¿Por qué la Asamblea Nacional aprobó continuar el proceso judicial contra Nicolás Maduro por presuntos nexos con Odrebecht?

La Asamblea Nacional (AN), decidió avanzar en el proceso de juicio contra el presidente Nicolás Maduro, acogiendo la denuncia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según la cual el presidente Nicolás Maduro estaría implicado en presuntos actos de corrupción relacionados con la multinacional brasilera Odebretch. La decisión nace a raíz de la solicitud de la exfiscal, Luisa Ortega Díaz, quien presento pruebas contundentes ante el TSJ, donde se evidencian actos de corrupción y legitimación de capital, donde además estaría implicado Maduro y otros miembros del gobierno nacional.

Read in english: Venezuela: Maduro on the edge of the sword?

En la denuncia, Ortega también solicitó al Tribunal Supremo que fuera emitida una alerta roja internacional contra Maduro ante la Interpol, adicional al congelamiento de sus cuentas bancarias. Una vez cumplidos los trámites, la petición fue alzada ante la AN, quienes deberán continuar con los trámites, para la determinar situación jurídica del ejecutivo venezolano. Es de destacar que, tras llevar a votación la propuesta de continuar el juicio contra el presidente venezolano, la participación en el hemiciclo contó con un respaldo de 105 votos a favor y sólo dos en contra. 

Tan pronto se dio a conocer esta decisión por parte de la AN, la exfiscal manifestó en su cuenta twitter que: “El Ministerio Público a mi cargo, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y la Asamblea Nacional, hemos cumplido con nuestro deber histórico. Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional (FAN) acatar esta decisión y proceder a la captura del hasta hoy presidente Constitucional de Venezuela”

Por otra parte, desde la alta cúpula del Gobierno venezolano, el actual fiscal general de la república, Tarek William Saab, catalogó como un acto "bufo" e "ilegal" proceder con la solicitud del antejuicio de mérito al gobierno de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que los entes que estarían llevando a cabo el procedimiento son "ilegítimos" ante el Gobierno nacional.

Entre las acusaciones concretas que realizó la exfiscal ante el TSJ, Ortega aseguró que la compañía brasilera pagó una cantidad de USD 98 millones a funcionarios venezolanos y expuso irregularidades en la construcción de un puente sobre el Lago de Maracaibo a cargo de Odebretch. Ortega aseveró que desde el ejecutivo nacional se pagó la cantidad de USD 407 millones por "unas obras donde no hay claridad".  

Hay que acotar que este hecho toma mayor relevancia debido a la cantidad de denuncias contra el mandatario venezolano, quien además tiene en su haber casos ante la Corte Penal Internacional: crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra que hayan sido cometidos a partir del 1 de julio de 2002. Adicional a esto, se hizo pública la solicitud de 107 parlamentarios de Perú contra Nicolás Maduro, Néstor Reverol ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela y al miembro de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello por genocidio, alzando la demanda ante la CPI. 

Para tener en consideración, la denuncia realizada por parte de Ortega Díaz fue introducida en el mes de febrero, donde además solicitó un antejuicio de mérito, para indagar en los delitos de corrupción propios y legitimación de capitales. Sin embargo, el presidente Maduro no asistió al llamado, donde se le citó para testificar ante el Tribunal Supremo, el pasado 3 de abril.  

¿Será atendido el llamado? 

Si bien la Asamblea Nacional, fue elegida mediante clamor popular con un proceso de votación, actualmente sus funciones fueron limitadas casi en su totalidad con la creación, de forma arbitraria, de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta situación le quita aún mayor validez a la posición del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados fueron designados por parte de la AN. 

Entendiendo esta situación, la primera coyuntura a superar será el reconocimiento del TSJ por parte de otros países, cabe recordar que por su condición, los magistrados que componen este organismo fueron juramentados el 13 de octubre del año pasado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, EEUU, y conformaron el tribunal en el exilio. 

Esto implica que muchos de los países del Alba no han dado reconocimiento ni mucho menos validez a este TSJ. Añadido a esto, es una situación que podría marcar un antecedente único e histórico teniendo en cuenta la precaución diplomática que podría existir mediante este caso, la interrogante mayor estará en si habrá aval de otros países a esta decisión. 

Salvatore Lucchese, abogado y político, destaca un factor importante en este caso: "se trata que si bien hay un TSJ designado por parte de la AN, su condición en exilio lo debilita y más aún cuando dentro del territorio venezolano, existe un Tribunal Supremo designado por el Gobierno nacional, lo que hace casi imposible que las fuerzas de orden nacional capturen a Maduro".  Otro de los aspectos resaltados es la condición actual de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, lo que hace muy difícil que la Interpol decida ingresar al territorio a hacer captura de un presidente en función.  

Por último, falta por determinar la decisión de la FANB con relación a este caso, debido a que, a pesar del llamado por parte de la exfiscal, el TSJ y la AN, es muy complicado que la decisión de captura del presidente venezolano se dé desde el seno de esta institución, donde además de manera continua se ha ratificado el apoyo absoluto al ejecutivo nacional, como indicaría una revisión de los antecedentes.

Lo cierto del caso es que en el transcurrir de los próximos días se determinarán las decisiones y posiciones que tomen los organismos tanto nacionales como internacionales ante este asunto que pone a Maduro al filo de la espada, en vísperas de un proceso electoral que fue fuertemente criticado e incluso desconocido en marco de la VIII Cumbre de las Américas.

Latin American Post | Julio Abella

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