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"La CIDH convirtió un intento de golpe de Estado en una protesta pacífica”: gobierno de Nicaragua

El gobierno de Nicaragua acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manipular información sobre las protestas realizadas en el país

El 18 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua publicó un Informe evaluativo parcializada y politizada de la CIDH en Nicaragua, en el que acusa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manipular información sobre las manifestaciones que se han realizado en el país centroamericano desde el 18 de abril. Según el gobierno de Daniel Ortega, la CIDH convirtió “un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”.

212 muertes y 1.337 personas heridas en Nicaragua

El 22 de junio, el CIDH presentó un informe titulado Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, que reporta la actual situación de Nicaragua en materia de derechos humanos. De acuerdo con datos presentados en el informe, "la acción represiva del Estado ha producido al menos, 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio, y cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”. Entre estas víctimas se encuentran defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y periodistas.

El informe también señala que se han cometido otras graves violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, además del derecho a la vida y a la integridad personal. El derecho a la salud y atención médica, a la libertad e integridad personal en el contexto de detenciones, a la libertad de expresión, a la verdad y acceso a la justicia, son algunos ejemplos de derechos humanos que, de acuerdo con el CIDH, el Estado ha vulnerado a los protestantes, desde el primer día de las manifestaciones.

“El Estado de Nicaragua no ha cumplido sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales que iniciaron el 18 de abril. Por el contrario, la CIDH constató que la respuesta estatal se ha caracterizado por la represión y criminalización de los manifestantes y el movimiento social que representan y que ha tenido como resultado graves violaciones de derechos humanos”, se explica aquí.

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¿Omisión de la verdad por parte de la CIDH?

De acuerdo con el informe presentado por el gobierno de Ortega, la CIDH estaría “omitiendo deliberadamente la verdad que no conviene a los intereses de quienes desde el exterior patrocinan las acciones dirigidas a derrocar el gobierno constitucional de Nicaragua”. Aquí se señala que a pesar de que el gobierno brindó información sobre las acciones violentas y los crímenes cometidos por parte de los grupos golpistas, esto no se vio reflejado, "lo que demuestra su parcialidad".

Según el mismo reporte, “las personas asesinadas en su mayoría son policías, funcionarios del Estado, militantes sandinistas y civiles ajenos al conflicto, cuyas causas de muerte fueron por heridas con armas de fuego ocasionadas por los golpistas”. Sin embargo, la CIDH habría omitido esto en su reporte inicial, a pesar de que el gobierno informó y documentó a la entidad sobre eso. El mismo explica que sobre las violaciones a los derechos humanos de las víctimas de los golpistas no hubo pronunciamiento en un principio por parte del organismo.

El informe también acusa a la CIDH y a otros países de tratar de desestabilizar y aislar al país centroamericano. "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desvirtúa y deslegitima su actividad y la de sus funcionarios al asumir posiciones políticas, en abierta contravención de la Carta de la OEA, el Reglamento y el Estatuto de la propia CIDH. El Pueblo de Nicaragua exige el cese de la participación de la CIDH en la campaña política y mediática, de mentiras, tergiversación, calificativos y estigmatización en contra del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional", finaliza.

 

LatinAmerican Post | Diana Rojas Leal