Decreto fiscal colombiano desata rechazo y agita ansiedad económica

El Ministerio de Hacienda de Colombia ha ordenado a empresas y profesionales con altos ingresos que paguen por adelantado el impuesto sobre la renta del próximo año: dinero en efectivo que el gobierno quiere tener en sus arcas antes de septiembre. Las autoridades aseguran que la medida ayudará a cerrar un déficit fiscal abismal, pero los empresarios advierten que podría agotar el capital de trabajo y enfriar la inversión.

Un llamado a la puerta, con meses de anticipación

Las primeras notificaciones llegaron a los correos electrónicos como lo haría una carta de auditoría inesperada: corteses pero inquietantes. Explicaban que la factura tributaria de enero debía saldarse en junio. Los contadores corrieron por sus calculadoras y los exportadores llamaron a los bancos en busca de crédito de emergencia.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó el decreto como una medida de urgencia, apenas unas semanas después de asumir el cargo. Dijo que el déficit podría alcanzar el 7 % del PIB en diciembre sin nuevos ingresos, lo que inquietaría a las agencias calificadoras de riesgo que ya miran con recelo las cuentas del país. “Elegimos el camino menos doloroso”, insistió Ávila en una entrevista radial. “Paguen ahora, eviten recortes más profundos después”.

Pero la memoria política es corta. El año pasado, el presidente Gustavo Petro condenó una orden similar de pago anticipado como un “error administrativo”. Con la caída de las regalías petroleras y la suspensión de una línea de crédito del FMI, el gobierno ha retomado la táctica—esta vez a una escala mayor. Los críticos murmuran que un error repetido se convierte en hábito.

Liquidez exprimida, ánimos crispados

En una planta de impresión en Bogotá, la empresaria Daniela Jaramillo pasa junto a prensas inactivas. El precio del papel ha subido, las tasas de interés rondan el 18 %, y el Estado quiere cobrar hoy los impuestos del próximo año. “Me están pidiendo construir un puente con la madera del piso”, dice, entre broma y temor. Tiene setenta trabajadores en nómina y un catálogo navideño que debe entregar en agosto. “Si le doy ese dinero a Hacienda, paro las máquinas. Si no lo hago, las multas me entierran después”.

Economistas de la Universidad del Rosario comparten su preocupación. Extraer efectivo de las empresas a mitad de año, advierten, congela expansiones, deja a proveedores sin pago y hace desaparecer los planes de contratación. Algunas compañías trasladarán el golpe a los consumidores, empujando los precios justo cuando la inflación empieza a ceder. Otras, especialmente pequeños productores en las zonas cafeteras, podrían replegarse hacia la economía informal, escapando de un sistema que consideran impredecible.

El decreto golpea con más fuerza a las industrias extractivas: las empresas de gas, carbón y metales preciosos deben adelantar el 4,5 % de sus ingresos brutos; las petroleras, el 2,7 %. Abogados del gobierno defienden la escala—“Esos sectores obtuvieron ganancias extraordinarias”, alegan—pero las firmas exploradoras advierten que se postergarán perforaciones y se reducirán las regalías el próximo año. “Solo se puede esquilar la oveja una vez”, dice con sorna un cabildero del sector. “Si lo haces temprano, el invierno nos encontrará a todos con frío”.

Política del parche y el costo de la demora

La coalición de Petro celebra la medida como una muestra de responsabilidad fiscal: se mantienen los presupuestos sociales, las obras públicas siguen echando cemento y—quizás—se pospone una degradación crediticia. Pero los legisladores de oposición huelen a pánico. El congresista Juan Pablo Rico califica la orden como una “austeridad encubierta”, diciendo que el gobierno disfraza carencias futuras saqueando los ingresos del mañana.

La tensión más profunda es de confianza. La repetición de medidas puntuales sugiere que reformas estructurales—una reforma tributaria integral, disciplina del gasto—se siguen aplazando indefinidamente. Los inversionistas recuerdan que Argentina recurrió a adelantos fiscales antes de cada una de sus crisis de deuda; Brasil lo intentó en los años 90, perdiendo credibilidad cuando su crecimiento se estancó. “Los gobiernos creen que ganan tiempo”, dice un analista sénior de un banco internacional, “pero los mercados registran la maniobra como una confesión: la despensa está vacía”.

Dentro del gabinete, algunos asesores habrían propuesto un impuesto más acotado, acompañado de recortes explícitos en el gasto. Petro rechazó ese camino—los programas sociales son su marca política. Ahora los analistas se preguntan si podrá sostener al mismo tiempo la generosidad y la solvencia. Si los ingresos del próximo año llegan anticipadamente, el presupuesto de 2025 comenzará con el agujero que tapó el parche de hoy. ¿Otro decreto entonces? Los críticos temen que el ciclo se repita hasta que el Congreso se rebele o los prestamistas cierren la puerta.

El camino tras el arreglo rápido

Por ahora, el decreto sigue vigente. Las empresas deberán transferir sus pagos en tres cuotas a partir del próximo mes. Hacienda proyecta una entrada de 13 billones de pesos—lo suficiente para calmar a los operadores de bonos. Si calmará a los empresarios es otra historia.

Las federaciones empresariales piden claridad: ¿se trata de una política excepcional o se convertirá en costumbre? El texto del decreto habla de temporalidad, pero la historia enseña que los impuestos temporales echan raíces. Las cooperativas rurales piden exenciones, argumentando que los productores de café y cacao operan con márgenes mínimos. El Ministerio de Hacienda ofrece alivios simbólicos—plazos extendidos para microempresas—pero poco dinero llega sin pruebas burocráticas que pocos pequeños agricultores pueden reunir.

Colombia no es el único país que lidia con déficits pospandemia y el enfriamiento del auge de materias primas. Chile ajusta regalías del litio; Perú contempla retiros de fondos de pensiones. Pero la decisión colombiana de recaudar hoy los pesos de mañana se percibe especialmente arriesgada porque se apoya en una cultura tributaria aún frágil. Si se presiona demasiado a las empresas, advierten los economistas, el comercio informal—ya un tercio de la economía—crecerá. Justo cuando el Estado más necesita su red fiscal, esta podría romperse.

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El otoño revelará si la apuesta dio frutos. Si las agencias calificadoras no actúan y el crecimiento no se estanca, Ávila podrá reclamar una victoria táctica. Pero cada contador, cada gerente de fábrica y cada caficultor recordará el verano en que el recaudador tocó temprano a la puerta. El año próximo, cuando vuelva a abrirse otro hueco, convencerlos de que “solo un adelanto más” no hará daño podría ser una venta mucho más difícil.