Máscaras sindicales y dinero del narco desafían la lucha de Sheinbaum a mitad de sexenio
A medida que México se acerca al ecuador del mandato de Claudia Sheinbaum, operadores del narco se infiltran en camisas sindicales, convirtiendo la extorsión en trámites. Detenciones en La Laguna y Ecatepec muestran cómo frentes de CATEM y grupos locales de “protección” explotan a empresas—y cómo el Estado intenta responder.
El poder se concentra mientras el crimen se mimetiza
El año cierra con México atrapado en una carrera conocida contra el calendario: el gobierno intentando demostrar que puede gobernar, y el crimen organizado intentando demostrar que puede perdurar. De cara al ecuador del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Ejecutivo está reforzando su control—a través de cambios clave en la Fiscalía General de la República (FGR) y el andamiaje institucional construido mediante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dentro de la Secretaría de Hacienda. En teoría, esa consolidación debería traducirse en investigaciones más limpias, integración de casos más rápida y menos puntos ciegos donde el dinero desaparece y la violencia reaparece.
En la práctica, el reto es inmenso precisamente porque el enemigo ha cambiado de uniforme. Los operadores criminales de hoy no siempre se ven como hombres armados apostados en una carretera. Cada vez más, se parecen a trámites: alguien con un sello, una credencial, una camisa sindical, un “servicio” ofrecido a pequeños negocios que no pueden darse el lujo de rechazar. Los cárteles y las bandas se han vuelto más sofisticados en sus disfraces y protecciones, al tiempo que fortalecen sus vínculos con quienes ostentan el poder. En esa convergencia—el crimen aprendiendo a hablar el lenguaje institucional, y las instituciones luchando por depurar tejido comprometido—los ciudadanos se vuelven el daño colateral: ganaderos presionados para pagar por mover ganado, comerciantes pagando “protección”, familias viendo cómo la economía local se convierte en una economía de peaje.
El detalle más corrosivo es la manera en que la legitimidad misma se convierte en arma. Cuando las organizaciones criminales se hacen pasar por sindicatos o utilizan organizaciones legítimas para explotar la economía legal, hacen más que robar dinero. Roban el lenguaje al que la gente común recurre para pedir ayuda—derechos laborales, representación, defensa—hasta que esas palabras suenan a amenaza. El resultado es una precariedad que se siente administrativa más que dramática: menos enfrentamientos abiertos, más pagos silenciosos, más miedo disfrazado de trámite.
El Limones y la camisa sindical que abría puertas
Esa nueva gramática criminal quedó expuesta en La Laguna, una región del noreste de México, donde las recientes operaciones estatales sugieren que se está observando, escuchando e intentando desmantelar redes alertadas por ciudadanos y autoridades locales. El caso más emblemático es la detención de Edgar N., alias “El Limones”—presunto integrante de Los Cabrera, una de las ramas del Cártel de Sinaloa en la zona, quien además ocupaba un cargo dentro de la estructura regional de CATEM, uno de los sindicatos más grandes del país.
La magnitud de la respuesta mostró lo que estaba en juego. El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, detuvo a cinco colaboradores y congeló varias cuentas bancarias vinculadas a la red. Las autoridades afirman que el grupo extorsionaba a ganaderos y comerciantes, robaba combustible y lavaba dinero para Los Cabrera—el tipo de portafolio que convierte una extorsión local en un proveedor de servicios para el cártel. El gobierno federal sostiene que El Limones “recibió millones de dólares en depósitos de origen injustificado”, transfirió fondos a empresas vinculadas al lavado de dinero y participó en la compra y venta de bienes raíces, vehículos de lujo, joyas, relojes y apuestas. Lo importante no es el lujo en sí, sino cómo supuestamente se adquirió: usando la marca sindical como llave de acceso a la economía legal.
