El equipo de LatinAmerican Post identificó algunas de las fallas del Estado cuando se trata de la protección de líderes sociales

El Colombiano informa que 90 líderes sociales han sido asesinados en lo que va de 2018; El Tiempo titula que son más de 123; El Espectador reporta, siendo más exacto, que en un mes le quitaron la vida a 24.

Read in english: Coverage: This is how the Colombian State fails when protecting social leaders

Los datos hacen parte del gobierno de Juan Manuel Santos. En total, durante los ocho años que duró su administración, a pesar del proceso de paz, murieron 532, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH). La cifra, más allá de la indignación, el rechazo y la tristeza que causa, conduce a varias preguntas:

•  ¿Qué tipo de fallas ha tenido el Estado colombiano en la protección de líderes sociales?
•  ¿Los líderes están solos?
• ¿Qué debe hacer el Estado para protegerlos?   

1. Las irregularidades en la Unidad Nacional de Protección

Una de las medidas adoptadas por el Estado para proteger a líderes sociales en Colombia, es equiparlos con chalecos antibalas, escoltas armados y carros blindados. Este servicio lo ofrece de forma exclusiva la Unidad Nacional de Protección (UNP), creada en 2011. Sin embargo, para la organización Somos Defensores “los astronómicos presupuestos invertidos en el tema y la creciente demanda de este tipo de protección” llevan a reevaluar si es una buena opción.

Además, porque “desde el ejercicio de protección civil realizado por las organizaciones sociales y de derechos humanos colombianas se ha demostrado que no debería ser la única alternativa para proteger a líderes sociales”, dice Somos Defensores.

Adicionalmente, en respuesta a una solicitud del número de funcionarios contratados para llevar a cabo la protección de personas en riesgo, hecha por la mencionada ONG, la UNP respondió que “cuenta con 739 funcionarios distribuidos en todo el país”.

“Igualmente la UNP informó que tiene sedes regionales de trabajo en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Pereira, Ibagué, Neiva, Medellín, Popayán y Pasto. Sin embargo, y a partir de la información proporcionada por la UNP, es llamativo cómo en ciudades como Cartagena, Popayán y Pasto, funcionarios públicos con responsabilidades en el tema de protección, afirmaron no tener conocimiento de la existencia de funcionarios de la UNP en su departamento o ciudad”, destaca Somos Defensores.

“La mayor preocupación en el tema de dar respuesta efectiva a la demanda de protección estatal es que con 739 funcionarios es casi imposible ser efectivos en tan importante tarea”, señala la ONG en su informe Al Tablero.

A lo anterior, vale la pena agregar que a algunos líderes sociales, la UNP les ha retirado la protección. Un caso reciente, según lo reportó El Heraldo, es el de Yelenca Gutiérrez Fajardo, lideresa indígena integrante del movimiento Nación Wayu, quien a través de una carta dirigida a Diego Fernando Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, denunció que el 21 de septiembre de 2018 le desmontaron las medidas de protección.

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“Quiero dejar en conocimiento y por escrito que me encuentro en situación vulnerable y ahora aún más porque mi familia ha sido víctima de secuestro por grupos de delincuencia común”, dice el documento. Aparte de las amenazas que ha recibido por su gestión como lideresa de derechos humanos, a su esposo lo secuestraron durante 7 días en Tomarrazón, área rural de Riohacha.

“Cualquier cosa que me suceda a mí o algún miembro de mi familia, responsabilizo al Estado o a la UNP por no garantizarse el derecho a la vida, libertad y seguridad de mi familia”, dijo Yelenca.

Por otra parte, la organización Equipo Nizkor reveló que en un operativo realizado en varias ciudades de Colombia por los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), capturaron a nueve Policías que hacían parte de la banda de sicariato y secuestro “Los Magníficos”, que hacía sus operaciones en Antioquia.

Entre los detenidos, se encontraba “Jefferson de Jesús Sangregorio Esquea, alias “Mi Sangre” o “Sangre”, escolta de la Unión Temporal Seguridad Integral 2016, empresa contratista de la UNP, encargada de los esquemas de miles de ciudadanos amenazados en el país. El líder indígena Juvenal Arrieta González, fue escoltado por “Mi Sangre”. Este hecho prendió las alarmas tanto en la UNP como en aquellos a los que presta su servicio, destaca la ONG.  

2. No reconocer sistematicidad en asesinatos

ONGS como Paz y Reconciliación han pedido al Estado que reconozca la sistematicidad que hay en los asesinatos a líderes sociales, ya que a la hora de implementar mecanismos o herramientas de protección serán poco efectivas.

