América Latina ve un auge en presupuestos militares a pesar de las tensiones

Un nuevo informe muestra un gran aumento en el gasto militar en toda América Latina. Especialmente en Centroamérica, el monto destinado a defensa creció más de un treinta por ciento. Por ejemplo, los líderes regionales mencionaron el crimen, las amenazas guerrilleras y los cambios en las tensiones globales como razones de este crecimiento.
Un repunte en todo el continente americano
Un estudio reciente sobre los gastos de defensa a nivel mundial, realizado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), encontró que los países de América gastaron colectivamente 1.1 billones de dólares en presupuestos militares, lo que representa un aumento del 5.8 % con respecto al año anterior. Casi el 90 % de ese total correspondió a Estados Unidos, consolidando su posición como el mayor gastador militar del mundo. Sin embargo, más allá de esas cifras generales, América Latina destaca: los países centroamericanos registraron un asombroso incremento del 31 % en sus presupuestos en comparación con el periodo anterior, mientras que el gasto total en Sudamérica se mantuvo estable, rondando los 53.6 mil millones de dólares.
El impulso más fuerte provino de México, que experimentó un aumento del 39 % en sus desembolsos, subiendo dos posiciones en el ranking global hasta el puesto 22. Las autoridades señalan una financiación robusta para la Guardia Nacional y las fuerzas navales como respuesta al crimen organizado. Al mismo tiempo, Guatemala, el vecino del sur de México, mostró aumentos moderados mientras su liderazgo enfrentaba la actividad de pandillas transfronterizas y el contrabando. Pero el foco sigue en el drástico aumento de México, resultado de desafíos de seguridad persistentes y un renovado impulso gubernamental para fortalecer la vigilancia policial y costera.
Por su parte, los gastos de Sudamérica permanecieron prácticamente sin cambios—con una leve caída de una décima de punto porcentual. No obstante, dentro de esa aparente estabilidad hay detalles importantes. Brasil sigue siendo el país con mayor gasto en la región, invirtiendo 20.9 mil millones de dólares, una ligera disminución respecto al año anterior. Mientras tanto, Colombia aumentó su presupuesto de defensa a 15.1 mil millones, el mayor incremento en una década, principalmente para contrarrestar las facciones guerrilleras residuales en el suroeste del país.
El salto de México y las presiones regionales
Analistas señalan que el aumento en México revela las presiones únicas que moldean las estrategias de seguridad en partes de América Latina. Los líderes subrayan que, ante redes criminales que abarcan el narcotráfico y el tráfico de personas, las herramientas policiales convencionales resultan insuficientes. La integración de tecnología avanzada—como drones marítimos y equipos de inteligencia—demanda presupuestos de defensa más elevados. Las autoridades explican los costos. Los críticos expresan preocupación por el aumento de la militarización. En el pasado, ciertos países centroamericanos usaron la seguridad nacional como justificación para expandir sus fuerzas armadas. Esto, en ocasiones, afectó las libertades civiles. Observadores del tema destacan que mantener un equilibrio sensible es clave para conservar la supervisión democrática.
Las administraciones locales a lo largo del istmo enfrentan crecientes limitaciones de recursos. El Salvador actuó contra las pandillas, y dicha acción provocó un debate sobre si presupuestos de defensa más grandes favorecen el crecimiento económico. Honduras intenta controlar la violencia en ciertas zonas fronterizas. Parte de los fondos actuales se destinan a mejoras en balística y vigilancia. Cada aumento ilustra los complejos vínculos entre las acciones gubernamentales internas, los peligros del crimen transnacional y los cambios en las relaciones internacionales.
Sudamérica muestra su propio conjunto de dificultades a pesar de cifras generalmente estables. Argentina lidia con presiones monetarias que dificultan la adquisición de equipos de defensa de gran escala. Chile, conocido por una larga tradición de presupuestos de defensa relativamente robustos, ahora se enfoca en la modernización puntual de su equipamiento más que en una expansión amplia. En Perú, la inestabilidad política continúa poniendo a prueba si un mayor gasto militar realmente traerá estabilidad. Incluso Uruguay, visto típicamente como un país pacífico, invierte de manera incremental en ciberseguridad para enfrentar amenazas digitales emergentes.
Tendencias más amplias y el impacto global
El gasto en defensa en América Latina aumentó al mismo tiempo que se produjo un incremento global. La suma total destinada a armamento en todo el mundo alcanzó los 2.7 billones de dólares. Esto equivale a aproximadamente el 2.5 % del PIB mundial. También representa el mayor aumento desde el fin de la Guerra Fría. Las crecientes tensiones en Europa ayudaron a impulsar estos altos niveles. Los conflictos entre grandes potencias en esa zona fueron una de las principales causas. Aunque Estados Unidos y China dominan estas estadísticas, el crecimiento de América Latina es otro indicio clave de que ninguna región permanece ajena a las tendencias de militarización.
Algunas autoridades establecen una conexión entre estas expansiones locales y los cambios geopolíticos más amplios. Un mayor número de inversionistas extranjeros en minería o energía lleva a que los gobiernos refuercen puntos de control fronterizos, custodien activos o contengan desórdenes públicos. Disputas territoriales en la región, como la controversia entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, también impulsan mayores inversiones en armamento. En este contexto, el aumento anual del 78 % de Guyana—el mayor del mundo—proviene de crecientes incertidumbres en su frontera occidental.
Aun así, la complejidad de los datos lleva a los observadores a evitar ver al continente como uniformemente militarizado. Mientras algunos países aumentan significativamente sus presupuestos, otros los mantienen o incluso los reducen moderadamente. Las naciones más pequeñas a menudo carecen de medios financieros para realizar grandes inversiones, por lo que se enfocan en apoyos especializados provenientes de aliados. Incluso en economías sólidas, las duras realidades sociales impulsan el debate interno: ¿es mejor destinar los fondos al bienestar social o duplicar la inversión en armamento avanzado?
Para muchos ciudadanos comunes, estos aumentos millonarios generan escepticismo. En toda la región, los críticos se preguntan si tales desembolsos realmente mejoran la seguridad o simplemente benefician a grandes contratistas de defensa. Otros cuestionan si influencias externas—como acuerdos de armas con potencias extranjeras—eclipsan las prioridades nacionales. No obstante, el hecho es claro: nuevo equipamiento, desde drones de vigilancia hasta buques navales modernos, sigue llegando a las capitales de América Latina.
La situación financiera del área dependerá de futuras decisiones gubernamentales. ¿Los nuevos recursos de México reducirán las operaciones del narco, o generarán mayor brutalidad? ¿El aumento de fondos en Colombia ofrecerá negociaciones de paz sostenibles, o alimentará disputas internas? Con apenas recortes presupuestarios, ¿puede Brasil modificar su camino para asegurar su posición en tecnología de defensa sofisticada? Por encima de todo, sigue abierta la pregunta de si las comunidades realmente se benefician de grandes presupuestos militares, especialmente cuando la desigualdad social o las crisis ambientales siguen sin resolverse.
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En definitiva, el aumento del 31 % en el gasto militar de Centroamérica—y la estabilidad en el sur—pone de relieve a un continente atrapado entre dilemas de seguridad interna y una ola global de armamentismo. Algunos piensan que este patrón continuará. El crimen se vuelve más complejo y las tensiones externas aumentan. Los países optan por fuerzas armadas más grandes como respuesta. En los próximos años, los presupuestos abiertos y un debate público sólido pueden volverse fundamentales. Esto puede ayudar a garantizar que los gobiernos no ignoren los problemas sociales al buscar estabilidad.