Mayores costos sobre el sistema de salud pública e informalidad son las consecuencias de la masiva migración venezolana  

Read in english: Colombia: Does the Venezuelan exodus produce more insecurity and unemployment?

El traslado de venezolanos ha generado mayor presión en el mercado laboral de Colombia, ha deteriorado la seguridad ciudadana y ha afectado el servicio de seguridad pública. La situación se vive con mayor incidencia en la frontera de Cúcuta.

El deterioro de las condiciones económicas de Venezuela, la inflación, la baja producción petrolera y el aumento de la pobreza son factores que inciden en la llegada de la diáspora venezolana hacia Colombia. Cúcuta es uno de los departamentos con mayor impacto de este fenómeno migratorio; tanto el desempleo como la informalidad están a la orden del día en este departamento.

El último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, Dane, reveló que el desempleo en Cúcuta, en febrero de 2018, llegó a 18,7% y la cifra nacional registró 10,8%. La ciudad fronteriza se ubicó en el primer lugar de las ciudades con mayor número de desempleados.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Carlos Luna, destacó que es fundamental elaborar una política socioeconómica más completa para la frontera colombiana, “además se requiere -en corto tiempo- dar respuesta a la situación que está viviendo la ciudad en los últimos años con la migración de venezolanos”, destacó.

El éxodo venezolano sigue desplazando la mano de obra, y además genera mayor informalidad laboral en Cúcuta y en Colombia.

Más inseguridad

Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones financieras, Anif -uno de los centros de pensamiento económicos más prestigiosos del país-, reveló que la migración venezolana también sigue trayendo consecuencias a Colombia en materia de seguridad.

“Son miles de personas que afectan el diario quehacer de muchas zonas fronterizas, instalándose en parques y andenes, deteriorando la seguridad y el tránsito ciudadano. Se tiene alguna evidencia de mayor reclutamiento de narcotraficantes y de la guerrilla del ELN ante esa necesitada población”, destacó en informe de Anif.

La situación de inseguridad también se evidencia en la encuesta de percepción “Cúcuta cómo vamos”, la cual destacó que uno de los problemas más graves de la ciudad es la percepción de mayor inseguridad.

En 2016, el 31% de los encuestados respondió que se sentían inseguros en la ciudad. En 2017, la cifra subió a 44%, destacó el coordinador de “Cúcuta como vamos” y profesor de la Universidad Libre, Mario Zambrano.

Impacto en la salud Pública

En materia de salud pública, también se observa que la masiva migración de venezolanos representa un costo para el fisco colombiano en términos de mayores requerimientos de servicios de salud. El informe destaca que el sobrecosto en materia de atención en salud sería de $72.000 millones de pesos colombianos al año.

En el informe, la Anif señaló que la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015) estableció la atención ilimitada en urgencias (sin la exigencia de un pago previo) y la atención integral (incluyendo provisión de medicamentos) cuando el paciente no esté en facultad de asumir los costos.

Ello significa que las Instituciones Públicas de Salud, IPS, están en la obligación de atender a los venezolanos que lleguen requiriendo servicios, así no puedan pagarlos.

En materia de salud, el organismo asegura que esa población de inmigrantes viene desnutrida, en malas condiciones y “proclive a enfermedades epidémicas”.

El Instituto Nacional de Salud de Colombia, INS, confirmó que en Colombia se registran cuatro casos de sarampión procedente de niños venezolanos.

Ante la preocupante situación, la Anif hace un llamado al gobierno colombiano para que centre su labor en la agilización de trámites migratorios (incentivando la formalización laboral), y en fortalecer la captación de personal a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, institución que capacita al ciudadano para insertarlo en el mercado laboral. Asimismo, piden que se reduzca el salario de contratación para este grupo poblacional por dos años.

Latin American Post | Cenay Sánchez
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