El escándalo de corrupción en el país centroamericano ha desembocado en la orden de captura: entienda el contexto aquí

El gobierno del actual presidente Juan Orlando Hernández ha quedado muy mal parado respecto a la investigación que se adelanta por el caso Pandora. Exfuncionarios, funcionarios y diputados del partido del actual gobierno. El pasado 23 de julio, la Corte Suprema de Honduras emitió 38 ordenes de captura, de los cuales unos ya fueron capturados y otros se encuentran prófugos.

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¿De qué se les acusa?

El caso estallo luego de que se logró comprobar el desvió de 282 millones de lempiras, 12 millones de dólares aproximadamente, a partidos políticos y particulares. En la investigación colaboró la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Para los funcionarios de la MACCIH, la denuncia presentada por Pietro DiBatista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla de Roatán, quien aseguro que se hizo uso de su fundación para hacer operaciones atípicas lo que le generaron sospecha.

Según lo expuesto por la magistrada Lidia Álvarez Sagastume de la Corte Suprema, el dinero llegó a cuentas particulares de diputados, alcaldes y regidores, y entre los beneficiados están miembros del Partido Liberal, Partido del Nacional, y del Frente Amplio. En la investigación también se encontró que hubo la compra de dos oficinas en Tegucigalpa. 

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El caso pandora

El caso empezó con la preparación por parte del Estados Unidos de un grupo de policías de la Dirección Policial de investigaciones (DPI), quienes descubrieron que a través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) se hizo desvió de fondos para las campañas políticas. La SAG pagó por medio de las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista pago en 2013 el dinero, por ello, Pietro DiBatista denuncio los hechos, ya que el no había autorizado esas maniobras.

En total se habla de 120 personas involucradas, pero hasta el momento se ha dado la orden de captura de 38 y la investigación continua, ya que el número podría incrementarse. El presidente del tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez, en entrevista con el diario La Prensa de Honduras, dejó a la vista que los 800 diputados que han pasado por el congreso desde 2007, podrán ser investigados, incluso al actual presidente y al actual procurador nacional.

El gobierno de Juan Carlos Hernández quedo muy mal parado ante la situación, ya que de comprobarse que él recibió dinero de manera indirecta por su partido, se generaría una crisis política en el país ene l que se podría no sólo caer el poder ejecutivo, sino el legislativo también por la cantidad de miembros involucrados.

LatinAmerican Post | Carlos Eduardo Gómez Avella

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