Ecuador en una encrucijada: cómo los migrantes podrían reconstruir la seguridad y la prosperidad
Ecuador enfrenta una violencia récord, un crecimiento económico débil y la fuga constante de su talento joven. Sin embargo, dentro de estas crisis yace un recurso ignorado: cerca de medio millón de migrantes venezolanos que, si fueran regularizados, podrían ayudar a reforzar la seguridad, reactivar el crecimiento y ampliar los ingresos fiscales.
Una crisis medida en cifras
El presidente Daniel Noboa inicia su primer mandato completo enfrentando problemas que pondrían a prueba incluso a la mano más firme. Los homicidios se han disparado a niveles antes inimaginables en Ecuador, rivalizando con algunos de los puntos más violentos del hemisferio. Las bandas locales, enriquecidas por las ganancias del narcotráfico y envalentonadas por instituciones débiles, actúan con la arrogancia de autoridades paralelas. Las fuerzas policiales parecen desbordadas, las redes de inteligencia están deterioradas y antiguas ciudades portuarias orgullosas ahora tiemblan bajo toques de queda impuestos por criminales, no por el Estado.
La economía cuenta una historia igualmente sombría. En la última década, el crecimiento del PIB ha promediado apenas 1,5 %, demasiado lento para crear empleos que acompañen al crecimiento poblacional y demasiado débil para evitar que los profesionales se marchen. Los jóvenes ecuatorianos, especialmente aquellos con títulos universitarios, emigran a un ritmo alarmante, drenando las habilidades que la economía necesita para recuperarse. La pobreza persiste con terquedad, la confianza de los inversionistas vacila y la fe pública en las instituciones es frágil. La promesa de orden y oportunidad —los dos pilares del mandato electoral de Noboa— luce endeble incluso antes de que su gobierno se consolide.
Y sin embargo, dentro de la crisis existe un recurso a plena vista. Casi 450.000 venezolanos viven hoy en Ecuador, una población equivalente a alrededor del 3 % del país. Más grande que la diáspora colombiana, su presencia a menudo es malinterpretada. Como su llegada coincidió con el colapso de la seguridad en Ecuador, se les ha convertido en chivos expiatorios, con sus imágenes circulando en fichas policiales y memes. Pero los datos cuentan otra historia: el crimen organizado en Ecuador está impulsado por bandas locales arraigadas, no por familias recién llegadas. Los migrantes no son los arquitectos de la crisis; en muchos casos, son de sus víctimas más vulnerables.
El mito migratorio y la realidad criminal
La imaginación popular suele vincular a los migrantes con el crimen. En Ecuador, la realidad desmiente el mito. Estudios sugieren que los venezolanos están subrepresentados entre los detenidos en comparación con su proporción de la población. Más revelador aún, son víctimas frecuentes de extorsión, robo y reclutamiento. Su estatus irregular los hace reacios a acudir a la policía, un silencio que las bandas aprovechan para expandir su control.
Pero el estatus cambia esa ecuación. Cuando los migrantes son regularizados, interactúan más fácilmente con las autoridades. Denuncian delitos, testifican como testigos y colaboran en investigaciones. En Colombia, donde millones de venezolanos obtuvieron estatus legal, este cambio resultó crucial. Espectadores temerosos se convirtieron en aliados dispuestos para la policía. Las fuerzas del orden obtuvieron visibilidad sobre redes de extorsión, estafas de vivienda y esquemas de trata que antes permanecían en las sombras. Comunidades que antes estaban paralizadas por el miedo se volvieron más difíciles de dominar para los criminales.
Para Ecuador, que necesita urgentemente mejor inteligencia para recuperar sus calles, la lección es clara. La regularización puede ampliar los ojos y oídos del Estado, convirtiendo a los migrantes en socios en lugar de chivos expiatorios. No elimina la delincuencia individual, pero reduce la vulnerabilidad de comunidades enteras frente a las bandas. En barrios donde la policía está superada en número y los grupos criminales dominan mediante el miedo, cada testigo adicional dispuesto a hablar es un golpe incremental contra la impunidad.
Una fuerza laboral escondida a simple vista
La seguridad es solo parte de la ecuación. El desafío demográfico de Ecuador es igualmente apremiante. La emigración ha vaciado la fuerza laboral, especialmente en los oficios calificados y sectores profesionales. A medida que la población local envejece, el país corre el riesgo de perder el dinamismo que necesita para impulsar el crecimiento. Frente a este panorama, la diáspora venezolana es menos una carga que un posible dividendo demográfico.
