistema de justicia en su integridad. El designado figura dentro de un informe judicial sobre la organización criminal llamada "Cuellos Blancos". A raíz de esto, varios sectores de la sociedad peruana han hecho un llamado a la renuncia del Fiscal.
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Para empezar, Chávarry participó en la votación que lo designó como Fiscal General, que quedó 3-2 en su favor. Esto ya es un signo de lo irregular que fue su elección, pero este es solo un comienzo.
La misma credibilidad de la estructura judicial peruana está en juego, pues si las elecciones no pueden ser transparentes, nada garantiza que el ejercicio de Chávarry lo sea. Esto solo se refuerza tras la publicación del informe de la fiscal provincial Sandra Castro.
Hoy que soy Fiscal de la Nación sigo trabajando por la senda institucional que siempre defendí. Sigamos trabajando dentro del marco del debido proceso. (2/2) pic.twitter.com/qn2HhHU4Js
— Pedro Gonzalo Chávarry (@PedroChavarryV) 12 de septiembre de 2018
¿Qué es el caso de “Cuellos Blancos del Callao”?
En el mes de julio, medios de comunicación peruanos filtraron unos audios de conversaciones entre magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y algunos jueces provinciales y supremos. En el contenido de estos audios figuran pedidos de ascensos, pago de favores y rebajas de penas.
Los audios fueron interceptados en el marco de una investigación contra “Las Castañuelas de Richport”, una organización mafiosa y narcotraficante dentro de la jurisdicción de la ciudad Callao, en la costa occidental de Perú. Durante esa operación, Rocío Sánchez, fiscal anticrimen de la Provincia Constitucional del Callao, formalizó una denuncia penal en contra de empresarios, políticos y jueces que estaban implicados en tratos con la organización criminal. Lo que los integrantes de “Las Castañuelas” buscaban con los jueces era evadir arrestos y condenas a través de sus abogados.
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En ese ejercicio de interceptaciones se captó un audio donde participaba César Hinestroza, quien fuera presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao. Según la investigación, Hinestroza le pidió al fiscal Chávarry que recogiera información sobre las investigaciones en su contra. Igualmente, ambos hablaban sobre la posible destitución de un funcionario del CNM que les era incómodo a los dos.
¿Qué significa esto para la justicia peruana?
El caso de los “Cuellos Blancos” no se limita a Hinestroza y a Chávarry, pues tiene tantas ramificaciones que incluso tocan el caso Odebrecht. Este es el problema de la nombrada red de corrupción, pues el objetivo de la organización fue, según el informe de Castro, el “lograr copar las entidades públicas, como el Poder Judicial y el Ministerio Público”.
Esto se traduce en una completa desconfianza de parte del resto de la sociedad peruana, que aún tiene viva en el imaginario colectivo la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por corrupción.
Perú vive uno de sus peores momentos institucionales en la historia. La justicia ya demostró ser incapaz de vigilar al ejecutivo y poco es lo que el hoy presidente Martín Vizcarra está haciendo por gestionar la crisis de la rama judicial. Es un tema que va más allá de la coyuntura, pues muestra ser estructural.
La vigilancia ciudadana y la veeduría interinstitucional serán fundamentales para que la justicia en Perú retome su camino. Adicionalmente, es esencial que se protejan a fiscales como Sandra Castro y Rocío Sánchez, cuyo compromiso con su país está dando frutos.
LatinAmerican Post | Iván Parada Hernández