“Los casos que están ocurriendo con la victimización contra los líderes sociales, tienen un componente sistemático que, si bien no cumple desde una perspectiva jurídica la composición entre el perfil de las víctimas y los victimarios, sí hay una recurrencia, al menos en los últimos tres años, en los perfiles de las víctimas”, dice en entrevista para LatinAmerican Post Carlos Montoya, sociólogo y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, encargado del área Conflicto, Paz y Postconflicto en la Fundación Paz y Reconciliación.

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La tarea del Estado debe estar en “identificar en los territorios como en las víctimas esas características que indican cuáles son las actividades que mayor riesgo generan para un líder social”, explica Montoya. “Por ejemplo, en el Urabá antioqueño, cualquier líder de restitución de tierras, tiene una sentencia de muerte, por su actividad política y de defensa del territorio y restitución de tierras”, destaca.

Omar Díaz, abogado en derechos humanos de la Universidad Aútonoma, manifiesta en conversación para LatinAmerican Post que sobre líderes sociales “hay sistematicidad en el tipo de asesinato, modus operandi, o sea, en la forma de asesinar, la inteligencia previa, las horas en las que mueren las personas, en la mañana o en la tarde, su nivel de residencia. Es decir: hay una inteligencia táctica que permite identificar sus rutinas”. Además, alerta que el modo en que han ocurrido los crímenes contra líderes, es similar a lo que el paramilitarismo hacía cuando “combatían contra la insurgencia”.

Por su parte, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López afirma a LatinAmerican Post que “en muchos de los casos el asesinato, destierro y amenazas provienen desde el mismo Estado. Se va a encontrar a alcaldes y gobernadores a los que no les gusta la forma como un líder comunal actúa. Hemos encontrado casos donde se han condenado a alcaldes y gobernadores por la persecución y asesinato de líderes. Entonces, lo lamentable es que desde el mismo Estado se está persiguiendo a los líderes sociales”.

Otro perfil que existe, resalta Montoya, y que debe mirar con atención el Estado para su protección, son “los líderes que vienen trabajando en Nariño, los que han venido denunciando los cultivos de uso ilícito. Tienen perfiles diferentes a quienes trabajan en otros territorios”.    

No obstante, en el camino hacia el reconocimiento de los perfiles que tiene cada líder social, Montoya dice que la Policía Nacional con su Grupo Élite “ha reconocido que existen varios liderazgos en el territorio y que estos tienen afectaciones recurrentes de acuerdo a sus actividades”. Lo propio ha hecho la Procuraduría General de la Nación.

Carlos Montoya hace hincapié en que un gran avance del Estado en vías de la protección de líderes sociales, será el de reconocer que no sólo con identificación y judicialización de quienes cometen los asesinatos se puede proteger a líderes sociales sino que debe detener algo más importante: hallar los grupos económicos, políticos y armados que ordenan los asesinatos. Sólo así podrá darse un gran paso en materia de protección y justicia para todo tipo de líderes en Colombia.

3. Estigmatización de líderes sociales

A finales de 2017, el ex ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, en sus declaraciones a medios sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia, dijo que se debían “a disputas por tierras y líos de faldas”. El hecho fue considerado, por varias organizaciones sociales y de víctimas, como un acto de discriminación, estigmatización y revictimización de los líderes sociales en el país.

Volvió a ocurrir. Esta vez lo hizo el ministro de defensa, Guillermo Botero, quien expresó públicamente que la protesta social -un recurso que por años han usado los líderes sociales en Colombia, entre otras poblaciones, para reclamar por algo que viola sus derechos- “estaba financiada por los grupos armados como las disidencias de las Farc, el Eln, el 'clan del Golfo' y los 'Pelusos'”. En consecuencia, provocó que fuera citado a control político por los senadores Iván Cepeda y Feliciano Valencia, y recibiera el rechazo de organizaciones sociales y de víctimas.

 

Con @AntonioSanguino y @FelicianoValen, citaremos al ministro Botero a control político para que responda por sus irresponsables afirmaciones sobre la protesta social.Con esa declaración el Ministro de Defensa ha puesto en grave riesgo a los movimientos sociales y al sindicalismo

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) 14 de septiembre de 2018

 

¿Qué implican sus palabras para la protección de líderes sociales en el país? La representante a la cámara y ex candidata a la vicepresidencia de Colombia, Ángela María Robledo, dice para LatinAmerican Post que “es una declaración irresponsable, casi una lápida que se cuelga a la cabeza de los líderes sociales de la Colombia profunda”.

“¿Que política vale?”, se pregunta Robledo en relación a la protección de líderes sociales “cuando hay un ministro de Defensa que los revictimiza y les genera una condición de vulnerabilidad por sus luchas, porque aquí están los defensores del agua, de las mujeres, de la paz, de la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Está deslegitimando esas luchas y al mismo tiempo poniéndolos en riesgo”.  

