El caso de Odebrecht en el que 10 países latinoamericanos se vieron involucrados no es el único escándalo de corrupción de la región

En los últimos años, el debate público en Latinoamérica ha estado enmarcado por los múltiples escándalos de corrupción que han estallado en varios países, deslegitimando gobiernos y mostrando una realidad que aún se persiste en ocultar. El escándalo de Odebrecht es quizás el incidente más grande de corrupción que ha afectado a América Latina recientemente. Este caso involucró a varios jefes y ex jefes de Estado y de gobierno de la región, ya sea por los sobornos recibidos para adjudicar contratos de obra pública favoreciendo a esta empresa o porque la misma financió las campañas de varios de ellos.

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Las repercusiones de Odebrecht llegaron a países como México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina. Además, involucró a varios presidentes, entre los que se encuentran Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar a su cargo, Michel Temer, Juan Manuel Santos, Mauricio Macri y Juan Carlos Varela.

Según la BBC, en el caso del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, la prensa del país aseguró que se investigaba la posible entrada de dinero de Odebrecht para financiar su campaña presidencial. Este mismo medio también explica que la vinculación de Mauricio Macri al escándalo de Odebrecht se dio por intermedio del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina (AFI), Gustavo Arribas. Arribas fue acusado de haber recibido $750.000 millones de dólares por parte de la empresa brasileña.

No es sólo Odebrecht

Si bien es cierto el escándalo de Odebrecht es el caso de corrupción que más eco y relevancia ha tenido, no es el único en el que han sido involucrados presidentes y jefes de Estado latinoamericanos. Casos de conflicto de intereses, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales por parte de empresarios, también hacen parte de esos hechos que han llevado a que varios presidentes de la región estén involucrados o investigados por actos de corrupción.

El País de Uruguay, por ejemplo, destaca cómo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido cuestionado por un presunto caso de conflicto de intereses. Este hace referencia a la compra que su esposa hizo de una casa por un valor de 7 millones de dólares, la cual fue construida por el Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación de un tren y 22 contratos de obra pública por parte del gobierno mexicano. Así mismo, el fiscal que lleva a cabo la investigación por la operación de lavado de dinero, conocida internacionalmente como Lava Jato, aseguró que “no descarta” vincular al actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a este proceso.

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El fiscal brasileño Stanley Valeriano Da Silva es el encargado de investigar al empresario Darío Messer, quien es señalado de haber manejado de forma irregular alrededor de 1.600 millones de dólares que circularon desde Brasil a Paraguay, de Paraguay a Uruguay, según paraguay.com. El mismo medio menciona que el fiscal Da Silva considera que Cartes no está exento de la lista de personas que pueden ser investigadas. Por consiguiente, no descarta que el jefe de Estado paraguayo también sea vinculado a la investigación de Lava Jato.

Por último, el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público de este país permitió descubrir un caso de financiación ilícita que favoreció la campaña del actual presidente, Jimmy Morales, en 2015. Dicha financiación se dio por parte de un grupo de empresarios que entregaron dinero al partido de Morales. Esto con el fin de llevar fiscales electorales a varias mesas de votación durante las pasadas elecciones presidenciales, para de esta manera beneficiar al actual presidente guatemalteco.

Dicha información fue confirmada por los mismos empresarios, quienes tras el anuncio de la Cicig y el Ministerio Público aseguraron que, en efecto, habían entregado recursos al partido FCN-Nación. Según relata el portal Prensa Libre, esto se dio con el propósito de facilitar la movilización de los fiscales electorales.

LatinAmerican Post | Samuel Augusto Gallego Suárez

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