Brasil: cada vez más cerca al libre porte de armas
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La ley de porte de armas en Brasil permitiría que personas de 20 profesiones puedan acceder a armas como método de defensa personal
El pasado 7 de mayo se expidió en Brasil el decreto que flexibiliza el porte de armas, una de las propuestas principales del presidente Jair Bolsonaro, la cual lleva persiguiendo desde 2014 cuando presentó el proyecto de ley mientras era diputado.
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El decreto 9.875 basicamente permite que cualquier persona mayor de 25 años, sin antecedentes penales y con certificado de aptitud psicológica pueda acceder a armas. Esta ley, de acuerdo con declaraciones del presidente, es una forma de combatir la inseguridad para generar sensación de seguridad en las personas, ya que se pueden defender solas. Así, busca combatir la criminalidad en el país.
En lo expedido por Bolsonaro, se hace énfasis en que algunas profesiones pueden tener acceso a armas, pues las necesitan como seguridad durante su ejercicio laboral. Entre ellos incluye a políticos, periodistas, agentes de tránsito, agentes del sistema educativo e incluso camioneros. Otro de los puntos que avala el decreto es que quienes vivan en zonas rurales podrán acceder a ellas para proteger sus tierras, de forma que nadie pueda traspasar la propiedad privada.
De acuerdo con el instituto Soy Paz, este decreto permitiría a 19 millones de brasileños tener acceso al porte de armas.
La ley incluye también el porte de armas para colección, cacería y para quienes practiquen tiro como deporte. De acuerdo con El País, en cuanto a este tipo de reglamentación permite el acceso también a menores de edad, siempre y cuando tengan permiso de los padres. Asimismo, aunque en teoría este aparte es únicamente para deporte y no tiene una incidencia directa con el porte de armas, “en la práctica estas categorías también ganaron en el porte, ya que podrán moverse hasta sus lugares de entrenamiento con las armas cargadas (antes era necesario guardar la munición separada del arma)”.
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La polémica declaración
Días después de que fuera expedido el decreto, Bolsonaro hizo unas declaraciones a través de una emisora de radio que resultaron ser aún más polémicas que el mismo decreto.
“Lo que yo quiero dar es el excluyente de ilicitud, no sólo a la policía, sino a usted también”, dijo el presidente para la radio Tupi de Río de Janeiro. Con esta declaración, a través del concepto jurídico “excluyente de licitud”, se liberaría de culpa a quienes maten a un ladrón. En ese orden de ideas, el presidente avala cualquier tipo de acto en contra de quienes puedan enfrentar un riesgo a la seguridad del país, sin importar que se cobren vidas. De esta forma, quien cometa un delito, en este caso homicidio, contra un ladrón, no podrá ser penalizado y se le otorgará indulto.
¿Se saldrá Bolsonaro con la suya?
Los opositores no esperaron más y miembros del Senado solicitaron una revisión a dicho decreto ante la Corte Suprema, pues consideran dicha medida como inconstitucional.
El documento expedido por el Senador Randolfe Rodrigues (Proyecto del decreto legislativo No. 233 de 2019), dice que “tal medida, burla claramente el principio constitucional de la reserva legal y de la separación de los poderes”. Además, afirma que la forma en la que se expidió no es usual y debe pasar en primer lugar por el Congreso Nacional.
La oposición, además, difiere con el argumento del Gobierno cuando dice que la flexibilización del porte de armas mejorará la seguridad en el país. Por el contrario, en el documento afirma que “pone en peligro la seguridad de toda la sociedad y la vida de las personas, sin amparo científico sobre la medida”.
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De igual forma, algunos expertos también han estado en contra de la medida. Según lo reseñado en El País, Melina Risso del Instituto Igarapé, aseguró que es un desastre. “Bolsonaro resumió bien cuando habló de que el decreto ‘no es de Seguridad Pública’. Por el contrario, es del derramamiento de sangre. Toda la calidad de la evidencia científica muestra que menos armas es igual a menos muertes”.
Otras organizaciones también han criticado la medida como inconstitucional y como una violación a la separación de poderes.
Por lo pronto, según la agencia de noticias AFP, la Corte Suprema de Brasil le ha dado cinco días al presidente Jair Bolsonaro para explicar su decreto. Esto a raíz del cuestionamiento sobre la constitucionalidad que hizo la oposición.
LatinAmerican Post | Juliana Suárez
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