Perú vuelve a votar mientras el miedo y la fragmentación reescriben la campaña

Perú llega a las elecciones de abril tras otra caída presidencial, una tasa de homicidios duplicada y un número récord de candidatos, con votantes que evalúan no solo la ideología sino si algún aspirante puede controlar el desorden, reconstruir la confianza y sobrevivir a la maquinaria del colapso.

Nueve presidentes y sin tiempo para respirar

Perú ha desarrollado un ritmo político que deja de sentirse como ritmo. Otro presidente cae. Otro reemplazo llega. Otra campaña se abre en medio de crisis sin resolver. En febrero, el Congreso destituyó a José Jerí de la presidencia por no revelar reuniones con empresarios chinos. Solo había durado cuatro meses. La legislatura lo reemplazó con José María Balcázar, un exjuez de ochenta y tres años y miembro del partido de izquierda Perú Libre.

Ese episodio no creó la inestabilidad de Perú. Solo se sumó a la pila. El país ha tenido ya nueve presidentes en diez años, una cifra tan grande que deja de sonar a estadística y se convierte en una condición social. Cambia la forma en que se viven las elecciones. Los votantes no solo eligen un programa o una personalidad. Votan después de años en los que la permanencia parece temporal, las instituciones frágiles y la autoridad siempre a un escándalo de ser reconfigurada.

Este es el contexto de las elecciones generales del doce de abril, y ayuda a explicar por qué la contienda se siente tan saturada, tan inquieta, tan afilada en los bordes. Un récord de treinta y seis candidatos compiten por la presidencia. Si nadie supera el 50%, los dos primeros pasan a una segunda vuelta el 7 de junio. También están en juego todos los escaños del Congreso, lo que hace que la elección sea inusualmente trascendental. Además, Perú elegirá un Senado por primera vez en décadas, luego de que una reforma en 2024 restableciera el sistema bicameral y revirtiera la prohibición de reelección consecutiva para los legisladores. Cada ganador tendrá un mandato de cinco años. Así, la boleta no solo define quién asume el poder. También pone en juego si el sistema político puede darse una forma más duradera.

Pero el sistema busca estabilidad mientras la calle envía un mensaje más oscuro. La tasa de homicidios en Perú se ha duplicado desde dos mil diecinueve. La extorsión y otros delitos vinculados a bandas se han vuelto mucho más comunes. Eso importa porque el crimen no solo genera miedo. Cambia el gusto político. Hace que la paciencia sea más difícil de vender. Premia a los candidatos que suenan punitivos, decididos y sin vergüenza de usar la fuerza. En un país ya desgastado por liderazgos de puerta giratoria, el aumento de la violencia hace que el argumento institucional suene débil si no se acompaña de una promesa de control inmediato.

Por qué el crimen se ha vuelto el lenguaje dominante

Por eso la división más clara en la contienda peruana no es simplemente izquierda versus derecha. También es personalista versus institucionalista. En momentos como este, los votantes suelen buscar menos administradores y más figuras que parezcan capaces de tomar el timón con ambas manos. Entre los candidatos que superan el seis por ciento en las encuestas, las campañas más fuertes reflejan ese ánimo de distintas maneras.

Carlos Álvarez puede ser la expresión más pura del hambre de outsider. Es un comediante y figura televisiva limeña, conocido a nivel nacional por su sátira política y comentarios sociales. No tiene título universitario y su experiencia política formal se limita a una candidatura fallida a la alcaldía de Lima. En condiciones normales, ese currículum podría parecer débil. En esta campaña, resulta estratégicamente útil. Puede presentarse como alguien que conoce el país de cerca, alguien ajeno a la maquinaria que los votantes desconfían cada vez más.

Su atractivo tiene sentido en una contienda marcada por el asco y la ansiedad. Tiene el reconocimiento de nombre que muchos rivales no poseen, una presencia fluida en medios tradicionales y redes sociales, y sólidas actuaciones en debates que le están generando impulso en la recta final. También es uno de los pocos candidatos con buenos números tanto en zonas urbanas como rurales y en casi todos los sectores socioeconómicos. Eso sugiere algo importante. Su apoyo no es solo ideológico. Es emocional y ambiental. Ofrece familiaridad, humor y la sensación de que la política podría volver a hablar claro.

Pero incluso la imagen de outsider de Álvarez se construye sobre la severidad. Admira a Nayib Bukele y quiere adaptar esas políticas de seguridad a Perú. Favorece mega cárceles, inteligencia policial reforzada, más despliegue militar, mayor uso de estados de emergencia y una ampliación de la pena de muerte. No son propuestas marginales. Muestran cuánto se ha desplazado el centro de gravedad. Incluso el rostro nuevo de la contienda habla el lenguaje del encierro, el castigo y la fuerza excepcional.