La labor de la Fiscalía General de la Nación

Uno de los entes del Estado, encargado de investigar quiénes son los responsables de los crímenes contra líderes sociales y judicializados es la Fiscalía. Sin embargo, “en este momento la Fiscalía no tiene ni la capacidad técnica ni humana para investigar las amenazas”, dice Carlos Guevara Botero, del programa Somos Defensores a Pacifista.

“El número de homicidios que la Fiscalía debe atender por momentos es 10 veces mayor que el número de las amenazas”, reflexiona el mismo medio. Por lo que termina la UNP siendo la única encargada de la protección de líderes sociales en todo el país.

Seguridad de líderes sociales tras el proceso de paz

Aunque el proceso de paz entre las Farc y el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, contribuyó a disminuir, en algunas zonas, la violencia generalizada que había en Colombia y le “quitó el argumento al Estado de que era por las Farc que no se podían hacer procesos sociales”, dice Montoya, las realidades que hoy viven algunos líderes, ante la ausencia de las Farc, y la llegada de nuevos grupos armados, es compleja.

“En los últimos tiempos con la salida de las Farc del territorio, el Estado como tal no cumplió en cubrir los territorios que la Farc dejaba y pues ha vuelto el paramilitarismo, que está en un proceso de reorganización, de reactivación. En Arauca por ser frontera permite que entren desde el estado Apure (Venezuela) y desde Cúcuta. Esto ha generado la persecución de líderes sociales y el asesinato de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los presidentes y presidentas de las juntas de acción comunal, así como de los miembros del hoy partido político Farc”, dice en diálogo con LatinAmerican Post, María Ruth Rueda, de 56 años, líder social defensora de los derechos humanos en el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Arauca, Arauca.  

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“Es un territorio donde el conflicto interno armado fue muy fuerte. Existía la presencia del décimo frente y 45 frente de las Farc. También había presencia grande del ELN. Hoy, vemos el resurgimiento de grupos paramilitares”, cuenta Ruth.

“Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander son los estados con mayor violencia contra los líderes sociales, además de las regiones Chocó y Cesar”, dice un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz) de principios de 2018.

Mapa de los lugares donde más se cometen crímenes contra líderes sociales en Colombia

Map from @elespectador and @Indepaz shows social leaders murdered in "post-conflict" #Colombia _just so far in 2018_.https://t.co/VTpIgIk92k

Remember when we all said "the post-conflict will be more violent than the last years of the conflict?" Not at first—but here it comes. pic.twitter.com/TmvNLIrCqO

— Adam Isacson (@adam_wola) 2 de febrero de 2018

 

A dicho contexto, se suma el rearme de las disidencias de las Farc, que nacen a mediados de 2016, cuando el frente primero de las Farc decide apartarse del proceso de paz, según la Fundación Ideas para la Paz, por factores económicos, políticos y/o organizacionales.

De acuerdo con la citada organización habría más de 1000 disidentes. La Fiscalía General de la Nación, en información recogida por la FIP, reporta que hay 16 grupos repartidos en 48 municipios del país. Entre las disidencias confirmadas por el gobierno y la Fuerza Pública a la FIP se conoció que las disidencias de las Farc se concentran en departamentos como Cauca y Nariño, distribuidos de la siguiente manera:  

Nariño

• Gente del Orden, hoy Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP): Los de “David”.
• Guerrillas Unidas del Sur o Frente Oliver Sinisterra: Los de Guacho y ex milicianos de la Columna Daniel Aldana.
• Grupos integrados por excombatientes del frente 29: Resistencia Campesina y Las Vacas o Los de Vaca, Los de Sábalo, Los de Morocho y Los Cucarachos (se subdividen en bandas llamadas Los Lobos).
• Casco urbano de Tumaco
• Mandos barriales que pasaron por la Daniel Aldana y antes fueron de Los Rastrojos. Su enfrentamiento ha provocado el desplazamiento reciente de cerca de 1.500 personas.
• Los de “Tigre”.
• También hay presencia de las GUP y recientemente ha habido una incursión de 'Los de Guacho'.

Cauca

• De los frentes 6 (norte), 30 (norte-pacífico), Columna móvil Jacobo Arenas y Columna móvil Miller Perdomo (norte-centro) . Más que disidencias son redes de milicias que nunca se enlistaron y estarían formando nuevos grupos en alianza con otros agentes criminales y grupos guerrilleros.

¿Qué propone el Gobierno de Iván Duque para la protección de líderes sociales?

En el debate de control político convocado por Ángela María Robledo sobre la protección de líderes sociales, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que hay que hacer una “reestructuración del programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP); garantizar el funcionamiento de la Comisión de Garantías de Seguridad; crear una plataforma tecnológica con uso de inteligencia artificial que permita una herramienta real y efectiva para que la ciudadanía esté pendiente de la gestión del Estado; y por último, trabajar en una hoja de ruta junto a la Procuraduría General para expedir una política pública integral que defienda a los líderes sociales”, informó Kienyke.

