¿Daniel Ortega podrá ceder a todas las exigencias de la oposición?

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Las condiciones establecidas por la oposición nicaragüense para negociar con Daniel Ortega son un grito desesperado por la libertad del país

A once meses del levantamiento civil en contra el gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua ha vivido su proceso político más volátil estos últimos días.  A mediados de febrero del 2019, su presidente solicitó estipular un nuevo acuerdo de negociación y dialogo con la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, pero en términos más convenientes para él mismo. Sin embargo,  ante los precedentes desacuerdos que se evidenciaron en el primer proceso de articulación pautado en junio de 2018, la oposición rechazó el despótico requerimiento del régimen sandinista de no reconocer en su totalidad los fallecidos que dieron como resultado de las manifestaciones en contra de dicho régimen. Para ese momento, se estipulaba que era un número no menor de 400 muertos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

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Sin embargo, el punto de discordia se centró en la negación por parte del gobierno de Daniel Ortega ante la petición por parte de la oposición de liberar a los detenidos desde el comienzo de las manifestaciones el mes de abril del pasado año. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el descontento del régimen sandinista ante las manifestaciones ha dejado un saldo de más de 300 detenidos de manera arbitraria. La oposición nicaragüense descarta la posibilidad de concretar diálogos sin esa condición: la libertad de los nicaragüenses detenidos.

Panorama para una posible salida pacífica a la crisis sociopolítica

Ante la negación de la oposición de formalizar un dialogo, producto de  la represión ejercida por los oficiales nicaragüenses en la marcha opositora realizada el 15 de marzo, en la que un poco más de 100 personas fueron detenidas, la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia presenta una agenda determinada como único camino para conseguir abrir un proceso de negociación nuevamente.

1) Libertades.

2) Democracia.

3) Justicia.

4) Implementación.

5) Cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.

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Estos son los pasos a seguir para pactar un dialogo entre el régimen oficialista y la oposición. Las exigencias  se mantienen invariables e indiscutibles, cuyo primer paso es liberar de una vez por todas a todos los detenidos en las protestas comenzadas desde el pasado mes de abril. Esto permitiría  comprobar la legitimidad y consentimiento de Ortega al acceder al dialogo.

En un resultado fructífero, el gobierno accedió a liberar a los detenidos en un plazo de 90 días. Esto se hizo oficial en la rueda de prensa proporcionada por líderes opositores el 20 de marzo, en la que se reitera que la agenda de negociación debe hacerse cumplir para mantener el sendero abierto hasta lo que, desde la perspectiva de los líderes políticos nicaragüenses, traería la tranquilidad a su pueblo.

Sin embargo, en el marco de los ítems dentro de la agenda de negociación, el cumplimiento de las recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anteriormente se vio nublada por un cumplimiento parcial por parte del gobierno. Esto muestra una evidente preocupación para la alianza opositora, que en su rueda de prensa ratifica este paso como algo escencial para poder evaluar el complimiento de la agenda.

Por otra parte, y ratificando exhaustivamente las condiciones de la oposición para reactivar una mesa de negociación, se plantea una reforma del sistema electoral nicaragüense que permita la comprobación de procesos transparentes para unas futuras elecciones presidenciales. Evidentemente podría convertirse en un talón de Aquiles para el presidente Ortega quien ha tenido un mandato imparable desde el 2007, sucedido de su primer mandato entre los años 1970 a 1990, un total de casi 40 años presidenciales. Estos largos mandatos no producen extrañeza en el marco ideológico en el que se maneja Daniel Ortega, pues viene siendo muy común el monopolio político por parte de la izquierda latinoamericana en los diferentes países.

¡Justicia! ratifica la oposición nicaragüense anudada al acompañamiento internacional que permita el cumplimiento de los Derechos Humanos de los ciudadanos al exigir los derechos que les corresponden. En la misma línea de defensa ciudadana, es de considerar y evaluar las exigencias de los mismos ciudadanos, que han aclamado a lo largo de las protestas una revocación inmediata del mandato de Ortega. Al parecer, esto va en disonancia con el espacio de tiempo en el que se ha venido ejecutando las mesas de negociaciones entre ambos bandos.

El cumplimiento de los derechos humanos como primer paso permite crear un ambiente de tranquilidad en un tiempo de tempestad, pero se convierte en una acción en un juego en pausa, en el que los procesos legales internacionales para su observación exigen tiempo para su cumplimiento. Al mismo tiempo, se alargan las consiguientes preocupaciones sociopolíticas del país en un ciclo en el que aún se mantiene como casi único beneficiado Ortega, cada vez que anuncia un desacuerdo dentro el proceso de estabilización para protección de los derechos humanos de los nicaragüenses.

LatinAmerican Post | Gabriela Rivas

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