Los líos legales de Citgo continúan afectando al gobierno venezolano
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Considerado el activo extranjero más valioso de Venezuela, Citgo se encuentra en disputa por el gobierno de Maduro en las cortes de los Estados Unidos
En medio del llamado Energy Corridor (Corredor Energético) de la ciudad de Houston en los Estados Unidos, se encuentra el cuartel general de Citgo, una de las refinerías y distribuidoras de combustibles más grandes de ese país. La empresa, que pertenece en su mayoría al Estado venezolano, tiene su futuro en la balanza, pues una corte estadounidense será la que decida si su junta directiva será la propuesta por el actual presidente Nicolás Maduro, o la que propone el líder de oposición Juan Guaidó.
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Esta es la última en una serie de disputas legales en las que se ha visto inmiscuida Citgo, y que han acaparado la atención del gobierno venezolano por años, y más recientemente la de Guaidó, ¿por qué es tan importante controlarla?
Una valiosa adquisición de Venezuela
Citgo fue fundada bajo el nombre de Cities Service en el año 1910 en la ciudad de Bartlesville en el Estado de Oklahoma, pero pasó a manos venezolanas en 1986, cuando la petrolera estatal de este país, PDVSA, adquirió el 50% de la empresa mientras ésta enfrentaba dificultades financieras. Para 1990, PDVSA ya había adquirido la totalidad de Citgo y estaba en camino a ser la octava refinería más grande de los Estados Unidos.
Controlar Citgo le permitiría a Venezuela comercializar los derivados de su principal producto de exportación, el petróleo, directamente al consumidor final. De esta forma, PDVSA vería los réditos económicos de cada parte de la cadena de valor del petróleo, lucrándose a través de todo el proceso, desde la extracción, pasando por la refinación, hasta la venta de la gasolina o el petroquímico final.
Además, al tener sus operaciones en los Estados Unidos, las ganancias de Citgo no estaban sujetas a la inestable tasa de cambio del bolívar ni a la precaria situación económica en Venezuela, lo que permitía al gobierno registrar ingresos constantes en dólares.
Durante ese tiempo se convirtió en una importante ancla financiera para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que, según el Informe del comisario de PDVSA, recibieron $12.250 millones de dólares en forma de dividendos desde Citgo entre 1998 y 2017. Únicamente durante el gobierno de Maduro, sin incluir las cifras del 2018, Citgo pagó $3.793 millones de dólares en dividendos a sus dueños.
Según el sitio web de la empresa, Citgo cuenta con tres refinerías en los Estados Unidos: en Corpus Christi, Texas, Lake Charles, Luisiana, y Lemont, Illinois. Además, tiene tres oleoductos propios, seis compartidos, y 48 terminales de abastecimiento esparcidas a lo largo y ancho del este de los Estados Unidos. Todo esto se junta para conformar una red de infraestructura petrolera importante capaz de competir con cualquier otra empresa de la industria.
Una adquisición problemática
La gran importancia que ha adquirido Citgo en las últimas décadas es la razón por la cuál en este momento optan por defender su propiedad en todos los tribunales. Si bien la empresa da millonarios dividendos y cuenta con una presencia envidiable en la industria petrolera estadounidense, también ha sido una fuente de dolores de cabeza para el régimen desde algunos años atrás.
En el 2010, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaba determinado en vender Citgo. “Es un mal negocio, no nos hemos podido deshacer de él”, declaró en esa oportunidad. Con las elecciones del 2012 en la mira, Chávez pensaba financiar nuevos programas sociales mediante la venta de Citgo, que avaluó en $10.000 millones de dólares.
En ese momento, Chávez no encontró un comprador, pero su sucesor intentó deshacerse de Citgo una vez más en 2017, esta vez a los rusos. En medio de deudas a China y Rusia, el gobierno venezolano estaba desesperado por una liquidez que le permitiera evitar el default. Por esta razón, consideró vender el 50% de Citgo a la petrolera estatal rusa Rosneft, lo que muchos políticos estadounidenses consideraron una amenaza a la seguridad nacional.
De igual manera, el gobierno de Venezuela tiene comprometido el 49,9% de Citgo a Rosneft, pues fue incluido como garantía a un préstamo proveniente de Rusia que asciende por encima de los $1.500 millones de dólares.
Sin haber podido concretar una venta favorable de la empresa, el gobierno venezolano retuvo Citgo, hasta que una serie de pleitos legales la pusieron de nuevo en la balanza.
En noviembre del 2017, el gobierno de Nicolás Maduro arrestó a seis ejecutivos de Citgo, muchos de ellos ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos, acusados de malversación de fondos, lavado de dinero y conspiración contra el gobierno. Los seis permanecen en la cárcel hasta este año, en el que finalmente enfrentaran un juicio que determinará su culpabilidad.
En febrero les cayó una demanda de una exempleada llamada Marisol Gómez, quien los acusó de un despido injustificado tras haberse negado a cometer fraude y robo a petición de sus jefes.
Ese mismo mes, Citgo fue demandado por el fabricante estadounidense de vidrio Owens-Illinois Inc., que pedía una compensación de $500 millones de dólares tras la nacionalización de sus subsidiarias en Venezuela. En su demanda, Owens-Illinois acude a Citgo argumentando que es “un alter ego, meramente una instrumentalidad de Venezuela misma”.
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Todo esto viene sin siquiera mencionar la enorme batalla legal en la que se encuentra en este momento. El presidente Maduro interpuso una demanda en una corte de Houston para que se reconozca la junta directiva de cinco personas que postuló para el cargo, devolviendo el control de Citgo a Venezuela, que ahora se encuentra bajo la administración de una junta ad-hoc nombrada por el congreso favorable a Guaidó.
LatinAmerican Post | Pedro Bernal
Copy edited by Juliana Suárez