Más adelante, según lo reportó El Colombiano, el presidente Iván Duque propuso desde Apartadó, Antioquia, durante el encuentro con algunos líderes sociales, que lanzará una política para defenderlos que consiste en mejorar las alertas tempranas, los mecanismos de protección, los modelos de prevención de situaciones de riesgo y sanciones a responsables de asesinatos.

Sin embargo, el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López, manifiesta que lo que hay que hacer, como primera medida, para que haya una buena política de Estado frente a la protección de líderes sociales es sacar a “funcionarios del gobierno que odian a los líderes sociales. Por ejemplo el ministro de Defensa”. “Uno no puede plantearse que hay una política de Duque para la protección de líderes sociales cuando el ministro de Defensa dice que sus protestas están financiadas por grupos terroristas. Está generando una violencia directa”, expresa.   

Experiencias y propuestas de algunos líderes sociales

María Ruth Rueda, sobreviviente de la Unión Patriótica y líder social en la defensa de los Derechos Humanos en Arauca, fue víctima, por su labor, de un atentado contra su vida el pasado 22 de mayo hacia las 8:00 pm, mientras se desplazaba de Tame a Arauquita. Individuos que se movilizaban en una camioneta roja doble cabina, abrieron fuego contra el vehículo donde se movilizaba, describe la denuncia hecha por Comité Permanente, la organización a la que pertenece.

En entrevista para este medio, Rueda relata: “sufrí un atentado con más de 30 tiros y una persecución de más de un kilómetro. Terminamos con el carro pinchado, vuelto nada. Me sacaron a Bogotá, una ayuda de reubicación de tres meses. Pero a mí no se me aumentó la protección. Tengo un carro de blindaje 3, no se elevó. No se me dio un hombre más de protección. No tengo un chaleco de protección propio. No hay nada que garantice la protección para nosotros y mi familia que está amenazada. Acá en Bogotá me han hecho seguimientos, cuando me han ido buscar haciéndose pasar por mis hijos”, cuenta Ruth.

“La única alternativa que nos muestran es la salida del país. Nos sacan del territorio. Es como cuando se saca el pez de la pecera. Lo que quieren es acabar con nosotros. En el caso mío que es lo único que sé hacer: defender la vida. Me tienen encerrada, nos llenamos de estrés, nos enfermamos. Nos traen a una ciudad que no es nuestro territorio. Nos cierran los espacios. Nos condenan a la muerte política”.

“Los defensores y defensoras de derechos humanos no somos muy bien vistos. Las organizaciones sociales hemos sufrido encarcelamientos y asesinatos, como el caso de nuestro fiscal del Comité Permanente, José Gregorio Izquierdo, donde han detenido a toda la junta directiva, donde a mí me hicieron un atentado y aún no hay claridad en los hechos. Para mí fueron los paramilitares, por las denuncias que venía haciendo”, cuenta María Ruth Sanabria.

A raíz de su situación de inseguridad, como líder social, María, le propone al gobierno de Iván Duque “que se siente con los defensores y defensoras de derechos humanos, con los partidos de oposición, con las alternativas de pensamiento diferente en el país, con aquellos que quieran construir un país lleno de paz, tranquilidad, a construir una verdadera política pública que nos permita garantizar el ejercicio de nuestro trabajo a los defensores de derechos humanos y nuestra vida, la de nuestros hijos. Sólo así puede uno estar hablando de un Estado social de derecho, porque, a pesar de estar consignado en la Constitución, Colombia no es un estado social de derecho”.

Por su cuenta, Lino Murillo, líder social del barrio Santa Rita de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, sufrió, por su labor de ejecutar, para el beneficio de toda la comunidad de su sector, los frentes de seguridad junto a la Policía, el hostigamiento de un hombre que a las 11 de la noche lo abordó preguntándole si era Lino Murillo, mientras llegaba al barrio Santa Rita, tras cruzar el puente que conecta con el centro comercial Centro Mayor.

“Tuve un miedo interno, pero traté de no manifestarlo, para evitar que me detectara. El tipo que preguntó por mí, no lo conocía. Uno como líder social, por lo general, casi siempre conoce la gente del sector. Era a alguien que enviaron. Afortunadamente no me conocía”, relata.

En cuanto a su propuesta para mejorar la protección de líderes sociales en la ciudad, Lino apunta a que se debe trabajar de forma colectiva y no dejar las responsabilidades a una sola persona. Pide que en los colegios haya campañas grandes en apoyo a la seguridad, donde la Policía trabaje junto a estudiantes. También, propone que se repartan volantes a comerciantes y habitantes de su zona para mejorar la seguridad no solo de su sector sino el de la ciudad en general.

 

LatinAmerican Post I Edwin Guerrero Nova 
Copy edited by Marcela Peñaloza

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