Crimen y ruina: los costos ocultos del oro sudamericano
La demanda de oro impulsa una economía subterránea en toda Sudamérica. Operaciones criminales asedian comunidades, desde las selvas peruanas devastadas por la deforestación hasta la Amazonía ecuatoriana sumida en el conflicto. Un alto precio del oro, al margen de la ley, cobra un costo mortal a medida que se incrementa la destrucción ambiental.
La expansión de la minería ilegal en Sudamérica
La minería ilegal de oro se ha convertido en una amenaza dominante para la seguridad, la gobernanza y el medioambiente en toda Sudamérica. Aunque la crisis es especialmente grave en Perú y Ecuador—donde regiones enteras están al borde del colapso institucional—otros países como Brasil, Colombia y Guatemala también enfrentan violencia, destrucción ambiental y un debilitamiento de la autoridad estatal. Solo Chile, gracias a sus sistemas regulatorios sólidos, ha logrado en gran medida mantenerse al margen de este embate ilícito.
El rápido aumento del precio del oro en los mercados globales atrae a grupos criminales organizados. Estos destruyen bosques, vierten mercurio en los ríos y aterrorizan a las poblaciones locales para apropiarse de una parte del lucrativo negocio. La escasa aplicación de la ley y la corrupción, combinadas con la pobreza en zonas rurales, agravan el problema. Esto empuja a los gobiernos al borde del colapso.
La crisis en Perú se agrava
La minería ilegal creció rápidamente en Perú, con consecuencias palpables en regiones como La Libertad y Madre de Dios. Un asesinato reciente en Pataz, donde murieron trece trabajadores de seguridad en una mina, evidencia la brutalidad de los métodos empleados por los grupos criminales para hacerse con el control. Desde febrero de 2024, La Libertad está en estado de emergencia, lo que refleja un aumento de violencia que supera la capacidad de respuesta de la policía local.
Al mismo tiempo, Madre de Dios, una región con alta incidencia de minería ilegal, ha perdido más de 100,000 hectáreas de bosque por deforestación. El mercurio, sustancia esencial en la extracción no regulada de oro, contamina ríos y suelos, causando daños graves a comunidades indígenas. Estas comunidades, a menudo sin acceso adecuado a atención médica, quedan expuestas al envenenamiento por mercurio y a sus secuelas permanentes. Los secuestros y la extorsión afectan a pequeños mineros y obreros, reflejando un colapso generalizado del orden legal en zonas donde el Estado casi no tiene presencia.
Las exportaciones ilegales de oro agravan esta situación. Cálculos precisos indican que el 44 % del oro ilegal que sale de Sudamérica proviene de Perú, superando con creces a otros países. En ausencia de controles eficaces, las mafias crean territorios bajo su dominio en áreas remotas. Allí controlan campamentos mineros sin regulación e infunden miedo en la población. Estas economías paralelas socavan la legitimidad del Estado, alimentan otras actividades criminales y rompen el tejido social en comunidades antes pacíficas.
Ecuador al borde del abismo
Al sur de la frontera peruana, Ecuador experimenta un alarmante auge de la minería ilegal. Regiones como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez se han convertido en epicentros de una violenta disputa entre grupos como Los Lobos, Los Choneros y disidentes de las FARC. Las autoridades nacionales se ven frecuentemente superadas por estas facciones bien armadas, que tratan las zonas ricas en minerales como feudos propios.
Un reciente ataque de los Comandos de la Frontera que dejó once soldados muertos en la Amazonía dejó en evidencia la peligrosidad de estos grupos. El presidente Daniel Noboa respondió declarando el estado de excepción en varios municipios y en la provincia de Orellana, suspendiendo derechos constitucionales para permitir una respuesta policial y militar más agresiva. Sin embargo, el avance es lento y el daño ambiental continúa: solo en Alto Punino se han destruido unas 1,500 hectáreas de bosque desde 2019.
