La expresidenta argentina podrá enfrentar una pena superior a 10 años de cárcel

Un juez federal argentino dictaminó el jueves 07 de diciembre prisión preventiva para la exmandataria y ahora senadora de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, a quien se le acusa de presunto encubrimiento a terroristas, durante uno de los ataques más graves de la historia del país contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Claudio Bonadio, es el juez que acusa a Kirchner de montar un “plan criminal orquestado” para proteger a los iraníes que fueron acusados de perpetrar un ataque bomba contra la sede judía AMIA el 18 de Julio de 1994. Bonadio investiga si el ‘memorándum de entendimiento’ firmado por el gobierno de Fernández buscó proteger a los criminales y acusa a la expresidenta de “traición a la patria”, una figura penal por la que Cristina Fernández de Kirchner podría pagar entre 10 y 25 años de prisión.

Bonadio, dictaminó prisión preventiva para la exmandataria, argumentando que debido a sus contactos, podría entorpecer la investigación en curso, además, solicitó el desafuero con el que cuenta por ser senadora ya que iniciaría el 10 diciembre sus funciones oficiales en el poder legislativo. El juez ordenó también el arresto preventivo del excanciller Héctor Timerman, el exsecretario Legal Carlos Zannini, el dirigente social Luis D’Elía y el líder de la comunidad islámica en Argentina, Jorge Khalil.

¿En qué consiste el ‘memorándum de entendimiento’ entre Argentina e Irán?

Este memorándum es un documento de tres páginas firmado en 2013 por los ministros de interior, tanto de Irán como de Argentina, que buscaba un principio de acuerdo para investigar el ataque terrorista a la AMIA que dejó 85 personas muertas y 300 heridas. Investigaciones posteriores al mortal atentado, habían identificado que el ataque había sido planeado por el Gobierno iraní y cinco funcionarios tenían detención.

Aunque el memorándum pretendía establecer las causas y encontrar los culpables del atentado terrorista a la sede de AMIA, contaba con parámetros escuetos e inconstitucionales, que de acuerdo a expertos, permitía la aceleración del cierre de la investigación y con ella el fin de la búsqueda y captura impuesta por la Interpol a los responsables del crimen.

En 2015, el fiscal Alberto Nisman, denunció la negociación secreta del memorándum entre funcionarios iraníes y el gobierno de Kirchner, argumentando que la entonces presidenta de Argentina y el ministro Héctor Timerman, “tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina”. Pocos días después de presentar la denuncia, el fiscal Nisman apareció muerto en su residencia, y hasta el día de hoy aún se desconocen las misteriosas causas de su fallecimiento.    

Entre imputaciones y persecución

Este caso se convierte en la cuarta imputación judicial en contra de Cristina Fernández, pero es la primera vez que se le ordena detención preventiva. El primer delito por el que se le ha acusado es de encubrimiento y favorecimiento personal agravado, por el cual podría enfrentar entre seis y 10 años de prisión. El segundo es por impedimento o estorbo del acto funcional, por el que tendría que pagar entre 15 días y seis meses de prisión. Y el tercero es por incumplimiento de los deberes como funcionario público, el cual se castiga con desde un mes hasta dos años de prisión.

En Octubre pasado, Kirchner culpó al gobierno de estar llevando a cabo una persecución política contra la oposición. Allegados a sus políticas también plantean que todas las acusaciones enfrentadas por la exmandataria hacen parte de una persecución que pretende conseguir un parlamento “sumiso y silenciado” al Gobierno de Mauricio Macri.

Latin American Post | Krishna Jaramillo

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