Al mismo tiempo, Álvarez no vende solo represión. Ha propuesto programas de salud para la primera infancia, expansión de internet rural, becas financiadas con impuestos a universidades privadas, un fondo de microcréditos para pequeños negocios y más meritocracia en el empleo público. Esa mezcla es reveladora. Los votantes peruanos no parecen querer castigo por castigo. Quieren un Estado que finalmente llegue a la gente, la proteja, formalice lo que hoy es precario y lo haga sin ahogarse en corrupción. Su vulnerabilidad es que la inexperiencia juega en ambos sentidos. También su cercanía a un partido pequeño cuyo líder, Vladimir Meza, enfrenta recientes acusaciones de corrupción en dos casos distintos, aunque él niega los cargos.

Keiko Fujimori, en cambio, encarna la política de la memoria más que la novedad. Ha liderado su bloque político durante años, fue congresista y se postuló tres veces a la presidencia, perdiendo por poco en segunda vuelta cada vez. Pocas figuras en la contienda son más conocidas o más polarizantes. El legado de su padre sigue siendo el centro de su atractivo y su carga. Alberto Fujimori fue condenado por soborno, escuchas ilegales y crímenes de lesa humanidad en distintos casos. Sin embargo, también se le recuerda por combatir la hiperinflación, hacer crecer la economía, someter a las insurgencias violentas y expandir programas sociales. En un Perú marcado por la delincuencia y la inestabilidad prolongada, esa memoria de mano dura vuelve a ser políticamente útil.

Una derecha saturada y un centro vacío

Fujimori promete rescatar a Perú de la violencia, y gran parte de su programa se ubica firmemente en el registro de la línea dura. Desplegaría tropas, inteligencia militar y otras unidades armadas contra la violencia callejera y el crimen organizado. Pondría temporalmente al ejército a cargo del sistema penitenciario. La introducción de su plataforma aboga por un shock desregulador. Pero su base de apoyo muestra que el miedo no es toda la historia. Sigue siendo especialmente popular en algunas de las zonas más pobres de Lima y el norte del país, donde aún pesan los recuerdos de programas sociales y respuestas ante desastres. Para muchos votantes, la experiencia puede resultar ahora más reconfortante que la novedad, incluso cuando esa experiencia viene envuelta en viejos rencores y acusaciones sin resolver.

Rafael López Aliaga lleva la contienda aún más hacia la confrontación. El exalcalde de Lima, magnate ferroviario y hotelero de lujo, y líder de Renovación Popular, ofrece un populismo de derecha estridente con tintes religiosos y moralistas. Es más fuerte en Lima y ha construido apoyo en el sur del país mediante alianzas con empresarios y líderes religiosos locales. También es popular entre votantes adinerados y religiosos, tanto católicos como evangélicos, que respaldan sus posturas conservadoras sobre el aborto, el matrimonio igualitario y otros temas de la guerra cultural.

Su programa parece un asalto frontal al Estado existente. Quiere recortar la burocracia, cerrar la mayoría de los ministerios, desplegar tropas en las fronteras, usar tribunales militares para juzgar civiles, enfrentar el crimen callejero como admirador de Bukele e incluso solicitar tropas estadounidenses en el país. También busca reequilibrar la relación comercial de Perú con China mediante nuevos acuerdos con Estados Unidos. El mensaje es claro. Las instituciones civiles no son solo lentas o imperfectas en esta visión. Son algo que debe ser saltado.

Sin embargo, el propio historial de López Aliaga expone la trampa en el corazón de esta elección. Recibió elogios en Lima por cancelar un contrato de peaje polémico y por organizar la donación de más de 100 vagones de tren dados de baja desde California para ampliar el transporte. Pero no pudo reducir la delincuencia en la capital y ha sido criticado por actuar unilateralmente y por su retórica dura hacia la prensa. El estilo de hombre fuerte sigue atrayendo atención incluso cuando los resultados no llegan.

Quizá eso sea lo más revelador de esta elección. Perú no enfrenta una batalla ordenada de ideas. Enfrenta una crisis de confianza tan profunda que casi todos los aspirantes viables, sean outsiders o veteranos, se ven obligados a hablar en clave de fuerza. El campo está saturado porque la desconfianza está saturada. La derecha es fuerte porque el miedo es fuerte. Y el regreso del Senado, lejos de calmar el panorama, aterriza en una sociedad que ya no cree fácilmente que las instituciones puedan reparar lo que años de agitación han roto. Perú votará el doce de abril, pero la pregunta de fondo es si algún ganador podrá gobernar un país que ha aprendido a esperar la próxima ruptura antes de que la actual siquiera termine.

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