El gobierno colombiano presentó esta semana el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”

¿Qué es el protocolo?

En Colombia la protesta social es un derecho consagrado en la Constitución de 1991. Lo primero que se aclara por parte de quienes lo diseñaron es que el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica” no crea nuevas normas ni modifica las vigentes. Este fue presentado esta semana por el Ministro del interior Guillermo Rivera y firmado por delegados de Naciones Unidas en el país y organizaciones sociales.

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Según los firmantes, se trata de un documento que servirá como guía metodológica y está basado en las disposiciones que ya existen en la Constitución Política, el Código de Nacional de Policía y las resoluciones del Ministerio de Defensa sobre el tema. Asimismo, el protocolo toma en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y se utilizaron instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El protocolo “adopta mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales que están ligados a la protesta social, así como los derechos de los terceros, teniendo como objetivo disminuir drásticamente el uso de mecanismos violentos en el ejercicio de la protesta, y fortalecer el ejercicio pacífico de la misma.” afirmaron en un comunicado las ocho coaliciones y plataformas de derechos humanos en las que se agrupan cerca de 1.000 organizaciones de la sociedad civil.

Algunos de los temas que son abordados en el protocolo son:

• La garantía del ejercicio de la protesta, así como los derechos de terceros al trabajo,
• La libre circulación, la integridad personal y la propiedad privada
• La creación de una mesa de seguimiento y garantía de la protesta pacífica, el uso adecuado del Punto de Mando Unificado (PMU)
• La posibilidad de conformar Comisiones de Verificación convocadas por la sociedad civil organizada para difundir y velar porque se cumplan los elementos del Protocolo
• La presencia de Gestores de Convivencia o funcionarios delegados en el desarrollo de las protestas

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En cuanto al rol de la Fuerza pública, se recuerda disposiciones como el deber del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de garantizar la vida de los manifestantes así como de toda persona que se vea envuelta en los hechos. Se aclara que la intervención de la Fuerza Pública en la manifestación debe ser el último recurso y los funcionarios de la Policía, identificados de manera clara y visible, no pueden portar armas de fuego. En el caso de las Fuerzas Militares, se clarifica que éstas no deben intervenir en las movilizaciones excepto en casos extraordinarios autorizados por la Constitución. 

 ¿De dónde surge el Protocolo?

El acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC contiene un compromiso del Ejecutivo para, entre otras disposiciones, revisar las normas vigentes en materia de garantías a la protesta social. En el marco del cumplimiento del acuerdo, “durante más de tres años se convocaron varias mesas de trabajo en las cuales se estudiaron y analizaron experiencias similares en Colombia y en el exterior, se presentaron intervenciones del Ministerio de Defensa, del Ministerio Público y de la sociedad civil, a partir de lo cual se construyó una hoja de ruta, también analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas”, aseguraron las plataformas.

Cuestiones pendientes: críticas y cumplimiento

El protocolo se hace público días después de las declaraciones de Guillermo Botero, próximo Ministro de Defensa del presidente electo Iván Duque, quien señaló que el nuevo gobierno debería regular este derecho. El gobierno actual, Naciones Unidas y las organizaciones esperan que el gabinete que se posesionará este 7 de agosto respete y respalde el Protocolo.

También se han escuchado voces críticas por parte de gobernantes locales y gremios que se sienten excluidos de la discusión. Al respecto, el Ministro Guillermo Rivera recordó que la resolución definitiva del Protocolo no ha sido firmada y por lo tanto el gobierno seguirá recibiendo las observaciones de diferentes sectores durante algunos días más.

Finalmente, las organizaciones esperan que el nuevo congreso de Colombia también se apropie del tema y basados en este protocolo cree una Ley Estatutaria “dirigida a la protección y garantía del derecho".

LatinAmerican Post | Carolina Garzón
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