El imperio de la ley y la realidad de la improvisación

El abogado de Zapata argumentó en el tribunal que resultaba inusual que los fiscales persiguieran a alguien que había arriesgado su vida ayudando a las autoridades estadounidenses a combatir carteles violentos, por un delito que ni siquiera sabía que estaba cometiendo. Señaló que los informantes no utilizan los mismos formularios que los contratistas comunes para reportar ingresos.

“No sabes lo que debes. Firmas un papel por dinero. No recibes recibos”.

Esa defensa es reveladora, incluso si no se acepta completamente. Porque, de ser cierta, sugiere un sistema de justicia que depende de la informalidad mientras pretende operar bajo reglas impecables.

Un lavador de dinero profesional es pagado con millones por la DEA, firma por dinero sin documentación convencional, participa en operaciones encubiertas a través de fronteras y luego el sistema se sorprende de que el cumplimiento tributario no haya surgido de ese entorno con orden administrativo perfecto.

Esto no es solo hipocresía. Es un modelo de aplicación de la ley basado en la improvisación, la cercanía y el compromiso moral.

El reportaje de AP lo expone con crudeza. Zapata trabajó estrechamente con José Irizarry, un exagente de la DEA que cumple una condena de 12 años por desviar millones de operaciones contra el lavado de dinero para financiar viajes de lujo, autos deportivos y fiestas desmedidas. Bajo la cobertura de estas operaciones, Zapata y los agentes recorrieron el mundo.

Un chat secreto de WhatsApp describía excesos en tres continentes. Según las acusaciones, Zapata consiguió prostitutas, ayudó al llamado “Team America” a salir de problemas y, de acuerdo con Irizarry, devolvió parte del dinero que recibía como informante. Irizarry recordó una noche en la que Zapata llevó 40.000 dólares en efectivo en una bolsa, dinero que luego se utilizó para comprar un anillo de Tiffany.

Además, Zapata habría actuado como intermediario en pagos provenientes de Diego Marín, conocido como el “zar del contrabando”, también exinformante de la DEA, arrestado posteriormente en España en el marco de una investigación por corrupción en Colombia.

Al leer esto con detenimiento, se derrumba una vieja narrativa. Ya no se trata de la imagen de una superpotencia distante y disciplinada que exporta el Estado de derecho. Lo que aparece es algo mucho más complejo y familiar para América Latina: un mundo gris donde informantes, agentes, fiscales y criminales operan demasiado cerca unos de otros; donde el vicio y la ley comparten espacios; y donde la legalidad parece más una herramienta aplicada de forma desigual que un principio firme.

Esto importa porque Estados Unidos ha pedido durante décadas a América Latina que confíe en su severidad: confiar en las extradiciones, en las acusaciones, en la cooperación, en sus lecciones.

Pero la severidad sin coherencia no es justicia. Es espectáculo. Y en este caso, el impacto es mayor porque uno de los protagonistas es un colombiano que operaba dentro de un sistema estadounidense que aún pretende hablar con autoridad moral sobre el crimen en la región.

Lo que América Latina escuchará en este caso

En América Latina, este caso no se interpretará solo como la suerte de un individuo. Será visto como una advertencia sobre los límites del castigo como espectáculo.

Durante décadas, la región ha vivido bajo la lógica de la guerra contra las drogas, donde castigos más duros, operativos más visibles y mayor alineación con Estados Unidos se consideraban pruebas de seriedad.

Sin embargo, este caso muestra que incluso los sistemas más poderosos pueden depender de intermediarios éticamente comprometidos y luego tener dificultades para sancionarlos de manera convincente.

Esto envía dos mensajes preocupantes.

Primero, debilita la idea de que la dureza por sí sola puede resolver economías criminales. Zapata no estaba fuera del sistema: estuvo dentro durante años. Fue pagado, protegido, utilizado y recompensado.

Si millones pueden circular en ese entorno mientras se desarrollan excesos, fiestas y acuerdos cuestionables, queda claro que la severidad no basta. Un sistema puede ser duro en el papel y, aun así, permeable en la práctica. América Latina ya ha visto esto antes: Estados que castigan con fuerza, pero fallan en integridad.

Segundo, sugiere que colaborar con las autoridades estadounidenses no necesariamente eleva los estándares éticos, sino que puede arrastrar a una zona gris más amplia.

Países como Colombia y Perú han estado estrechamente vinculados a las políticas antidrogas de Washington. La promesa era clara: alinearse con Estados Unidos significaba ingresar a un sistema legal más riguroso.

Pero este caso muestra algo distinto. A veces, el informante no entra en un sistema limpio. Entra en un espacio más complejo, con mejores recursos, pero no necesariamente con mejores principios.

Durante la audiencia, Zapata dijo: “He aprendido la lección”. Tal vez sea cierto.

Pero la lección más importante no está en él.

América Latina debería ver este caso y cuestionar la vieja idea de que la solución está en copiar la severidad sin examinar sus fallas internas.

Si la justicia es selectiva, cercana al poder y flexible para ciertos actores, entonces no importa cuántos años indiquen las sentencias.

El problema sigue siendo el mismo.

Y quizás esa sea la conclusión más inquietante: no que un informante colombiano haya evitado la prisión, sino que la imagen de la justicia estadounidense como un modelo sólido e incorruptible empieza a parecer menos una realidad y más un mito.

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