Voces indígenas latinoamericanas no escuchadas en la política ambiental
A pesar de las protestas vocales y las reuniones internacionales, la falta de participación y representación efectiva de las comunidades indígenas en los procesos clave de toma de decisiones continúa subrayando una retórica con pocos cambios reales.
En toda América Latina, las comunidades indígenas han luchado durante mucho tiempo por el reconocimiento y la representación dentro de sus fronteras nacionales y en el escenario global. Reuniones recientes, como la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú celebrada en Santiago, Chile, han despertado una renovada atención a estos temas. Sin embargo, a pesar de la atención, parece haber una brecha considerable entre la retórica de la inclusión y la realidad de los compromisos viables.
El Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo de 2018 y vigente a partir de abril de 2021, se erige como un tratado histórico para proteger a los defensores del medio ambiente y promover la democracia ecológica. Hasta la fecha, sólo ha sido ratificado por 15 de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron inicialmente. Este respaldo limitado dice mucho sobre la renuencia de los gobiernos a comprometerse a proteger a sus ciudadanos y ecosistemas más vulnerables.
Los llamados a la acción de los líderes indígenas, como Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo, nos recuerdan de manera conmovedora lo que está en juego. “Queremos defendernos mientras estemos vivos, no cuando estemos muertos”, declaró Shajian en la sede de la CEPAL en Santiago. Su declaración se hace eco del sentimiento de innumerables activistas indígenas que enfrentan amenazas diarias por proteger sus tierras ancestrales.
América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente, con una asombrosa cantidad de ataques que a menudo resultan en muertes. El año 2020 fue registrado como el año más mortífero para los ambientalistas: tres cuartas partes de estos ataques ocurrieron en América Latina, según la ONG Global Witness. Países como Colombia y México encabezan la lista, lo que pone de relieve un problema regional más amplio de impunidad y falta de protección adecuada.
Sin embargo, aún es necesario mejorar la inclusión de las voces indígenas en los órganos internacionales de toma de decisiones. Por ejemplo, Dina Juc, coordinadora de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, criticó a la CEPAL por afirmar falsamente que los grupos indígenas están representados. “Nos incluyen sólo como representantes en la audiencia, no en el proceso de toma de decisiones”, lamentó Juc. Esta exclusión es sintomática de un problema sistémico más importante en el que las decisiones que afectan a los territorios indígenas se toman sin su consentimiento o participación.
La brecha digital exacerba aún más esta exclusión. Muchas comunidades indígenas en regiones como la Guatemala rural necesitan servicios más básicos, como electricidad y acceso a Internet, lo que les hace casi imposible participar en debates en línea. Esta brecha tecnológica silencia sus voces y refuerza las desigualdades que obstaculizan su progreso.
La retórica de inclusión y protección que a menudo promocionan los gobiernos y los organismos internacionales se queda corta frente a estas realidades. El reconocimiento ceremonial de los derechos indígenas hace poco para cambiar la dinámica de poder que margina a estas comunidades. Lo que se necesita con urgencia no es sólo un reconocimiento en principio, sino cambios sustanciales en la forma en que se integran los grupos indígenas en el proceso de formulación de políticas.
Para cerrar esta brecha, se pueden considerar varios pasos:
- Representación obligatoria: Los tratados y conferencias internacionales deberían exigir la representación obligatoria de los grupos indígenas en sus estructuras de gobierno. Esto garantizaría que las decisiones reflejen los intereses y puntos de vista de aquellos directamente afectados por las políticas ambientales.
2. Empoderamiento local: Fortalecer las estructuras de gobernanza local para defender y proteger mejor los derechos indígenas puede empoderar a las comunidades desde cero. Esto incluye brindar apoyo legal para navegar e influir en los marcos legales nacionales e internacionales.
3. Educación y acceso: Invertir en infraestructura para reducir la brecha digital y aumentar el acceso a la educación dentro de las comunidades indígenas les permitiría interactuar de manera más efectiva con las plataformas globales.
4. Capacitación en sensibilidad cultural: para organizaciones como la CEPAL y otras involucradas en la gobernanza ambiental, la capacitación en sensibilidad cultural y los problemas específicos que enfrentan los pueblos indígenas puede mejorar las estrategias de participación y los resultados de las políticas.
5. Mecanismos de protección: Mecanismos más sólidos para proteger a los defensores del medio ambiente, respaldados por la supervisión internacional, podrían ayudar a reducir la impunidad con la que se llevan a cabo los ataques contra activistas.
La situación exige un cambio de gestos simbólicos a cambios estructurales genuinos que reconozcan y empoderen a las comunidades indígenas como socios iguales en la lucha por la justicia ambiental y social. Sin este cambio, el riesgo es que los compromisos internacionales sigan siendo sólo eso: compromisos en papel, con poco impacto sobre el terreno donde más se necesitan. Mientras América Latina continúa enfrentando degradación ambiental y agitación social, el papel de las comunidades indígenas como administradores de la tierra es más crítico que nunca. Es hora de que sus voces no sólo sean escuchadas sino prestadas.
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