La deuda venezolana: una apuesta sangrienta
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Los fondos de inversión quieren aprovecharse de la crisis venezolana
“A mayor riesgo, mayor ganancia”; esa es la regla fundamental para cualquier apuesta. Venezuela debe cancelar unos 9.000 millones de dólares para el año 2018 y cumplir con sus compromisos internacionales. Aquí es donde comienza la especulación sobre los bonos de deuda venezolana alentando el apetito de los fondos de inversión, o fondos “buitres”, quienes deciden entrar o no para adquirir estos bonos.
El escenario del “default”, o impago en las finanzas públicas, aparece como un fantasma que pesa sobre los tenedores e inversionistas en bonos de la deuda pública venezolana. Esta probabilidad tiende a incrementarse a medida que transcurre el tiempo. Un dato importante que considerar es que las reservas internacionales de Venezuela se situaron, en el mes de julio, en 9.986 millones de dólares, según datos del Banco Central. Es el nivel más bajo en los últimos 20 años.
Algunos de los factores que no contribuyen a la confianza institucional son el clima político y económico que se enrarece rápidamente con más de 120 víctimas en las protestas callejeras contra el gobierno de Nicolás Maduro y la imposición de una Asamblea Constituyente con poderes plenipotenciarios que contribuyen al aislamiento internacional de Venezuela.
Por el lado económico, la debilidad de los precios del petróleo, principal producto de exportación de la economía venezolana, el país posee una deuda externa de 132.156 millones de dólares, según la Cepal; una caída sustancial de las importaciones que incide en una contracción del 7,2% del PIB. Venezuela sufre la peor crisis económica que haya experimentado nación alguna en cien años, incluso superior a la Gran Depresión de 1927 en los Estados Unidos, según el economista Ricardo Hausmann.
Recientemente, en el mes de mayo, los bancos de inversión Goldmann Sachs y Nomura Securities participaron en la adquisición de 3.000 millones de dólares de un bono PDVSA22N con un 69% de descuento como parte de intento del gobierno venezolano por obtener dinero fresco. Esta acción fue calificada por Hausmann como los “bonos del hambre”. Esta compra de títulos venezolanos fue objetada por el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quién mediante cartas a los respectivos bancos desconoció estas operaciones de endeudamiento, ya que no fueron autorizadas por el congreso venezolano.
Los fondos de inversión enfrentan un riesgo moral: ganar dinero financiando a un gobierno que ejerce la represión. Los tenedores de deuda venezolana enfrentan la amenaza de convertirse en acreedores “holdout”, es decir que aspiran una renegociación de la deuda y exigiendo mayores garantías, esperando que la economía del deudor mejore y, a veces, renunciando a parte del dinero para darle un respiro al deudor. En caso de reestructuración de la deuda, los acreedores holdout serían un peligro para la economía venezolana, ya que algunos prestamistas que se niegan a postergar el cobro y optarían por acudir a los tribunales para exigir con el pago de la deuda.
El Credit Suisse prohibió a sus empleados que negocien con bonos venezolanos, pero ésta no es la norma general. Sin embargo, el olor de sangre rodea a los bonos venezolanos, atrayendo a los más arriesgados.
Latin American Post | Francisco Martínez
Copy edited by Susana Cicchetto
