Por fin un país investiga la obsolescencia programada
Francia investiga a la empresa Epson por alterar sus productos para que duren menos
La obsolescencia programada se convirtió en un tema de discusión desde que Apple admitió que ralentizan voluntariamente los antiguos modelos del iPhone. Ahora Francia decidió abrir una investigación judicial por obsolescencia programada contra el fabricante japonés de impresoras Epson, siendo la primera investigación de este tipo en el país europeo.
La investigación contra Epson abrió el 24 de noviembre en la fiscalía de Nanterre luego de denuncias hechas el 26 de septiembre por la asociación Halte à l’obsolescence programmée (HOP) (Alto a la obsolescencia programada, en castellano). La denuncia por parte del HOP describe “técnicas” para obligar a los consumidores a volver a comprar cartuchos de tinta, en especial “el bloqueo de las impresiones con la excusa de que los cartuchos se habría quedado vacíos cuando aún les queda tinta”.
Al cabo de un tiempo también se señalaba erróneamente que las “almohadillas absorbentes de tinta” llegaban “al final de vida útil”. “El precio de la reparación y del cambio de la almohadilla absorbente de tinta de una impresora Epson equivale más o menos al precio de compra de una impresora nueva”, “el cliente no se siente animado a repararla sino a comprar una nueva”, se expone en la denuncia.
Mediante miles de denuncias de clientes en internet, HOP afirma que la empresa japonesa altera sus productos para que duren menos y que los clientes se vean obligados a cambiarlos rápidamente. “Es una muy buena noticia, por primera vez en Francia y, por lo que sabemos en el mundo, las autoridades judiciales de un país se encargan de un caso de obsolescencia programada”. Declaró a la AFP Emile Meunier, abogado de la asociación HOP.
La denuncia por parte de HOP citaba varios grupos como la estadounidense HP Inc., los japoneses Canon, Brother y en especial Epson. En una nueva demanda presentada por la asociación HOP se abre el caso de obsolescencia programada contra Apple a raíz de las declaraciones de la firma de Cupertino sobre el ralentizamiento intencionado del iPhone de versiones pasadas. La asociación consideró que Apple “estableció una estrategia global de obsolescencia programada con el objetivo de aumentar sus ventas” y que, por lo tanto, la empresa puede ser demandada por los teléfonos que vendió en Francia.
En teoría, la ley francesa sanciona desde agosto de 2015 la obsolescencia programada, que según el texto “se define por el conjunto de técnicas a través de las cuales un fabricante pretende reducir deliberadamente la vida útil de un producto para aumentar la tasa de reemplazo”. La obsolescencia programada se castiga con una pena de dos años de cárcel y con 300.000 euros de multa, que puede llegar al 5% de los ingresos medios anuales.
La obsolescencia programada es el nuevo motor de la aceleración del consumo ilimitado de lo innecesario, convirtiéndose así en fuente de problemas ambientales. Si efectivamente la obsolescencia programada pierde fuerza se abre un nuevo panorama para el consumo responsable y sostenible, una superación de pobreza que duplique el daño ambiental sino que se basa en formas de consumo con lógica de durabilidad y reutilización.
Latin American Post | Diana Ramos
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