La interminable pelea de los Rappitenderos contra Rappi

La migración venezolana y los tipos de contrato son algunos de los factores que tienen a Rappi en el ojo del huracán

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

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“Esta aplicación (Rappi) le ha generado a los Rappitenderos, ingresos por más de 110 millones de dólares, este dinero va a personas para pagar su universidad, vivienda, gastos de los hijos…”, fueron unas de las palabras de Simón Borrero, CEO y cofundador de Rappi en EXMA, evento de marketing realizado en Bogotá en mayo del 2019.

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Estas palabras conforman una imagen alentadora de lo que es este gigante tecnológico que se ha expandido por toda América Latina, pues le ha permitido a cientos de miles de ciudadanos de trabajar en un servicio en el que pueden generar dichos ingresos.

La empresa tecnológica colombiana se convirtió en un caso de éxito y en un claro ejemplo de un crecimiento exponencial al lograr expandirse en menos de cinco años a siete países de América Latina. Simón Borrero fue galardonado a comienzos del 2019 como Empresario del Año por el diario colombiano La República, especializado en economía. Esto, entre otras cosas, por lograr una valoración de USD $1.000 en septiembre del 2018, convirtiéndolo así en el primer unicornio tecnológico del país.

"Rappi sigue creciendo en un 20% mensual. Este, sin duda, es un crecimiento difícil de manejar. Pero todo parte de una obsesión por el crecimiento”, dijo Borrero en EXMA. “Es un tema de sacar a millones de personas de la pobreza, algo que nos conviene a todos”.

Con el tiempo, esa obesión por el crecimiento se convirtió en un arma de doble filo para la empresa y ahora se están empezando a ver la consecuencias tras las inconformidades de cientos de Rappitenderos (como se le dice a los domiciliarios) que están pidiendo mejores condiciones laborales: seguridad social y pensión, y mejor paga en los domicilios. La quema de maletas naranjas, color insignia de la empresa, en frente a las oficinas de Rappi fue la prueba más fehaciente de que los domiciliarios discrepan en cuanto a la afirmación inicial de Borrero.

—El slogan de Rappi no debería ser ‘Corremos por ti’ —dice mientras ríe Gilver, un Rappitendero que viene de Venezuela—, sino, ‘Nos hacemos ricos gracias a ti’.

Gilver llegó hace un año y medio a Colombia huyendo de su país y, como muchos otros venezolanos, encontró en Rappi una manera de hacer dinero. En Venezuela tenía una empresa de marketing, por lo que empieza la conversación afirmando que él tiene una perspectiva objetiva sobre el increíble fenómeno económico que es la empresa. 

—Como empresa, ayyyy, ya quisiera uno habérsela craneado antes. Le venden a uno como Rappitendero la idea de “Sé tu propio jefe, trabaja en los horarios que quieras”. Y con ese discurso uno ya se cree su propio jefe. Después va uno a darse cuenta que la empresa gana como App, gana por el producto, por publicidad, por las promociones y además, se queda con casi el 80% del domicilio —dice Gilver, elogiando la empresa desde el punto de vista empresarial, y condenándola desde el punto de vista del trabajador raso.

Sin seguridad social, sin pensión y pagos regulares son algunas que cosas de las que Rappitenderos como Gilver se han quejado. Estas denuncias, que han estado en el foco de los medios de comunicación, han desatado en más y más preguntas sobre el funcionamiento del gran unicornio colombiano.

Sé tu propio jefe

Esa fantasía de ‘sé tu propio jefe’ trae una letra pequeña que muchos quizás no notan hasta el día en que empiezan a exigir mejores condiciones. 

A raíz de la quema de maletas, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo públicamente que los contratos que Rappi maneja son legales, y que, si bien en ocasiones no favorecen a los Rappitenderos, en Colombia se permiten, lo que hace que la empresa no esté incurriendo en nada ilegal. 

Según Arango, el trabajo del Rappitendero funciona con un tipo de contrato independiente, el cual tiene ciertos puntos débiles que afectan al trabajador, pero que no es un contrato informal.

Sin embargo, Sonia Sánchez, abogada especializada en contratos laborales, afirmó que “realmente los Rappitenderos sí son informales, pues los ingresos que perciben por la actividad realizada no entran a formar parte de ningún control tributario, mientras que los trabajadores independientes tienen regulación en materia de seguridad social y por tanto se puede ejercer sobre ellos un control tributario”.

Para que existiera un contrato laboral, no necesariamente independiente sino de otro tipo, los Rappitenderos deberían contar con ciertas condiciones: 

“-   La prestación personal de un servicio, que en este caso es la realización de una labor a cargo de una persona natural para otra persona, que bien puede ser natural o jurídica.

–   La continuada dependencia o subordinación. En este caso el trabajador está subordinado a un jefe, debe recibir instrucciones y atenderlas

–   La existencia de una remuneración, que en este caso se denomina salario y que equivale al pago que hace el empleador al trabajador por la labor realizada.

–   Además, también debe darse el cumplimiento de un horario de trabajo para realizar una labor contratada, por la cual se accederá a una remuneración.” 

(Afirmó Sánchez)

En ese sentido, ‘Ser tu propio jefe’ significa, por ende, que no tienes un empleador y que estas condiciones no se verán cumplidas. Siendo así, ni el Rappitendero ni la plataforma o la empresa en sí tienen ciertas obligaciones. Ser tu propio jefe y manejar tus horas incluye también el hecho de que, al no tener un contrato laboral, corre por cuenta propia la seguridad social

El consumidor se hace cargo

“En realidad Rappi no genera como tal un empleo, lo que genera es una oportunidad de realizar una labor que logre que las personas que tengan acceso a su aplicación consigan algún ingreso, actividad que obviamente es bastante beneficiosa para la empresa”, dijo la abogada.