El perfil es llamativo. Los venezolanos que llegan están principalmente en sus veintes y treintas, en plena edad productiva, con niveles relativamente altos de educación secundaria y formación técnica. Pero sin un estatus regular, caen en la informalidad. Ingenieros conducen taxis, mecánicos certificados toman trabajos temporales en construcción y maestros formados ofrecen tutorías sin contrato. Ecuador pierde por partida doble: primero en productividad desperdiciada, y luego en ingresos no tributados. Las habilidades relegadas a empleos de subsistencia no aportan al crecimiento, y la base fiscal sigue siendo reducida en un país desesperado por recursos.
La experiencia en otros lugares muestra lo que sucede cuando la política avanza. En Bogotá, los migrantes venezolanos crearon miles de negocios registrados en solo unos años, generando empleo no solo para ellos mismos sino también para locales. Lejos de desplazar trabajadores, a menudo los complementaron, llenando vacíos en servicios o aportando mano de obra donde había escasez. La lección no es que cada migrante se convierta en empresario, sino que talento más legalidad puede liberar emprendimiento. Ecuador, con una economía estancada y demasiados de sus propios jóvenes marchándose, no puede permitirse mantener ese potencial dormido.
Opciones de política que liberan crecimiento
Ecuador ya tiene un plan modelo. Un programa de regularización en tres pasos lanzado por la administración anterior otorgó estatus a unos 200.000 venezolanos antes de estancarse. Relanzarlo y ampliarlo es una de las reformas de menor costo y mayor beneficio disponibles. La integración plena de la comunidad venezolana podría impulsar el crecimiento del PIB en alrededor de un cuarto de punto porcentual anual, un aumento significativo para un país que lucha por salir de la estagnación.
Las herramientas son claras. Simplificar y ampliar las vías legales para sacar a los trabajadores de las sombras. Acelerar el reconocimiento de títulos y certificaciones para responder a la demanda de habilidades. Incluir a los migrantes en programas de capacitación y vinculación laboral diseñados para locales, convirtiendo la retórica de la complementariedad en práctica. Acompañar esto con campañas públicas que difundan datos creíbles sobre crimen y empleo, contrarrestando el estigma con hechos basados en realidades cotidianas. Y movilizar financiamiento internacional: organismos multilaterales y filántropos están dispuestos a aportar cuando los gobiernos presentan planes creíbles que protegen a los locales, respetan los estándares laborales y generan ingresos tributarios medibles.
Nada de esto es una panacea. La regularización debe ir de la mano de una estrategia de seguridad firme que recupere el control estatal de las calles y puertos, reconstruya la capacidad investigativa y proteja a las comunidades locales de las bandas depredadoras. Debe aplicarse junto con protecciones laborales que impidan la competencia desleal de salarios y castiguen a empleadores abusivos. Y debe enmarcarse políticamente como parte de una agenda más amplia: la migración no es caridad, es política —una palanca que complementa las inversiones en energía, puertos, crédito a pequeñas empresas y reformas anticorrupción que restauren la confianza en las instituciones públicas.
EFE@Carlos Durán Araújo
Una encrucijada con más de un camino
Los problemas de Ecuador están entrelazados. La violencia ahuyenta la inversión. El bajo crecimiento alimenta la emigración. La emigración vacía la misma fuerza laboral necesaria para crecer. Este espiral, si no se contiene, solo conduce a una inseguridad más profunda y un declive más agudo. Sin embargo, el país también tiene un recurso listo para activarse: casi medio millón de migrantes venezolanos que ya viven dentro de sus fronteras. Con estatus regular, pueden ampliar la inteligencia policial, expandir la base fiscal y cubrir los vacíos de habilidades dejados por los ecuatorianos que se marchan.
La elección no es entre compasión y control. Es entre una política de resentimiento que empobrece a todos y una política de resultados que convierte a los recién llegados en actores comprometidos. En una era en que las bandas reescriben las reglas de la calle y los ciudadanos dudan de la capacidad del Estado para cumplir sus promesas, demostrar que la migración puede gestionarse en favor de la seguridad y la prosperidad enviaría una señal poderosa: que Ecuador aún puede trazar su propio futuro.
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La encrucijada es real. Pero también lo es la salida —si los líderes están dispuestos a tomarla.
Las citas y atribuciones de la OTAN y líderes regionales mencionadas anteriormente fueron reportadas por Americas Quarterly.
