Panamá envía a mujeres encarceladas a limpiar calles mientras se agrava la crisis de basura

En San Miguelito, la basura se ha convertido en una geografía cotidiana: amontonada en las aceras, incrustada en las alcantarillas, desplazándose hacia los ríos y el mar. Ahora Panamá prueba una respuesta inusual: mujeres encarceladas barriendo las calles a cambio de un día de libertad y un día menos tras las rejas.

Setenta camisas azules salen por unas horas

Antes del amanecer en el Centro Penitenciario Femenino de Panamá, se forma una fila con ese tipo de emoción nerviosa que rara vez existe en la rutina carcelaria. Solo setenta mujeres de casi setecientas cambian la habitual camiseta blanca por una azul. Les entregan una escoba y un recogedor, y para algunas es la primera vez en años que saldrán del recinto—aunque solo sea por unas horas, bajo supervisión y para hacer un trabajo del que la mayoría de la gente aparta la mirada.

El incentivo es claro y práctico: una reducción de condena que resta un día de encierro por cada dos días trabajados. Mientras el autobús avanza hacia el primer punto de limpieza en San Miguelito, cantan, bromean y—en silencio—empiezan a imaginar lo que vendrá después de la libertad. En ese pequeño espacio entre las puertas de la prisión y las calles de la ciudad, la crisis de residuos del país deja de ser un debate de políticas. Se vuelve algo íntimo: tiempo, respiración, movimiento, la simple posibilidad de estar afuera.

San Miguelito, en la periferia de la capital, es un lugar difícil para ensayar cualquier experimento cívico. Es densamente poblado y estructuralmente abandonado, un distrito marcado por la pobreza, la alta criminalidad y una larga acumulación de servicios rotos. Durante años, montañas de basura se han acumulado a lo largo de las vías principales y los senderos, convirtiendo el espacio público en un riesgo para la salud. El olor no es lo peor. Es el mensaje que transmite: que algunos barrios deben vivir entre los restos de los demás.

“Nos hemos encontrado con demasiada basura. Estamos aquí para apoyar y para que podamos ver un lugar más limpio y mejor. Le pido a la comunidad de San Miguelito que, por favor, tengamos conciencia; es necesario que mantengamos más limpio el lugar donde vivimos para gozar de buena salud”, dijo Otis Puertas, una de las mujeres privadas de libertad, describiendo tanto el volumen de residuos como la esperanza de dejar las calles más limpias de lo que las encontraron, contó a EFE.

Un plan nacido del colapso y de un contrato roto

La operación es nueva y nace de una ruptura. Las autoridades dicen que el operativo de limpieza en San Miguelito comenzó el diecinueve de enero, desplegando volquetes, retroexcavadoras y compactadoras—maquinaria pesada para un problema que se había vuelto demasiado grande para la recolección ordinaria. Junto a las setenta mujeres privadas de libertad, veinticinco hombres encarcelados se sumaron al esfuerzo, según información oficial. El momento es clave: el plan se intensificó tras la salida de la empresa que tenía la concesión de recolección de basura durante veinticinco años, lo que provocó una carrera urgente para evitar que los residuos se apoderaran del espacio público.

En un solo día de limpieza, las autoridades recogieron 300 toneladas de residuos en un distrito de aproximadamente 280,000 personas, distribuidas en 50 kilómetros cuadrados. Las cifras parecen un titular, pero en el terreno se traducen en una imagen brutal: basura que lleva meses acumulada, rota por la lluvia, los animales y los pasos.

“Encontramos un distrito a punto de colapsar, inmerso en desechos acumulados durante meses,” dijo Ovil Moreno, administrador de la Autoridad de Aseo, describiendo un barrio llevado al límite por un servicio que falló durante demasiado tiempo, contó a EFE.

Ese colapso no se limita a San Miguelito. Panamá, con unos 4.2 millones de habitantes, genera 4,372 toneladas de residuos cada día. Las autoridades dicen que se recoge el 57.8%, mientras que el resto—alrededor de 2,500 toneladas—termina en ríos, el mar u otros entornos. Es una fuga nacional, no solo un fracaso municipal: una salida constante de plásticos, residuos orgánicos y escombros hacia ecosistemas que no pueden digerirlos.

Vertederos abiertos, vecinos indígenas y un desastre politizado

Lo que se recoge a menudo termina en uno de los 60 vertederos a cielo abierto del país, incluido Cerro Patacón, el mayor relleno sanitario que sirve a la capital. Debajo de ese vertedero vive una comunidad indígena, expuesta a la violencia lenta de los residuos modernos: líquidos que se filtran hacia abajo, humo y gases tóxicos de incendios que han azotado la zona en los últimos años, y las consecuencias de salud a largo plazo que suelen llegar en silencio y quedarse.

Moreno dice que el gobierno está comenzando un plan para eliminar los vertederos a cielo abierto porque los residuos mal gestionados viajan—hacia los cursos de agua y luego al océano, donde se convierten tanto en contaminación como en una vergüenza nacional. “Estamos empezando un plan para eliminar esos vertederos a cielo abierto, que tienen una muy mala disposición, porque esos desperdicios van a los mares y contaminan”, dijo, hablando desde San Miguelito mientras excavadoras levantaban basura en remolques que se llenaban y volvían una y otra vez, contó a EFE.

El problema de fondo es que Panamá—uno de los países de la región que más residuos genera por persona—tiene una capacidad de reciclaje limitada. El Ministerio de Ambiente estima que menos del 10% de los residuos se reutilizan, citando infraestructura débil, poca separación y escasa conciencia ambiental. En la práctica, eso significa que el sistema está diseñado para desechar, no para recuperar. Trata la basura como algo que hay que ocultar, no gestionar.

Y luego está la política. El sistema de recolección de residuos—en parte manejado por empresas privadas, con el reciclaje completamente en manos privadas—ha producido lo que políticos, líderes sociales y ambientalistas describen como una crisis politizada. San Miguelito ilustra esa fricción: el gobierno nacional intervino para tomar el control de la recolección tras la salida de la concesionaria, aunque el gobierno municipal del distrito ya tenía su propio plan para enfrentar la emergencia. Quién tiene la autoridad sobre la basura nunca es solo un tema de saneamiento. Es cuestión de presupuestos, contratos y el poder de decidir qué calles importan.

Incluso Rubén Blades, el cantautor panameño, reflejó el conflicto en su blog personal, escribiendo que ahora ve el enredo formado por la mala o inexistente recolección de basura en San Miguelito. Cómo el tema ha sido “politizado”, un eufemismo, sugirió, para referirse a quién se beneficia del negocio de los residuos, según EFE.

Mientras tanto, las mujeres de azul siguen barriendo entre vidrios, bolsas rotas y cuervos que rodean pequeños montones que se repiten en cada esquina. Su trabajo ofrece a la ciudad una superficie limpia, aunque sea temporal. Pero su presencia también plantea una pregunta más compleja: si un distrito puede llegar al borde del colapso antes de que el Estado responda, ¿qué es exactamente lo que se está castigando—y quién ha estado viviendo, durante años, dentro de la condena?

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