Para llevarlo a cabo, el presunto criminal vestía la camisa de CATEM, tanto en sentido literal como figurado. Y CATEM no es una estructura marginal. Es un sindicato con millones de afiliados, fundado hace 15 años por Pedro Haces, un referente parlamentario dentro de Morena. Tras la detención, Haces publicó un video intentando deslindarse de El Limones, separando la actividad sindical del saqueo extorsivo. Pero la política rara vez se mueve a la velocidad de las pruebas en redes sociales. Circularon fotografías de Pedro Haces junto a El Limones, y de El Limones con dirigentes sindicales en La Laguna. Incluso la imagen con pie de foto de Armando Cobián, Pedro Haces y Edgar Rodríguez “El Limones” se volvió una metáfora sombría: la cercanía que se niega a sí misma.
Para el gobierno, este es el tipo de operación que no puede evaluarse solo por la detención. También es una prueba de cuán dispuesto está el gobierno a cortar de raíz las redes que conectan el crimen con el poder político. La situación no es sencilla para el equipo de Sheinbaum, que intenta erradicar el problema sin herir de muerte a una u otra facción dentro de Morena—una cirugía de extrema complejidad. Individuos como El Limones prosperan porque pueden conectarse al poder desde múltiples frentes: la administración, los sindicatos y los jefes locales que gestionan el acceso. Cada mes que pasa sin sentencias profundiza esas conexiones y hace más difícil desmantelar la red. La tentación de no intervenir crece precisamente porque intervenir implica exponer el cableado.
El espejo de Ecatepec y el lento trabajo de la justicia
El patrón no se limita a La Laguna. En los últimos seis meses, otra detención ha evidenciado lo fácil que el sindicalismo criminal puede fabricar legitimidad a plena luz del día. Las autoridades capturaron a Alejandro Gilmare, alias “Choko”, ex policía ministerial del Estado de México, quien encabezaba una organización llamada La Chokiza. Se presentaba como un sindicato informal que ofrecía a sus miembros asesoría legal, publicidad para negocios, protección contra extorsión y otros servicios. Era popular—tan popular que Azucena Cisneros, la alcaldesa de Ecatepec y militante de Morena, grabó un video con Gilmare celebrando el aniversario de la organización. Gilmare también mantuvo una relación sentimental con Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc en Ciudad de México—un recordatorio de que la cercanía social puede ser tan valiosa como el poder de fuego.
Ahora, las autoridades acusan a El Choko y sus colaboradores de extorsión, homicidio y robo de propiedad, junto con otros exintegrantes de la banda. Su trayectoria deja una lección sombría: lo rápido que estas figuras pueden acumular poder, y lo lento—por saturación o negligencia—que puede responder el Estado. En un país donde la extorsión se ha vuelto un problema nacional creciente, el objetivo de estas detenciones no puede limitarse a anunciar acción. Debe ser construir casos que sobrevivan en tribunales, traducir inteligencia en sentencias y demostrar que las marcas de “protección” no serán toleradas cuando funcionan como gobiernos depredadores.
Ecatepec ofrece otro ejemplo en Guillermo Fragoso, un veterano del sindicalismo criminal buscado por extorsión y secuestro, y descrito como rival de La Chokiza. Se movió por el sindicato Libertad, luego creó otros, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y el Sindicato 25 de Marzo. Al igual que El Limones, presuntamente construyó una red de relaciones más allá de su municipio que le permitió avanzar durante años. Su nombre incluso aparece en una investigación que involucra a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, y una supuesta red criminal cuyos líderes, Jacobo Reyes y Jorge Alberts, describen a Fragoso como facilitador—alguien que puede prestar “gente”, presentarlos con alcaldes y ayudar a mover armas.
Esta es la verdadera frontera que enfrenta México: un crimen que no solo combate al Estado, sino que lo habita—a nivel local, estatal y federal—usando la legitimidad como camuflaje. En ese escenario, las detenciones son la primera puntada, no la cura. El juicio y la sentencia son las únicas formas de suturar las heridas y empezar a sanar un Estado golpeado, porque ponen a prueba si el poder está dispuesto a perseguir los mismos disfraces de los que históricamente ha dependido. El trabajo es lento, doloroso y políticamente riesgoso. Pero la alternativa es peor: un país donde las camisas sindicales se vuelven uniformes de depredación y donde la economía legal es solo otro territorio por conquistar.
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