La nación centroamericana tiene una enorme deuda social con la población de orientaciones e identidades sexuales diversas

El mundo ha dado pasos significativos en pro de los derechos de la población sexualmente diversa. Gran parte de los países americanos legalizó el matrimonio igualitario, y otros admitieron uniones homosexuales con derechos limitados. El 9 de enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un concepto por consulta del gobierno costarricense, en el que ordena a las 20 naciones que reconocen su competencia garantizar a las parejas homosexuales todas las facultades de ley, sin ningún tipo de discriminación. Además demandó reconocer el derecho al cambio de nombre en documentos personales según la identidad de género.

Costa Rica anunció de inmediato que acatará los dictámenes, si bien algunos candidatos a la presidencia de la nación manifestaron su desacuerdo. Pero no así la vecina Honduras: a falta de un pronunciamiento del presidente Orlando Hernández, uno de los vicepresidentes del Congreso y copartidario del mandatario, Antonio Rivera, advirtió que la Constitución de su país no reconoce el matrimonio homosexual, y que las instrucciones de la Corte no resultan vinculantes.

La Constitución hondureña, en su artículo 112, “prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo”; y añade que en la nación, “los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez”. Incluso, en su artículo 116 el texto “prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho conformados por personas del mismo sexo”. La carta incluye estas disposiciones desde 2005, por efecto de una reforma que se abrió paso pese a la tendencia garantista que empezaba a observarse a nivel internacional, y pese a que ya en 1899 la legislación del país había autorizado la actividad íntima homosexual.

Violencia y resistencia

El Comité de la Diversidad Sexual de Honduras (CDSH) estima que más del 10% de la población del país es LGBTI (alrededor de 1 millón entre 8,7 millones). Expertos han dicho que la orientación discriminatoria de la Constitución tiene asiento en un entorno social conservador, caracterizado por el machismo, la heteronormatividad y la homofobia. En el año 2013 se aprobó una reforma al código penal, que determinó como delito con circunstancias agravantes la discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género, entre otras cuestiones.

Sin embargo, los crímenes de odio persisten. El CDSH contabiliza 280 muertes violentas de personas LGBTI entre 2009 y mayo de 2017, casos de los cuales 23 corresponden a mujeres lesbianas. A las cifras se suman 4 personas asesinadas en noviembre de 2017, lo que da 31 casos en total para el mismo año, considerablemente por encima de las 22 víctimas reportadas para 2016. Al menos 90% de los casos se encuentra en impunidad, de acuerdo al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). 12 de los 18 departamentos del país han sido escenario de los crímenes, no obstante alrededor de 85% de éstos se concentra en Cortés y Francisco Morazán.

A finales de 2015 se presentó al Congreso Nacional una solicitud para legalizar las parejas del mismo sexo, sin resultado alguno. En 2017, 12 personas LGBTI compitieron por diferentes cargos con ocasión de las elecciones nacionales, aunque sin conquistar ningún escaño. Algunas candidatas al Congreso, que no hacen parte de la diversidad sexual, manifestaron apoyar el matrimonio igualitario. Empero, la candidata presidencial por el Partido Anticorrupción, Marlene Alvarenga, se pronunció en un tono homofóbico. Señaló que:

Las mujeres tienen derechos sexuales dentro de lo establecido por la ley, que es entre un hombre y una mujer. […] si ellas quisieran tener derechos entre dos mujeres, por decirlo el matrimonio lésbico-gay, Marlene Alvarenga está totalmente en contra, ya que es una aberración. La palabra de Dios nos prohíbe […], y el primero que constituyó al hombre y a la mujer y formó la familia, se llama Dios.

Alvarenga agregó a su turno que de ser elegida presidenta, impulsaría un proyecto para hacer de Honduras un Estado confesional.

Según la Red Lésbica Cattrachas, los discursos de odio que caracterizaron las campañas políticas de 2017, y sobro todo la de Alvarenga, estimularon la violencia contra la población LGBTI, como reflejan los asesinatos perpetrados en el mes de noviembre. Desde el golpe de Estado de 2009 en particular, los miembros de la comunidad soportan riesgo constante de agresiones, a veces devenidas en desaparición, abuso y tortura, e incluso a manos de las fuerzas del Estado. Pero esta situación, que ha llevado a algunos a huir del país, deja una valiosa ventaja en todo caso: una comunidad organizada, que aboga y se involucra en la vida política del país, y que gana visibilidad internacional. Su próximo reto será la validación del mandato de la CIDH por parte del gobierno.

Latin American Post | Ricardo Augusto Barón Ramos

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