Acuerdo petrolero de Venezuela con Trump pone la soberanía en subasta

Un acuerdo de crudo por 2.000 millones de dólares entre Caracas y Washington promete alivio para los tanqueros varados bajo un bloqueo de mediados de diciembre, pero también cambia el equilibrio de poder: Donald Trump dice que controlará los ingresos de 30 a 50 millones de barriles, mientras Venezuela observa conteniendo la respiración.

Un rescate para el crudo atrapado y una prueba de dignidad

En Caracas, el petróleo no es solo una mercancía. Es memoria, orgullo y una maldición que ha financiado sueños mientras vaciaba las instituciones. Así que cuando el presidente Donald Trump anunció el martes que Estados Unidos había llegado a un acuerdo para exportar hasta 2.000 millones de dólares en crudo venezolano a puertos estadounidenses, la noticia cayó con la incomodidad de un salvavidas lanzado desde un barco que también lleva un cañón.

En el papel, el acuerdo resuelve un problema inmediato creado por la propia campaña de presión de Trump: millones de barriles varados en tanqueros y en almacenamiento debido al bloqueo a las exportaciones impuesto desde mediados de diciembre. Con el almacenamiento saturándose, PDVSA ya se ha visto obligada a recortar la producción, y sin una vía para mover el crudo pronto, se avecinan recortes más profundos. Para un país que vive al borde de la escasez y el miedo, el petróleo que no puede moverse es más que un dolor de cabeza contable: es el sonido de un motor nacional que se ahoga.

Pero el acuerdo no llega en un paisaje político neutral. Sigue a la captura el fin de semana del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que altos funcionarios venezolanos denunciaron como un secuestro y vincularon a acusaciones de que Washington intenta apoderarse de las vastas reservas petroleras del país. Trump presentó el nuevo arreglo petrolero como una especie de transferencia administrada: Venezuela estará “entregando” entre 30 y 50 millones de barriles de “petróleo sancionado”, escribió, y el dinero será “controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América”, para asegurar que beneficie al pueblo de Venezuela y a Estados Unidos.

En América Latina, donde la soberanía suele discutirse con el realismo cansado de quienes la han visto negociarse en crisis, esa frase lo dice todo. Un acuerdo puede ser “sobre petróleo”, pero igual sentirse como un referéndum sobre quién decide para qué sirven los recursos de una nación—y quién tiene las llaves del dinero.

El oleoducto de Chevron, el silencio de PDVSA y la pregunta por los ingresos

Si Trump vende el acuerdo como una victoria estratégica, la maquinaria detrás pasa por una sola puerta corporativa. El flujo de crudo venezolano hacia Estados Unidos está actualmente controlado en su totalidad por Chevron, el principal socio de PDVSA en empresas mixtas, operando bajo autorización estadounidense. En las últimas semanas, Chevron ha estado exportando entre 100.000 y 150.000 barriles diarios de petróleo venezolano, siendo la única empresa que carga y envía crudo sin interrupción a pesar del bloqueo.

Ese detalle importa porque aclara quién puede mover el petróleo en la práctica—y quién puede quedarse mirando las facturas. Las sanciones significan que PDVSA está excluida del sistema financiero global: cuentas bancarias congeladas, transacciones bloqueadas y acceso a dólares estadounidenses prácticamente cerrado. Incluso cuando los barriles se mueven, sigue sin estar claro si Venezuela tendrá algún acceso a los ingresos.

Esta es la paradoja de los regímenes de sanciones que los latinoamericanos conocen demasiado bien: a un país se le puede decir que está siendo “ayudado”, mientras el Estado que debe reconstruir hospitales, escuelas e infraestructura básica está impedido de recibir los pagos que podrían financiar esa reconstrucción. El resultado es una política de resentimiento, donde un acuerdo que podría estabilizar la producción también profundiza la sensación de que Venezuela está siendo gestionada más que negociada.

Las señales del mercado reaccionaron rápidamente. Tras el anuncio de Trump, los precios del crudo estadounidense cayeron más de 1,5 por ciento, con operadores esperando mayores volúmenes de petróleo venezolano en las refinerías de EE.UU. El crudo insignia de Venezuela, Merey, se ha estado vendiendo a unos 22 dólares por barril por debajo del Brent para entrega en puertos venezolanos, situando el valor del acuerdo en hasta 1.900 millones de dólares. Para quienes están lejos de las mesas de negociación—trabajadores portuarios en la Costa del Golfo de EE.UU., familias en Caracas contando los días hasta el próximo pago—esas cifras se traducen en algo más simple: si el dinero fluirá, y hacia quién.

China en la mira, subastas sobre la mesa y un nuevo juego de poder

Detrás de la cifra principal hay un objetivo igualmente estratégico: la geografía. Dos fuentes dijeron que suministrar el crudo atrapado a Estados Unidos podría requerir inicialmente reasignar cargamentos que originalmente iban destinados a China, país que ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década, especialmente después de que Estados Unidos impusiera sanciones en 2020 a empresas involucradas en el comercio petrolero. El acuerdo se presenta como una desviación de barriles lejos de Pekín—un redireccionamiento de influencia disfrazado de logística.

Por eso también Trump ha presentado la negociación como una herramienta de presión sobre Caracas, exigiendo que el gobierno abra el sector a empresas petroleras estadounidenses o enfrente más intervención militar. Delcy Rodríguez, juramentada como presidenta interina el lunes, entra en este momento bajo sus propias restricciones: está bajo sanciones estadounidenses impuestas en 2018 por socavar la democracia. El panorama político es un nudo, y el petróleo es la cuerda que se tira desde ambos extremos.

Funcionarios de ambos lados discuten, según reportes, mecanismos de venta que podrían definir el próximo capítulo, incluyendo posibles subastas que permitirían a compradores estadounidenses interesados pujar por cargamentos, y la emisión de licencias estadounidenses a socios comerciales de PDVSA. Licencias anteriores han permitido a socios y clientes como Chevron, la india Reliance, la china CNPC y las europeas Eni y Repsol acceder al crudo venezolano para refinar o revender. Algunas de esas empresas ya han comenzado a prepararse para recibir cargamentos venezolanos nuevamente.

Incluso se habla de si el petróleo venezolano podría algún día usarse en la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU., aunque Trump no mencionó esa posibilidad. Mientras tanto, el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, calificó el aumento del flujo de crudo pesado venezolano hacia la Costa del Golfo como “una gran noticia” para la seguridad laboral, los futuros precios de la gasolina y para Venezuela, diciendo que el país tiene la oportunidad de reconstruirse con “tecnología estadounidense” y “asociación estadounidense”.

Para los latinoamericanos, esa promesa tiene un filo doble conocido. Sí, el aumento de exportaciones puede aliviar la presión sobre los recortes de producción y los límites de almacenamiento. Sí, las refinerías de la Costa del Golfo de EE.UU. pueden procesar crudo pesado y alguna vez importaron alrededor de 500.000 barriles diarios antes de las primeras sanciones energéticas. Pero la pregunta de fondo es si este arreglo trata a Venezuela como un socio con agencia—o como un reservorio que se abre, se tasa y se supervisa.

Al final, el detalle más humano de esta historia puede ser el más silencioso: los funcionarios venezolanos y PDVSA no ofrecieron comentarios. El silencio puede ser estratégico, pero también puede ser señal de shock—de un país que ve su destino negociado en barriles mientras su centro político aún tambalea. En Caracas, el acuerdo puede mover petróleo. La tarea más difícil es mover a una nación de regreso al control de su propia historia.

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