La lucha continua de Chile por el acceso seguro y legal al aborto

El aborto sigue siendo un tema polémico en Chile, donde la restrictiva ley de las tres causales ha obligado a innumerables mujeres a recurrir a procedimientos clandestinos. Mientras el gobierno prepara un nuevo proyecto de ley, activistas sostienen que la falta de información y el temor persistente dificultan el acceso legal y seguro.

Opciones clandestinas ante restricciones legales

Aunque Chile despenalizó el aborto bajo tres circunstancias específicas en 2017—riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo producto de una agresión sexual—los activistas afirman que el acceso legal sigue siendo limitado y plagado de obstáculos. Muchas mujeres, ante la confusión y el miedo a represalias, optan por procedimientos clandestinos en lugar de enfrentarse a un sistema burocrático y hostil.

Esta realidad ha sido documentada por Observadoras de la Ley del Aborto (OLA), una organización que monitorea la implementación de la ley y brinda apoyo a quienes lo necesitan. Según datos de OLA, solo en 2023, 906 mujeres que cumplían al menos con una de las tres causales pidieron ayuda.

El 76 % de ellas no acudió a centros de salud públicos debido a la falta de información clara, el temor a ser interrogadas, el maltrato o incluso la posibilidad de recibir sanciones por parte del personal médico.

Organizaciones de derechos de las mujeres denuncian que la atención reproductiva en los hospitales chilenos está marcada por la violencia obstétrica. Pacientes han reportado episodios de abuso verbal, presión para continuar con embarazos no deseados o incluso la negativa del personal a realizar el procedimiento a pesar de su legalidad.

“Hemos visto muchos casos de crueldad y hasta tortura en hospitales. A veces, las mujeres son humilladas o sometidas a un interrogatorio constante sobre su decisión”, afirma Milena Meza, cofundadora de OLA.

El temor a enfrentar este ambiente hostil lleva a muchas mujeres a abortar por su cuenta, ya sea adquiriendo medicamentos de fuentes no oficiales o recurriendo a procedimientos inseguros, lo que pone en riesgo tanto su salud como su seguridad legal.

Historias personales y fallas sistémicas

Un caso representativo es el de Macarena Asenjo, activista de 38 años, quien en 2018 enfrentó un embarazo no deseado mientras lidiaba con problemas de salud mental que ponían en riesgo su vida. A pesar de cumplir con las condiciones legales para acceder a un aborto, sintió terror ante la posibilidad de ser juzgada o castigada en un hospital.

“El solo hecho de pensar en ser cuestionada o sancionada por alguna tecnicidad fue suficiente para alejarme del sistema de salud”, explica. “No hay información clara ni accesible, y sabía que los objetores de conciencia pondrían en duda mi historia, así que decidí interrumpir el embarazo en casa, con el apoyo en el que confiaba”.

La ley chilena permite que los profesionales de salud se declaren objetores de conciencia si la práctica del aborto va en contra de sus creencias. Sin embargo, activistas y expertos legales denuncian que este derecho se usa de forma abusiva.

“Alrededor del 45 % de los obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia en casos de violencia sexual”, señala Camila Maturana, directora de Corporación Humanas. “Pero la realidad es que algunos de estos profesionales están bloqueando el acceso a un derecho garantizado por la ley”.

El Ministerio de Salud ha propuesto nuevas regulaciones para evitar el uso indiscriminado de la objeción de conciencia, pero el proceso se encuentra estancado en la revisión administrativa. Mientras tanto, las mujeres siguen enfrentando barreras adicionales para acceder a servicios que ya son limitados.

Otro problema es la excesiva medicalización del aborto en Chile. Algunos médicos, en lugar de seguir los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, optan por métodos más invasivos y antiguos, lo que demuestra la falta de capacitación y expone a las pacientes a mayores complicaciones.

Redes feministas y el futuro

Ante las deficiencias del sistema de salud público, los colectivos feministas han tomado un rol clave en la provisión de información y apoyo. “La salud de las mujeres en Chile está siendo protegida más por organizaciones feministas que por los hospitales”, señala Meza.

Estos grupos entrenan voluntarias para guiar a las mujeres en el uso seguro de medicamentos abortivos y brindar apoyo emocional cuando los canales oficiales fallan.

“Muchas mujeres, incluidas menores de edad, están atravesando este proceso solas o con la ayuda de redes feministas porque no confían en los hospitales”, dice Siomara Molina, coordinadora de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. Aunque estas redes operan de manera informal, se han convertido en salvavidas en un contexto donde el estigma y la burocracia pesan más que las protecciones legales.

El gobierno de Gabriel Boric ha prometido presentar un nuevo proyecto de ley de aborto antes de marzo de 2026. Organizaciones de derechos de las mujeres esperan que esta nueva legislación reemplace la actual norma de las tres causales y permita el aborto sin la necesidad de justificar razones. Argumentan que las condiciones impuestas por la ley actual solo fomentan decisiones ocultas y tratos discriminatorios, llevando a muchas a recurrir a procedimientos inseguros.

Grupos como Corporación Miles y Observadoras de la Ley del Aborto destacan una estadística alarmante: mientras que se estima que entre 60,000 y 300,000 abortos clandestinos ocurren cada año en Chile, solo 5,905 se han realizado de manera legal desde la promulgación de la ley en 2017.

“Cuando se mantienen leyes que criminalizan el aborto, no se soluciona el problema”, enfatiza Maturana. “Simplemente se dificulta aún más el acceso a la atención médica”.

Para aquellas mujeres que logran acceder a servicios legales, la experiencia puede ser positiva, pero depende en gran medida del personal médico que las atienda. Algunos profesionales han sido elogiados por brindar una atención compasiva y respetuosa, mientras que otros han generado un ambiente hostil basado en sus creencias personales o institucionales.

Macarena Asenjo recuerda su experiencia y no se arrepiente. “Hoy reafirmo mi decisión de priorizar mi vida y mi salud”, dice. “No fue una elección fácil. Nadie opta por un aborto por gusto. Pero debemos tener leyes y una comunidad que respete nuestras decisiones”.

Muchos activistas creen que el cambio legal debe ir acompañado de un cambio social. “La despenalización social del aborto”, propone Javiera Carrera, directora de Corporación Miles, “conducirá finalmente a su despenalización legal”.

Para ello, las organizaciones feministas trabajan en abrir espacios de diálogo, reforzar la educación sobre derechos reproductivos y ofrecer información clara a las mujeres. Por ahora, la lucha sigue en dos frentes: la presión para cambiar las instituciones y el apoyo inmediato a quienes necesitan ayuda.

Lea Tambien: Reunión Familiar Enfrenta Adopciones Ilegales Pasadas en Chile

La esperanza de feministas y aliadas en Chile es que, al derribar el estigma y la desinformación, las futuras generaciones hereden una sociedad donde los derechos reproductivos sean reconocidos como fundamentales y ninguna mujer deba recurrir a la clandestinidad para acceder a la atención médica que necesita.