Reportaje: Este es el panorama de los periodistas amenazados en Colombia
240 periodistas han sido amenazados en lo que va de 2018, según la Fundación para la Libertad de Prensa. LatinAmerican Post habló con uno de ellos
La Fundación para la Libertad de Prensa en cabeza de la coordinadora de Defensa y Atención de Periodistas en la FLIP, Luisa Fernanda Isaza, dio a conocer al diario El Heraldo que "en los primeros 10 meses de 2018, 240 periodistas han sido amenazados". Así lo hizo saber durante la celebración del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas decretado por la Unesco. Esta cifra es mayor que la de 2016, cuando hubo 108 casos documentados por la organización.
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Sobre el apoyo de la justicia a los periodistas, Isaza respondió que "la investigación y juzgamiento de las amenazas en Colombia no se investiga y tampoco se juzgan, solo si hay conmoción general". Además, Isaza explica que "dado que siempre se mantienen en la impunidad, se convierte en un incentivo para nuevos agresores. Esto ha generado miedo y autocensura entre los mismos periodistas, lo que es muy grave".
Y las amenazas continúan. El 10 de septiembre, Martha Delgado, periodista miembro del medio comunitario El Macarenazoo; Guillermo Castro, director del mismo medio; Manuel Arango, director del Clarín de Colombia; y Omar Vera, periodista y director del periódico El Turbión, fueron amenazados de muerte por su labor periodística. La amenaza vino en un panfleto firmado por el Bloque Capital del grupo paramilitar Águilas Negras.
LatinAmerican Post habló con uno de ellos y conoció acerca de qué tanto apoyo ha recibido de la justicia colombiana en su caso, así como qué hay detrás de la amenaza. Se trata del periodista Omar Vera, director de El Turbión, un medio colombiano que hace investigación periodística desde 2004. Vera dice que relaciona la amenaza a "las investigaciones desarrolladas para su medio sobre paramilitarismo" y habla de dos investigaciones.
La primera se titula "Sicarios y espías ‘protegen’ a personas amenazadas". En ella se denuncia la infiltración de ex miembros de grupos paramilitares o personas vinculadas a actividades delictivas en la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad encargada de proteger la vida de periodistas, líderes sociales y demás personas amenazadas.
La segunda investigación es "Diez años y no tenemos verdad, justicia ni reparación", publicada en agosto de 2018. En esta se hace la denuncia de la conexión entre reclutadores civiles que hacían un negocio con miembros del Ejército Nacional de Colombia para llevar jóvenes y después presentarlos como combatientes de la guerrilla dados de baja por el Ejército. "Todo con el objetivo de recibir un premio de un millón de pesos por muchacho muerto", afirma Vera.
La intención detrás de la amenaza
"Nosotros creemos que la principal propósito de esa amenaza es censurarnos y evitar que registremos las cosas que están vinculadas con conflicto sociales, ambientales, luchas de comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, campesinas, organizaciones de mujeres que están desarrollando una defensa de su derechos. Las amenazas buscan que nosotros no sigamos hablando de estos temas", dice Vera acerca de las temáticas que están molestando a sus victimarios y que buscan callar.
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"Hay un perfil de periodistas que se está atacando y son los que hacen investigación sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, en un momento en que, por ejemplo, se está cuestionando la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) porque se busca tener un trato blando con los agentes estatales del Gobierno", agrega Vera sobre a qué tipo de periodistas se está amenazando, dentro de la intención de los victimarios.
¿Qué apoyo de la justicia ha tenido en su caso?
Vera cuenta que como las amenazas no sólo fueron contra él sino que fue a un grupo de periodistas de medios independientes, habla por todos los que se unieron para exigir justicia. Dice que en "las instituciones encargadas por velar que la investigación judicial avance, es decir, la Fiscalía y las entidades encargadas de la protección nuestra, la respuesta ha sido muy mínima. Tuvimos un contacto con la UNP y están haciendo un estudio de seguridad del caso que ya aceptamos estamos esperando. Pero todo va muy lento. Nuestro caso va de mano en mano en la Fiscalía".
Pero no ha sido la única amenaza de muerte por su labor periodística. En 2014 ya había recibido una en la que nombraban aparte de él a dos personas de El Turbión. Desde entonces, denuncia que hasta el momento no los han llamado a ampliar la denuncia. "Ni siquiera nos están diciendo vengan y hablen de qué fue lo que pasó. Es preocupante", explica. El hecho que cuenta Vera demuestra la vulnerabilidad y la falta de apoyo de la justicia colombiana existente no sólo hacia él, sino a su grupo de periodistas en El Turbión.
"La Fiscalía, en nuestro caso, tiene que tomar una decisión: si va a permitir que los casos que afectan a los periodistas sigan acumulandose como ha pasado siempre, sin que la investigaciones pasen de la fase preliminar, sin que se sepa de dónde proviene la amenaza o va empezar a hacerles investigación", dice Vera.
A la situación de los periodistas amenazados se les suma un gran obstáculo en el objetivo de encontrar responsables. Según un documento conocido en exclusiva por el periódico El Espectador, "el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO) de la Policía Nacional dictaminó que no existe un grupo armado denominado Comando Central de las Águilas Negras de Colombia".
Al no ser reconocidas por el Estado, el problema es mayor para Vera y sus colegas periodistas. Esto se debe a que para la justicia colombiana no existiría un victimario, dejando su caso en el limbo e impune, mientras que su vida y la de los demás periodistas queda en peligro. Sin embargo, Vera tiene fe y espera en que la justicia lo apoye por lo menos brindándole medidas de protección a él y los demás amenazados. Por ahora, su vida corre peligro.
LatinAmerican Post | Edwin Guerrero Nova
Copy edited by Diana Rojas Leal
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