En medio de una crisis de popularidad, el país austral implementará medidas que afectan a los altos cargos del poder ejecutivo.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció el pasado lunes, 29 de enero una serie de medidas de austeridad para su gobierno. Las reformas tienen como objetivo reducir el gasto público e incrementar la transparencia en procesos de contratación pública.

Las medidas propuestas incluyen una reducción del 25% de cargos públicos del poder ejecutivo, lo cual equivale a cerca de 1000 puestos políticos que serán eliminados, según señaló el diario La Tercera. Asimismo, este año los salarios de altos funcionarios del gobierno nacional serán congelados.

Adicionalmente, el presidente anunció que los familiares de ministros quedarán inhabilitados para ocupar cargos públicos. Según la estación de radio argentina Radio Mitre, esta medida ya fue oficializada por el gobierno a través del Decreto 93/2018 y ha sido la más controversial debido a que actualmente varios ministros tienen familiares que ocupan puestos en el gobierno.

De acuerdo con el artículo 1 del decreto:

“no podrán efectuarse designaciones de personas en todo el Sector Público Nacional que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el Presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro”

Aunque, inicialmente, no era claro si la medida aplicaría para funcionarios actuales; al firmar el decreto fue determinado que aquellas personas alcanzadas por el artículo deberán desvincularse del cargo antes del 28 de febrero del año en curso.

Cuando Macri fue elegido en el 2015, prometió revitalizar la economía nacional y luchar contra la corrupción. El anuncio de estas medidas se da en un contexto en el que el presidente ha perdido popularidad después de una reforma para reducir los ajustes anuales de las pensiones, y mientras los argentinos se enfrentan a incrementos en el precio de combustibles y servicios públicos.

Estas medidas pretenden mejorar la transparencia del gobierno y contribuir a la reducción del déficit fiscal del país. Al eliminar 1 de cada 4 puestos políticos, se anticipa un ahorro de 75 millones de dólares en el gasto público.

Si bien las medidas de austeridad anunciadas desde la Casa Rosada son sólo un pequeño aporte a la reducción en el gasto público, puede que el ataque directo contra el nepotismo y la corrupción contribuyan a mejorar la imagen del gobierno en los próximos meses.

Asimismo, las decisiones del gobierno argentino sentarán un precedente en la región ya que todos los países latinoamericanos cerraron el 2017 con déficit fiscal y, sin duda alguna, la lucha contra la corrupción es uno de los aspectos clave para el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad en Latinoamérica.

Latin American Post | Paula Bautista
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