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Nicaragua: una ley de amnistía criticada por la oposición

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Con grandes críticas por parte de la oposición, una ley de amnistía se aprobó en el Parlamento de Nicaragua dominado por una mayoría sandinista

Nicaragua: una ley de amnistía criticada por la oposición

El pasado sábado 8 de junio se aprobó la Ley de amnistía en el parlamento nicaragüense, cuya principal función es conceder "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha", como reseña France 24.

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La aprobación sucedio después de solo una jornada de sesión en la que la bancada oficialista presentó y defendió la ley, una actitud evidente por los 70 votos a favor hechos por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Hay que recalcar también que la Ley se planteó con el argumento de que las protestas habían sido un intento de golpe de Estado, por ende, en esta lógica, los capturados son 'criminales' ante las autoridades. 

De manera más específica, la Ley establece que todos los implicados en estas capturas quedan libres de cargos, tanto aquellos que no han sido investigados todavía, como los que están en proceso de investigación o ya cumpliendo una sentencia. Asimismo, según El País, el reglamento de la amnistía establece que los beneficiados de la amnistía tienen que “abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de delitos contemplados en la ley”.

El martes después de la implementación de la Ley, fueron liberados 56 de los presos políticos, según la BBC, de las 221 registradas por la oposición o de los 142 declarados por el gobierno. Para el Gobierno sandinista, estas personas se encontraban capturados por estar "acusados por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública".

Vale la pena recordar que esta Ley de amnistía se encuentra enmarcada en las protestas que se han tomado las cales del país desde abril del 2018, la cual nació a partir de un descontento con una reforma a la seguridad social sin consenso de la población. Según El País, al pasar un mes, "Ortega ordenó atacar una multitudinaria marcha organizada el día de las madres, causando al menos 15 muertos, y en junio lanzó la llamada Operación Limpieza, con centenares de hombres encapuchados que atacaron con armas de guerra los bastiones opositores", además de los medios expropiados y periodistas encarcelados.

Hasta el momento, recuenta France 24, 325 personas han muerto durante las manifestaciones en las que se han capturado al menos 700, a lo que hay que añadir los más de 60 000 exiliados desde que comenzó el conflicto. Además, se debe tener en cuenta que Ortega solo ha reconocido 200 víctimas de todo lo contado anteriormente.

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Voces a favor y en contra

Como es de esperarse, quienes están satisfechos con la amnistía son principalmente pertenecientes al oficialismo. Por ejemplo, el legislador Edwin Castro, figura del FSLN, afirmó que la Ley es "es un acto soberano que busca la paz, la reconciliación, que busca el perdón con justicia, con reparación, con no repetición", reflejó France 24.

Sin embargo, la mayoría, que va desde los liberados hasta figuras internacionales, rechazan esta amnistía, ya que consideran que es una manera de dejar impunes tanto a los militares como fuerzas 'extragubernamentales' que han sido los principales agentes de violencia durante toda la crisis.

Uno de los liberados, el estudiante Hansell Vásquez, se encuentra dentro de los inconformes. Según El País, el estudiante relató: “salí de ese infierno que es La Modelo, pero nos sentimos decepcionados, tristes, porque el país está más encarcelado que cuando caímos presos, las condiciones en este momento son peores". Para él, la Ley de amnistía “no la necesitábamos porque no hemos cometido ninguno de los crímenes que él [Ortega] dice. Nos sentimos preocupados porque quiere dejar en el olvido todo el terrorismo de Estado, los asesinatos, todas las torturas, desapariciones que cometieron sus paramilitares y sus instituciones de represión, como la Policía Nacional”. 

La preocupación por la impunidad y el 'borrón y cuenta nueva' de la que se beneficiarían los paramilitares también viene por parte de la clase política opositora. Encontramos declaraciones como las de Azucena Castillo, diputada del Partido Liberal Constitucionalista, que declaró "es momento de dejar en impunidad a los verdaderos culpables y sacar una ley de amnistía como que, con un borrón y cuenta nueva, vamos a devolver a la vida a los muertos de 300 madres que han perdido a sus hijos", a lo que añadió sobre injusto del proceso que "Hay personas ahí acusadas de terrorismo, entonces qué es lo que están hablando, cuando los verdaderos terroristas son los que asesinaron, los represores, los paramilitares que andaban en la calle”, según France 24.

Asimismo, organizaciones como la Comisión Pro Liberación de Presos Políticos comparten la misma sensación por la impunidad que supone, ya que, como declaró el portavoz Daniel Esquivel para la BBC Mundo, "nosotros rechazamos esa ley de autoamnistía porque ellos (el gobierno) en lo que están pensando es en la impunidad de las personas que torturaron y que mataron a nicaragüenses por ejercer su derecho a la protesta".

Una opinión similar tienen los de Acción Penal, un grupo de abogados a favor de los presos políticos, quienes aseguraron que esa ley "constituye una estrategia política para beneficiar a personas que no se encuentran siendo procesadas o investigadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis política", según Infobae.

 

Por último, voces de gran peso dentro del panorama internacional de los derechos humanos también se pronunciaron. Dentro de estas se encuentra Michelle Bachelet, expresidente de Chile y actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien afirmó que "las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones". Con la misma intención, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en las Américas, aseguró en un tweet que "El propósito es evidentemente intentar consolidar la impunidad del régimen".

 

LatinAmerican Post | Juan Gabriel Bocanegra

Copy edited by Juliana Suárez

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