Colombia apuesta por drones para fumigar coca sin afectar a las comunidades
Colombia reanudará la erradicación de cultivos de coca utilizando drones que esparcen glifosato, un cambio impulsado por la producción récord de cocaína y la presión del gobierno de Trump. Las autoridades prometen mayor precisión, menos contaminación y mayor seguridad para las tropas, pero los medios de vida campesinos y los ecosistemas siguen en la mira.
De aviones a precisión
Para las familias que viven donde se cultiva la coca, la guerra contra las drogas llega como una interrupción: un campo marcado para la destrucción, un retén que detiene el comercio, un grupo armado que exige obediencia. El lunes, el gobierno anunció que reiniciará la fumigación de cultivos de coca con herbicida, utilizando drones en lugar de aviones. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, en declaraciones recogidas por The Associated Press, dijo que la acción está aprobada y comenzará el jueves, dirigida a zonas donde bandas y grupos rebeldes obligan a los campesinos a sembrar coca, la principal fuente de cocaína.
La medida busca reducir el peligro para los equipos de erradicación. Tras la suspensión de la fumigación aérea en Colombia, se ampliaron las campañas de erradicación manual realizadas por soldados. Pero la coca se expandió a zonas remotas defendidas por grupos armados y, en algunos lugares, rodeadas de minas terrestres. “Nuestras fuerzas de seguridad estarán más seguras”, dijo Idárraga, describiendo los drones como una forma de mantener a las tropas más alejadas de emboscadas.
La larga sombra del glifosato
El glifosato regresa con antecedentes. La fumigación aérea fue prohibida en 2015 después de que la Organización Mundial de la Salud incluyera el glifosato en una lista de posibles carcinógenos. Activistas ambientales advirtieron que los aviones fumigadores—a menudo operados por contratistas estadounidenses—arrojaban químicos más allá de los cultivos de coca, afectando cultivos legales y arroyos, y exponiendo a los habitantes a agua contaminada.
El plan con drones promete un impacto más limitado. Idárraga dijo que los drones volarán a no más de 1,5 metros (5 pies) de sus objetivos para evitar que fuentes de agua y cultivos legales sean fumigados. Un solo dron, agregó, puede erradicar aproximadamente una hectárea cada 30 minutos. “Este es un método controlado y eficiente”, afirmó, agregando que “mitiga los riesgos ambientales”, según The Associated Press.
Sin embargo, la “precisión” aún puede percibirse como castigo cuando la pobreza es el contexto. La coca persiste porque los mercados legales están lejos y el crédito es escaso, y en muchos lugares los grupos armados imponen las reglas. Estudios en el International Journal of Drug Policy y World Development han descrito cómo la erradicación puede desplazar el cultivo a nuevas zonas si no se acompaña de alternativas rurales reales, el llamado “efecto globo”. Debates en Environmental Health Perspectives también muestran cómo el temor al riesgo químico puede endurecer la desconfianza cuando las instituciones ya se sienten ausentes.
Presión de Washington y presión interna
La urgencia está impulsada por la magnitud. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que en 2024 hasta 261.000 hectáreas (alrededor de 645.000 acres) en Colombia estaban sembradas con coca, casi el doble de lo plantado en 2016. Estos niveles récord han agudizado las tensiones con el gobierno de Trump, que ha criticado la suspensión de la fumigación en 2015 y ha acusado al presidente Gustavo Petro de no hacer lo suficiente para frenar la producción de cocaína.
En septiembre, Washington incluyó a Colombia en una lista de países que no cooperan en la lucha antidrogas por primera vez en casi 30 años, poniendo en riesgo millones de dólares en cooperación militar y económica. En octubre, Estados Unidos impuso sanciones a Petro, acusándolo de permitir que “los cárteles de la droga prosperen” en el país. Más recientemente, Estados Unidos amenazó con autorizar ataques terrestres contra traficantes en Colombia, un lenguaje que genera incomodidad en toda América Latina.
La idea de los drones fue planteada por primera vez en 2018 bajo el gobierno del presidente derechista Iván Duque, pero luego se retrasó por falta de consenso entre agencias y el parlamento. Petro inicialmente rechazó la fumigación y la erradicación forzada, diciendo que el Estado no debe castigar a campesinos empobrecidos que carecen de alternativas legales. Este año, su gobierno adoptó una postura más agresiva a medida que grupos rebeldes financiados por el narcotráfico ilegal, y reacios a firmar acuerdos de paz, intensificaron los ataques en ciudades colombianas.
Petro ha negado vehementemente las acusaciones de Estados Unidos, asegurando que las fuerzas de seguridad colombianas están interceptando envíos récord de cocaína incluso cuando el país produce cantidades récord de la droga. Los drones pueden ayudar al Estado a fumigar con mayor precisión y medir resultados más rápido. Pero en el campo, la legitimidad se mide de otra manera: si un niño puede beber de un arroyo sin miedo, si una familia puede vender una cosecha legal sin pagarle a un hombre armado, si el gobierno llega con caminos y crédito antes de llegar con químicos.
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