ECONOMÍA

Los forwards de oro de Bolivia compran tiempo pero atan al próximo gobierno

Bolivia ha convertido el oro en oxígeno financiero, recaudando casi mil millones de dólares mediante forwards y coberturas para evitar un default. La jugada alivia la crisis actual, pero carga al próximo gobierno con entregas, riesgos legales y sombras ambientales.

El oro se convierte en salvavidas

En un año con escasez de divisas y reservas menguantes, Bolivia recurrió a su activo más antiguo: el oro. El banco central firmó discretamente contratos a futuro, intercambiando promesas de lingotes mañana por dólares hoy. Entre mayo y agosto, operaciones sobre más de cinco toneladas de oro generaron casi 600 millones de dólares. Ventas anteriores elevaron la cuenta a unos 916 millones por 8,4 toneladas, según analistas.

El impacto fue inmediato. Las reservas subieron a unos 2.900 millones, lo suficiente para tranquilizar a los mercados de que se cumplirían los pagos de bonos y se evitaría la cesación de pagos. Para un gobierno con arcas vacías, la matemática funcionaba: vender tiempo, no solo metal. Pero todos los contratos vencen en 2025. Quien gane el próximo balotaje heredará un calendario marcado no en billetes, sino en barras: entregas que deberán cumplirse sin importar oscilaciones de precios, fallas de producción o vaivenes políticos.

Por ahora, la estrategia ha postergado el ajuste. El costo real se medirá cuando los lingotes salgan de las bóvedas y los dólares ya gastados sean solo un recuerdo.

Dentro del manual “oro por dólares”

El mecanismo es engañosamente simple. El banco central compra oro local en bolivianos, lo refina y luego firma contratos a futuro con contrapartes globales. El banco recibe efectivo por adelantado, comprometiéndose a entregar los lingotes un año después. Los funcionarios insisten en que el Estado retiene la propiedad legal durante la vigencia de los contratos, presentándolos como coberturas y no como ventas definitivas. Un “plan de acumulación de reservas” debería garantizar oro suficiente para el día de liquidación.

La lógica es clara. Los exportadores demandan dólares, los combustibles se pagan en dólares y los bonistas esperan intereses en dólares. Con ingresos flojos de soya, gas y minería, el oro es uno de los pocos activos líquidos convertibles a gran escala. Los forwards resultan menos estigmatizantes que una liquidación directa: preservan la apariencia de reservas mientras proveen liquidez.

Pero el corrimiento temporal es riesgoso. Las entregas exigen producción estable, refinación predecible y logística fluida. Si algo falla, la próxima administración enfrentará obligaciones sin sustituto inmediato. En términos financieros, Bolivia ha traído el colchón de mañana al balance de hoy, apostando a que el crecimiento o nuevo financiamiento tapen el hueco más adelante.

EFE@Georgi Licovski

Ley, política y el umbral de 22 toneladas

El resguardo legal es una norma que obliga al banco central a mantener al menos 22 toneladas de oro. Ese piso buscaba impedir que una crisis vaciara las bóvedas. Críticos sostienen que los contratos a futuro eluden la regla al comprometer oro sin vulnerar formalmente el umbral. Los defensores replican que, sin esos acuerdos, el país ya habría enfrentado impagos y un posible default.

La disputa saltó a la campaña. Los candidatos opositores califican la estrategia de hipotecar el patrimonio nacional. Uno incluso amenazó con acciones legales si se viola el piso legal, comparando los acuerdos con empeñar las joyas de la familia. Para los votantes, el tema cristaliza una decisión más amplia: continuidad de la gestión económica del MAS o un giro conservador con promesas de austeridad.

Quien gane en noviembre enfrentará vencimientos de lingotes en cuestión de meses. Para cumplirlos, la nueva administración deberá acelerar el “plan de acumulación” con oferta doméstica suficiente o buscar financiamiento fresco en el exterior. Ambos caminos conllevan costos: más minería intensifica preocupaciones ambientales, mientras que más deuda irrita a nacionalistas y empeora los ratios fiscales.

Costos ambientales y la factura del mañana
Detrás de las cifras se esconde un paisaje erosionado por la extracción. Gran parte del oro boliviano proviene de la minería artesanal en cuencas amazónicas. Campamentos informales usan mercurio, arrasan bosques y ocupan territorios indígenas. Tener como comprador asegurado al banco central incentiva la producción, estabiliza precios pero también aumenta la presión sobre ecosistemas frágiles. Grupos ambientales advierten que monetizar el oro a esta escala sin trazabilidad estricta es financiar daños a largo plazo a cambio de liquidez inmediata.

La transparencia es otro eslabón débil. El banco central publica toneladas e ingresos en dólares, pero no revela contrapartes, condiciones de cobertura ni detalles del plan de acumulación. Los mercados toleran opacidad en tiempos favorables. Pero cuando se acercan las entregas, el silencio genera sospechas—tanto en rivales políticos internos como en inversionistas externos.

Por ahora, la estrategia ha comprado tiempo. Los bonos están al día, las reservas lucen más sólidas y el gobierno puede mostrar cifras que tranquilizan a los mercados. Pero el próximo año vencen los contratos. El éxito dependerá de si los lingotes están listos, el piso de 22 toneladas se mantiene intacto y la supervisión ambiental se pone al día con la demanda.

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Bolivia se está prestando tiempo de su propia bóveda. Si ese respiro se aprovecha para reconstruir crecimiento, credibilidad y diversificación, los forwards de oro parecerán astutos. Si no, el oro saldrá, los dólares ya estarán gastados y la factura—financiera, política y ecológica—llegará.

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