Tierra ancestral vs. un Estado carcelario: la batalla de la comuna Huancavilca en la costa ecuatoriana
En las tierras bajas de la provincia de Santa Elena, Ecuador, donde el aire huele a sal y a resina del bosque seco, la comuna indígena Huancavilca asegura que el gobierno está construyendo una fortaleza sobre su pasado: una prisión de máxima seguridad que se levanta en suelo ancestral. Lo que comenzó como una disputa local por límites se ha convertido en algo mayor: una prueba de hasta dónde puede llegar un país en nombre de la seguridad antes de borrar a quienes estuvieron allí primero.
Títulos ancestrales contra una prisión emblemática
A pocos kilómetros polvorientos de Bajada de Chanduy, obreros con cascos vierten cemento bajo el sol abrasador de la costa. El sitio, según el gobierno, albergará pronto la “Cárcel del Encuentro”, la prisión insignia de la guerra del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado. Pero para quienes viven cerca, el proyecto se erige como un monumento a la exclusión.
“Hemos agotado todas las instancias en el país, así que llevamos nuestro caso ante organismos internacionales”, dijo Carola Cabrera, una mujer huancavilca de Bajada de Chanduy, en una entrevista con EFE. Afirma que el Estado ignoró los títulos ancestrales de la comuna y omitió la consulta previa obligatoria con los habitantes indígenas. “Han decidido ignorarnos porque insisten en que el terreno no pertenece a Bajada de Chanduy”, explicó. “Independientemente de lo que digan sus papeles —que no reconocemos—, nuestros títulos ancestrales nos ubican allí, y la comuna se extiende un kilómetro más allá de esa prisión en construcción.”
Para los Huancavilca, el problema va más allá de la geografía. Según la Constitución ecuatoriana y el derecho internacional, cualquier proyecto en territorio indígena requiere consulta libre, previa e informada. En cambio, llegaron primero las retroexcavadoras. El ministro del Interior, John Reimberg, ha anunciado que la prisión estará terminada a finales de noviembre. Cada actualización pública cae como un golpe: una prueba de que las decisiones se tomaron sin ellos, y de que su tierra puede ser borrada por decreto.
De los rechazos judiciales a la ruta interamericana
La comuna ya ha agotado todas las vías legales internas. Las denuncias presentadas en tribunales provinciales y los recursos constitucionales en Quito han fracasado. “Hay indefensión porque el sistema judicial le ha dado la espalda a las comunas ancestrales”, dijo Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, que representa el caso.
Explicó a EFE que las demandas se basan en derechos colectivos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Ya existe una violación consumada porque se construyó una prisión de máxima seguridad en sus territorios”, afirmó. “Se ha violado el derecho a la propiedad comunitaria —reconocido por la Convención Interamericana—, así como los derechos a la autodeterminación y a la identidad.”
Habiendo llegado al final del camino judicial en Ecuador, la comunidad ahora mira hacia afuera: a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando medidas cautelares que detengan el daño ambiental y, en última instancia, un fallo que siente precedente. “Hemos decidido activar el Sistema Interamericano para presentar este caso como emblemático”, explicó Bastias. “Si la Comisión falla a nuestro favor, podría fortalecer el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunas en todo Ecuador.”
En paralelo, los pobladores planean un último recurso nacional: una petición para detener cualquier descarga que contamine su río mientras se realizan evaluaciones de daños. Pero para muchos en Bajada de Chanduy, la fe en las soluciones internas ya se ha erosionado, como el propio río del que dependen.
Agua que se pudre y un bosque en disputa
Si se sigue el curso del río —Las Negras—, la historia se ensombrece. Donde antes los niños nadaban y los agricultores extraían agua clara para sus cultivos, hoy los vecinos señalan una película verdosa y un olor acre. Cabrera cree que la contaminación proviene de una tubería conectada al sitio de la prisión. “Nos están matando”, dijo a EFE, con la voz quebrada. “Era un río de agua cristalina. Ahora el agua apesta porque están vertiendo aguas residuales en él.”
Las agencias gubernamentales niegan cualquier irregularidad. El Ministerio del Ambiente sostiene que el área no es tierra protegida ni parte del Patrimonio Forestal Nacional, y que se han cumplido todas las normas ambientales. Pero los comuneros responden que las designaciones en papel significan poco si el bosque mismo muere. El bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más raros de la región, rodea la zona de construcción, y los lugareños aseguran que ya ha sido talado y compactado.
Los temores van más allá de la contaminación. “Cuando la prisión empiece a funcionar, los familiares de esos reclusos de alto riesgo vendrán a amenazar a las comunas para quedarse con nuestros territorios”, advirtió Donald Cabrera, otro habitante, en declaraciones a EFE. “Lo que el gobierno busca con este proyecto es desplazar a las comunidades.”
Algunas familias han dejado de salir de noche. Las mujeres van por agua en pareja. Los agricultores evitan el camino que bordea el sitio. La sensación es de algo irreversible: seguridad para la nación, inseguridad en casa.
Cómo se ve la justicia después del corte de cinta
El Estado llama a la nueva prisión esencial, una respuesta ante las bandas que han convertido la costa ecuatoriana en un campo de batalla. Los Huancavilca la llaman una violación de derechos, prueba de que cuando gobierna el miedo, la consulta es lo primero que muere. Los tribunales han respaldado la construcción, pero la comuna promete seguir luchando mucho después de que se corte la cinta inaugural.
“Aunque la abran, aunque empiece a funcionar, exigiremos que la cierren, que reparen el bosque”, dijo Carola Cabrera a EFE. Su esperanza, improbable pero clara, es transformar la estructura misma. “Si alguna infraestructura puede aprovecharse, que se convierta en un centro científico de investigación y restauración de ecosistemas de bosque nativo.”
Suena utópico entre el ruido de camiones y grúas, pero resume lo que está en juego: quién decide el destino de un lugar. Por ahora, la prisión se eleva rápido; las peticiones avanzan lento. Entre esas dos líneas de tiempo, la vida diaria continúa: agricultores trazando canales de riego junto a un arroyo contaminado, niños cruzando puentes de madera hacia la escuela, y ancianos recordando cuando ese agua aún corría clara.
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La Cárcel del Encuentro pretende simbolizar un Estado que recupera el control frente al crimen. En Bajada de Chanduy, simboliza otra cosa: una lucha por pertenecer, por el derecho a ser consultados, por la dignidad de decir “esta tierra es nuestra.”
Ya sea que la respuesta llegue desde Quito o desde Washington, los Huancavilca ya han declarado cómo se ve la justicia: no otro muro, sino un río que vuelva a correr limpio.
