Los recientes incrementos de inseguridad en el Estado de Río de Janeiro ponen en evidencia que la militarización no es una solución efectiva para controlar el crimen organizado

El pasado jueves 3 mayo, como consecuencia de operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro, se originaron intercambios de tiroteos que provocaron pánico entre ciudadanos y turistas, así como grandes atascamientos en importantes arterias viales, tal cual lo reporto Fogo Cruzado, la aplicación que registra tiroteos y violencia armada. El incidente ha puesto el decreto N° 9288 en el ojo del huracán.

Leja em português: Rio de Janeiro: A dureza reduz a criminalidade?

El decreto

El 16 de febrero del 2018, Michel Temer, el presidente de Brasil, firmó el decreto N° 9288 el cual otorgó un amplio poder a las fuerzas armadas para combatir la violencia en todo el Estado de Río de Janeiro, en especial en su capital homónima.

En el acto de ceremonia el presidente afirmó: “el crimen organizado casi ha tomado control del estado de Río de Janeiro. Es una metástasis que se esparce por el país”. Cuatro días después la Cámara de Diputados aprobó dicho decreto con un total de 340 votos a favor y 72 en contra.

Este documento permite al gobierno federal intervenir militarmente en Río en asuntos de seguridad pública bajo el comando del general Walter Souza Braga Netto. Al igual, autoriza a las fuerzas militares omitir cualquier ley nacional que pueda impedir el control del orden público, le otorga poder sobre las fuerzas policiales, la libre utilización de recursos financieros, tecnológicos y estructurales del Estado de Río que dicha institución solicite.

La criminalidad

Entre los hechos más notados se encuentra el asesinato de la concejala y defensora de Derechos Humanos Marielle Franco el día 14 de marzo de 2018 a quien le dispararon mientras se encontraba su carro en movimiento en una zona centrica de la capital del estado conocida como Lapa.

Otra de las actividades que más afectan la percepción de seguridad entre los cariocas se encuentra el aumento de 106.00 casos de robos a transeúntes y vehículos en el año 2011 a más de 230.000 de estos casos al final del 2017, según lo reporta el observatorio de la intervención de la Universidad Cándido Méndes en su reporte titulado "A la deriva, sin programa, sin resultados y sin rumbo 2018".

Estos hechos, aunados a los altos índices de asesinatos de policías y civiles en el 2017, fue una de las razones por las cuales el gobierno federal decidió militarizar el Estado de Río de Janeiro.

La inseguridad

No obstante, la llegada de fuerzas armadas al territorio ha ocasionado una respuesta mucho más violenta de parte del crimen organizado y a su vez aumenta las preocupaciones de los cariocas frente a su seguridad. El 30% de los ciudadanos encuestados por el observatorio afirman haberse encontrado en medio de un tiroteo y el 90 % de los mismos afirma tener miedo a morir en un robo o como causa de una bala perdida.

Las estadísticas presentadas en dicho informe exponen un aumento de 203 tiroteos luego de la intervención militar en el Estado de Río.  También se contrasta que antes de la implementación del decreto se reportaban 262 muertes, en comparación con los dos meses posteriores a la ejecución del mismo en donde se registran hasta ahora 284 muertes.

Esto significa que en más de dos meses de intervención militar, el gobierno de Brasil está intensificando hechos de violencia, en vez de disminuir el índice de inseguridad entre los habitantes de Río en los casos de tiroteos, de muerte por balas perdidas o asesinatos.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, dado que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar militarmente a un enemigo, no a la protección y control de civiles”.

Latin American Post | Henry Alonso Galindo Rojas

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