Después de casi siete meses desde la intervención política del Poder Ejecutivo en la Generalitat de Cataluña, la pregunta que surge ahora es: ¿cuáles son los efectos de esta decisión en la comunidad autónoma?

El pasado 20 de mayo, el diario El País de España hizo pública la decisión del presidente Mariano Rajoy de mantener la intervención política que su gobierno tiene sobre Cataluña. Según un comunicado de prensa del poder Ejecutivo, la medida se tomó por una “provocación” del Govern catalán, en relación con la elección de los consejeros de la Generalitat (sistema institucional catalán) a cargo del nuevo presidente de la comunidad autónoma española, Quim Torra.

Read in english: What consequences has the intervention of the Spanish Government left in Catalonia?

La polémica surge debido a que los nuevos funcionarios tienen antecedentes judiciales ante la ley española. De hecho, varios están prófugos, de acuerdo con El País.

¿Por qué la intervención política?

En el artículo 155 de la Constitución política española se explican las facultades propias del gobierno nacional para contrarrestar las amenazas provocadas por las comunidades autónomas, en contra de la Unión y el Estado de Derecho en España.

Textualmente se refiere a: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Según El País, ante la decisión casi que unánime del Govern catalán, en cabeza del expresidente Carles Puigdemont, de optar por una Cataluña independiente, el presidente Mariano Rajoy decidió poner en marcha el artículo 155 y cancelar las actividades gubernamentales en dicha región. Desde el pasado 27 de octubre la ‘autonomía’ de Cataluña descendió en gran manera.

Respuesta catalana

Sin embargo, la intervención solo fue un puente para consolidar un nuevo Govern, con base en las elecciones que se llevaron a cabo el 27 de diciembre del año pasado.

En dichos comicios, el Parlamento no tuvo mayor transformación al conservar el secesionismo como ideología mayoritaria. Además, en las pasadas elecciones presidenciales del 17 de mayo, el independentista Quim Torra se quedó con el puesto.

En consecuencia, desde su llegada al poder Torra no ha evitado tener roce alguno con el Gobierno español. Por el contrario, la elección de su nuevo Consejo ha sido tomado como un agravio para el Ejecutivo.

“Los llamamientos a abrir ‘una etapa nueva’ en Cataluña, que el Gobierno central busca desde la toma de posesión de Quim Torra, como presidente de la Generalitat, no han tenido el menor eco. Esta es la certeza del Ejecutivo al conocer la lista de consejeros con los que el presidente catalán quiere conformar su Govern”, redactó El País.

¿Quién sufre con todo esto?

Sin duda alguna la soberanía catalana es la principal afectada por las acciones que vienen desde el Gobierno de España. Además de la intervención política, también existe una económica que le impide a Cataluña tener control sobre el dinero gubernamental dentro de dicha región, como precaución de las autoridades españolas para evitar la financiación de movimientos y/o grupos que puedan tener como fin propagar la ideología separatista.

En consecuencia, para antes de finalizar el 2017, más de 31 de millones de euros, los cuales representaban la ayuda para el sector agrario en Cataluña, quedaron estáticos. Debido a esto se volvió imposible financiar los créditos correspondientes para el agro en 2018.

Igualmente, las relaciones internas entre catalanes están cada  vez más rotas, según diferentes medios desde la consulta separatista. La distancia entre los que defienden la independencia y los que no, se hace cada vez más grande. De hecho, los representantes del poder catalán han entrado en dicha disputa. En algunas zonas de la comunidad autónoma como Canet de Mar, Llafranc y Calella de Palafrugell, se ha establecido una disputa territorial e ideológica por el exorbitante uso de la simbología separatista y las acciones con las que los pro-España responden.

No obstante, la reacción de las autoridades locales es directamente proporcional con el pensamiento político que defienden. Los que tienen afinidad con la idea de separación consideran las acciones de los independentistas como “formas de libre expresión”; mientras que los defensores del Gobierno español juzgan, aún con represión, dicha conducta.

Por supuesto, esta ‘enemistad’ se transmite al resto del país. En algún momento Rajoy consideró la decisión como una medida “para evitar el secuestro inadmisible a los catalanes y hurto de una parte de su territorio al resto de españoles”. Estas últimas palabras han sido acogidas entre cientos de los ciudadanos del resto de España, quienes ven en las ideas separatistas una forma de “iniciar con el fin de la Unión española”, según afirmaron varias personas en entrevista con el diario El Mundo.

De esta forma, la intervención en Cataluña no solo afecta a los ideales  políticos de los sectores separatistas, sino a las relaciones ciudadanas (cultura, economía y sociedad) entre Cataluña y el resto de España.

Latin American Post | Christopher Ramírez Hernández

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