Por decirlo de alguna manera, Rappi termina por ser una plataforma digital que conecta a un cliente (que es el Consumidor) con un domiciliario (llamado Mandatario). En ese sentido, Rappi es un puente para que el usuario pueda adquirir de un servicio (que va desde comida hasta cualquier otra cantidad de productos).

De esta forma, la relación o “contrato de mandato”, existe en varias vías. El Consumidor con el Mandatario, el Consumidor con la Plataforma, el Mandatario con la Plataforma, y todos estos también con el “Aliado Rappi”, que son los restaurantes. 

Cada vez que creas una cuenta en cualquier plataforma o empresa, estás aceptando a Términos y Condiciones, que quizás jamás en la vida hayas leído. Si tuviéramos la costumbre de leerlo, desde un principio sabríamos que tanto el cliente como el rappitendero aceptan esta relación, en la que el Mandatario está trabajando para el Consumidor, solo que a través de un servicio web. 

En uno de sus apartados, los T&C dicen así: “La Plataforma: es el Aplicativos web y móvel administrado por el Operador (la empresa en sí), que permite la concurrencia de Consumidores y Mandatarios para que por medio de contratos de mandato, el Consumidor solicite la gestión de un encargo”. 

Entendiéndolo así, no existe ningún empleador que deba correr con los gastos del Rappitendero. Igualmente, en uno el apartado que explica el rol del Mandatario, afirma que es una “persona natural que acepta realizar la gestión del encargo solicitado por el Consumidor a través de La Plataforma, por cuenta y riesgo propio”.

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¿Oportunidad u oportunismo?

—¿Qué harían los de Rappi si Venezuela no estuviera en crisis? —se pregunta un compañero Rappitendero de Gilver, también venezolano— No podrían tratar así a todos los colombianos porque ellos sí buscarían otras salidas, pero nosotros no tenemos más opciones. Rappi es prácticamente la única salida que tenemos los venezolanos para ganar algo de plata y mandar de vuelta a nuestras familias.

Se puede ver de dos formas: por un lado, este unicornio tecnológico ha ayudado a que al menos un porcentaje de ese 1.3 millones de venezolanos que está en Colombia pueda trabajar y no esté en las calles del país afectando a los colombianos y la economía, entre otras cosas, del país. Pero por un lado no tan optimista, se puede ver como si la empresa estuviera aprovechando la situación de necesidad, pues saben que así no brinden las condiciones óptimas, los venezolanos seguirán trabajando allí, al ser la única opción.

Sin importar cual sea la respuesta, o si ambas tienen un poco de verdad, la contratación de un trabajador extranjero debe exigir los papeles en orden, con permiso de trabajo, etc. De lo contrario, el empleador tendría que afrontar algún tipo de sanción al estar violando la ley. 

Pero en este tipo de contratos la situación es más difícil. Aquí “no hay contrato de trabajo, no hay posibilidades grandes de identificar a quien desarrolla la actividad pues se hace a través de una aplicación, es decir que lo puede hacer prácticamente cualquier persona, sin el cumplimiento mínimo de requisitos”, dice Sonia Sánchez. Debido a esto, no se puede comprobar si todos los Rappitenderos tienen los requisitos para trabajar por lo que no hay un incumplimiento visible, ni se podría asegurar que Rappi está contratando ilegales, pues no está contratando.

En este sentido, la ministra decía que es necesario que este tipo de trabajo (aunque ella se refería a él como independiente, y Sánchez como informal) se regulen para que no afecte a los trabajadores y puedan recibir condiciones dignas. Además, con este modelo no hay posibilidad de control sobre los migrantes, y “mucho menos existe posibilidad de ejercer sobre ellos control tributario”.

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Un cambio de modelo

Aunque a simple viste no hay vacíos legales en el modus operandi de la empresa, las peticiones de los Rappitenderos tienen fundamentos, a pesar de que ellos acepten precisamente esas condiciones al entrar. Siendo que en Colombia este tipo de contrataciones están permitidas, la empresa no tiene la obligación de cambiar. Para hacerlo, el modelo de contratación debería cambiar por completo, implicando que la empresa sacrifique algo de sus ingresos y permitir “una intervención concreta y real del Ministerio de Trabajo”, dice la abogada.

Esto ha despertado un debate pues, no sería solo la empresa la que debe cambiar, sino también los Rappitenderos deberían demostrar su legalidad. Aquí, han entrado en discusión dos puntos a los que les queda mucho camino por delante. Por un lado, el trabajo informal y contratos independientes (no solo en Rappi sino en todo el país) al que la ministra Alicia Arango se refirió. Por otro lado, resolver la situación migratoria de los venezonalos que están en Colombia.

Al preguntarle a Gilver y su compañero, cuyo nombre prefirió no dar, ¿qué harían ellos para mejorar Rappi?, la respuesta de Gilver fue mejorar la plataforma y el pago en el porcentaje de los domicilios. 

Para su compañero, en cambio, la solución sería ponerlo a él de jefe para poder ayudar a los venezolanos: “Uyyyy, qué no haría yo de jefe, regularía eso de una y que tuviéramos contratos de verdad. Ahora uno solo va a una capacitación, hace un usuario y listo. Por eso se ha visto que hay domiciliarios que roban y eso, porque no hay ningún control”. Él, sin embargo, es uno de los cientos de Rappitenderos venezolanos que no tienen su situación migratoria en orden.