Después de 18 años, miles de efectivos del Ejército son retirados de las calles del país

Read in english: Did Guatemala win the battle against crime?

Guatemala es uno de los países latinoamericanos donde la actividad de las pandillas contribuye diariamente con una amplia cuota de violencia y criminalidad de la nación. Por esta razón, desde el año 2000, el entonces presidente Alfonso Portillo, ordenó la presencia militar en 34 municipios del país para controlar los altos índices de asesinatos, que para tal época cobraban más de 6.000 vidas anuales. 

Tras 18 años de presencia militar en las calles de Guatemala, el gobierno tomó la decisión de retirar los soldados. Desde el primero de abril, los cerca de 2.000 integrantes del ejército, que aún patrullaban las calles, fueron reconcentrados en las brigadas por autorización del gobierno del actual presidente, Jimmy Morales. 

El Ejército daba acompañamiento a la Policía Nacional Civil en los departamentos con mayor incidencia criminal. Cerca de 8.000 soldados estuvieron desplegados durante casi dos décadas en las calles de Guatemala. Sin embargo, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa, en el último año y debido a la reducción en las cifras de asesinatos anuales, al menos 5.600 efectivos habían regresado a sus bases militares. 

Según información de la Policía, los homicidios pasaron de 6.000 por año en la década anterior, a 4.500 registrados en 2017. Aunque la cifra solo representa una disminución del 25%, el Estado consideró que la presencia del Ejército ya no sería necesaria para controlar la criminalidad en las calles y por tanto los efectivos se desplegarían en la frontera. 

Por tanto, el portavoz del Ministerio de la Defensa, el coronel Oscar Pérez, indicó a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) que desde el Consejo Nacional de Seguridad se determinó que el ministerio de Gobernación y la Policía ya habrían adquirido la capacidad necesaria para encargarse de la seguridad civil en el país. 

Efectivos se suman a la lucha contra el narcotráfico

Según información otorgada por Pérez, los soldados serán desplegados en las zonas fronterizas con México, Honduras y El Salvador para luchar contra el tráfico de personas, de armas, narcóticos y contrabando. Además, se pretende proteger el patrimonio natural y cultural de la nación. Esta medida haría parte de los acuerdos firmados entre Honduras, Guatemala y El Salvador en el Plan de Alianza y Prosperidad, con el que EE.UU. pretende ayudar a blindar a los países centroamericanos en su lucha contra el narcotráfico.  

Varios especialistas en el tema consideran que los alarmantes índices de violencia y criminalidad en Guatemala son responsabilidad de exmilitares, empresarios y políticos afectados por la lucha contra la corrupción que adelanta el país. Estas personas o congregaciones tendrían acceso y relación con armas, pandillas y sicarios, patrocinando así la naturaleza violenta y la delincuencia común de las mismas. 

Como lo destaca un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la violencia en Guatemala impide el crecimiento económico del país. Lo anterior se debe a que los recursos del presupuesto nacional son desviados de la inversión social o productiva hacia el financiamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Estos organismos se ven sobrecargadas por las exigencias que el contexto les impone. 

Latin American Post | Krishna Jaramillo
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