La gobernanza local también ha sido atacada. Los alcaldes de Camilo Ponce Enríquez y Portovelo murieron en 2024, lo que demuestra que los sindicatos criminales eliminan a funcionarios que interfieren con sus ganancias. A través de la infiltración de estructuras de poder regional, utilizan vacíos legales para bloquear cualquier intento de supervisión real. Mientras tanto, las comunidades indígenas y rurales deben enfrentarse solas a aguas contaminadas y a la amenaza constante de violencia armada.
Devastación regional en Brasil, Bolivia y Colombia
Más allá de Perú y Ecuador, la minería ilegal de oro causa estragos en otras partes de Sudamérica. En Brasil, el fenómeno del narcogarimpo ha llevado a las facciones criminales más notorias del país, como el PCC (Primer Comando de la Capital) y el CV (Comando Vermelho), al corazón de la Amazonía. Blanquean dinero del narcotráfico a través de la minería, establecen enclaves en zonas selváticas remotas y cometen violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas como los yanomami.
En 2024 se desató una crisis humanitaria en Roraima, donde 337 yanomamis murieron por enfermedades prevenibles como malaria y desnutrición, agravadas por el colapso del sistema de salud local. Aunque el gobierno brasileño lanzó más de 3,000 operativos para desalojar a los mineros ilegales, la influencia profundamente arraigada de las bandas criminales hace que una solución duradera sea extremadamente difícil.
En Bolivia, los ríos amazónicos también son escenario de minería no regulada. Grupos criminales operan en zonas de gran biodiversidad como el Parque Nacional Madidi y en territorios indígenas, contaminando los ríos con mercurio. Un preocupante 74 % de los habitantes presenta niveles de mercurio superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esta contaminación daña profundamente la vida comunitaria: el pescado, alimento básico, ya no es seguro. Los problemas de salud, las tensiones sociales y la precariedad económica se agravan. El trabajo infantil y la explotación sexual empeoran aún más la situación.
Mientras tanto, Colombia enfrenta un complejo entramado de guerrillas, paramilitares y cárteles del crimen organizado—como el ELN, disidentes de las FARC y el Clan del Golfo—que luchan por el control del oro ilegal. Más del 70 % de la producción de oro aluvial del país se considera ilícita. Con el alza en los precios del oro, las poblaciones locales en regiones como Chocó, Antioquia y Nariño sufren desplazamientos, contaminación y violencia. La combinación de extorsión, lavado de dinero y control territorial revela cómo estas redes criminales han construido sistemas complejos y arraigados que resisten toda forma de desmantelamiento.
Aunque en menor escala, Guatemala ha registrado un aumento en la minería no autorizada. En 2023 se reportaron 105 casos de operaciones sin los permisos requeridos, según documentos oficiales. La mayoría ocurrió en el centro y occidente del país. La escasez de recursos para hacer cumplir la legislación ambiental y la impunidad de los infractores colocan a Guatemala en riesgo de enfrentar una crisis muy seria.
La excepción chilena
Chile representa una excepción ante esta inestabilidad regional. Su sector minero, que representa el 12 % del PIB, está regido por normas estrictas. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) lleva a cabo inspecciones exhaustivas y cuenta con un sistema completo de trazabilidad, lo que dificulta el paso inadvertido de oro ilegal. Los casos de minería no autorizada son escasos, y cuando ocurren, suelen estar relacionados con robos en minas legales, no con operaciones clandestinas a gran escala.
El enfoque institucional chileno también incluye tarifas reducidas para pequeños mineros, lo cual incentiva la legalidad y reduce el atractivo de operar en la clandestinidad. Los controles a las exportaciones y los trámites administrativos disuaden la infiltración criminal. La estabilidad de este marco refleja una gobernanza coordinada, aplicación vigorosa de políticas y supervisión transparente, elementos clave para frenar la minería ilícita en una región asediada por esta actividad.
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Desde los Andes nevados del sur hasta la exuberante cuenca amazónica del norte, Sudamérica presenta un contraste marcado entre países desbordados por la minería ilegal y un caso solitario de éxito: Chile. Con los precios del oro en alza a nivel mundial, las apuestas para las comunidades, los gobiernos y los ecosistemas no hacen más que crecer. Sin esfuerzos coordinados a nivel regional para combatir y desmantelar las redes criminales, el costo—humano, ambiental y económico—podría volverse irreparable.
