Colombia y su ‘crisis institucional’

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La decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich ha llevado a lo que un sector político ha denominado como 'crisis institucional'

La polarización de opiniones no se hizo esperar desde el momento que la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz anunció que le darían al exjefe de las FARC la garantía de no extradición, lo que implicaba dejarlo inmediatamente en libertad. La noticia resultó en la renuncia del fiscal general de la Nación, la vicefiscal y la ministra de Justicia.

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A menos de una semana de la decisión de la JEP, Santrich pasó de tener una crisis de ansiedad, a ser liberado, a ser nuevamente capturado por la Fiscalía con una orden de captura distinta. La razón de la nueva captura fue el conocimiento de un video que lo incrimina, además del testimonio de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y quien se encuentra actualmente extraditado.

Jesus Ángel Bobadilla, magistrado y presidente de la Sala de Revisión que dictó la noticia que puso al país de cabeza, aseguró que “la aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso, enviadas a la JEP por la Fiscalía General, no se reveló la conducta atribuida a Hernández Olarte (alias Jesús Santrich) en la solicitud de extradición”.

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Sin embargo, esta afirmación no fue suficiente para muchos, incluyendo al presidente Iván Duque, pues afirman que la JEP se extralimitó en sus deberes y en su poder. Razón por la cual Santrich no duró mucho tiempo en libertad antes de que lo volvieran a capturar.

Para quienes no estuvieron de acuerdo con la sentencia de la JEP, esta decisión había sido una muestra de la impunidad que tiene el proceso de paz, e incluso se ha tildado de haber creado un país que "co-habita con el narcotráfico", como dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Esto llevó a que los días anteriores se viera lo que ellos mismos llamaron una 'crisis institucional', pues argumentaban que las instituciones (como la JEP) no tenían legitimidad y que la justicia entera necesitaba ser reformada.

¿Cómo está la ‘cosa política’?

Como era de esperarse, la decisión no fue aceptada en quienes se oponen a los acuerdos de paz y a la justicia transicional, y eso ha creado un caos político que muchos han llamado ‘crisis institucional’. Bajo ese pretexto, el ex fiscal Nestor Humberto Martínez renunció al declararse impedido para dejar a Santrich en libertad. La bancada de Gobierno apoyó la decisión y lo calificó como un acto de ‘gallardía y valentía’, mientras que los demás calificaron la acción como un irrespeto a la constitucionalidad al no acatar órdenes.

Sea cual sea la posición, el acto, que para el analista de Blu Radio, Alvaro Forero, es una decisión política más que jurídica, desató toda una locura política que terminó en la renuncia de la vicefiscal, María Paulina Riveros, y de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

La ministra presentó su renuncia el día después de la decisión de la JEP, es decir el 16 de mayo, y afirmó que no tuvo que ver con el Caso Santrich, sino que ya estaba discutida previamente con el presidente Duque y la fecha ya estaba pactada. A la exministra se le había solicitado en varias ocasiones previas su renuncia, petición que se hizo desde el mismo partido de Gobierno, el Centro Democrático. La razón era que algunos creían que no estaba haciendo mucho para apoyar las Objeciones de la JEP, que presentó el presidente, ni para apoyar la reforma a la justicia.

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El presidente Duque anunció que recibía la renuncia de Borrero y nombró como nueva ministra a Margarita Cabello y le ordenó enforcarse en la modernización del sistema judicial. “Consideramos que su llegada va a contribuir muchísimo en el relacionamiento institucional del gobierno para que toda la reforma integral que va desde los temas precedimentales, tecnológicos hasta los temas normativos relacionados con la justicia, sea exitoso y pueda generar un amplio consenso en todo el país”, dijo Duque.

En cuanto a división de opiniones, la alocución presidencial del tema del Caso Santrich y la renuncia de Nestor Humberto Martínez también fue altamente criticada. La noche del 15 de mayo, el presidente Iván Duque no emitió un mensaje en televisión nacional, como suelen ser las alocuciones presidenciales, sino que subió un video a redes sociales. En el video de 4 minutos, afirmó que respetaba la constitución, y la separación de poderes, pero que compartía “ la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos, alias ‘Jesús Santrich’”.

Lo que indignó no fueron sus palabras, sino la forma en la que se realizó la transmisión. No fue transmitido en radio ni televisión, sino a través de redes sociales. De acuerdo con Semana, “al no ser una alocución, los opositores no puedes usar la réplica. Una estrategia política del presidente que evita que sus contradictores tengan visibilidad, pero que disminuye el impacto de sus palabras”. Teniendo esto en cuenta, las críticas no se hicieron esperar, afirmando que este era una forma de censurar la oposición.

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

Copy edited by Vanesa López Romero