Altos funcionarios puertorriqueños renuncian por chat vulgar

El director financiero de este territorio de EE. UU., Christian Sobrino, quien también es el representante del gobernador en la junta de control, anunció el sábado via Twitter que se retiraría . Su secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín también ofreció su renuncia.

Más tarde, Rosselló emitió un comunicado en el que decía que dejaría ir a los miembros de su administración que participaron en el chat en un sistema de mensajería utilizado por funcionarios del Gobierno. La publicación de los contenidos del chat en los medios locales dio lugar a que se pidiera la renuncia del gobernador.

Rosselló se disculpó por los comentarios el jueves por la noche, diciendo que había estado trabajando 18 horas al día y calmando tensiones de cuando llamó a la ex oradora del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, la palabra "puta" es español y en inglés le dijo a la junta de supervisión que " se j—-ran” seguido de una cadena de emojis con el dedo medio levantado.

"Consciente de que el entorno actual no se puede mantener, me comuniqué con todos los demás funcionarios públicos involucrados en el chat para decirles que tendré que prescindir de sus servicios y/o sus consejos ", dijo en la declaración.

Dijo que le pediría a Ricardo Llerandi que permaneciera como secretario del interior de Puerto Rico y que Anthony Maceira se mantuviera como secretario de Asuntos Públicos.

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"Esta es una situación muy dolorosa para mí, como gobernador, como ser humano y como puertorriqueño", dijo Rosselló. "Pero reconozco que no hay otra salida y que no hay perdón que valga la pena de mi parte que no incluya correcciones y signos claros de cambio".

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, anunció que estaba nombrando un grupo de trabajo especial para determinar si se había violado alguna ley con respecto al chat y los comentarios realizados.

Los comentarios provocaron la ira de muchos puertorriqueños que dijeron que estaban avergonzados de su lenguaje y de cómo esto podría afectar la reputación del territorio de los Estados Unidos, que ya había sido objeto de escrutinio a principios de esta semana con los arrestos de ex funcionarios del Gobierno, incluida secretaria de educacion de la isla.

Rosselló dijo el jueves por la noche que aún no había hablado con Mark-Viverito, quien publicó una larga declaración en Twitter que decía en parte: "Una persona que usa ese lenguaje contra una mujer, sea o no una figura pública, no debe gobernar a Puerto Rico … este tipo de comportamiento es completamente inaceptable".

En el chat, Rosselló escribió que estaba molesto porque Mark-Viverito había criticado a Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata, por apoyar la estadidad de Puerto Rico.

La estrella pop puertorriqueña, Ricky Martin, quien fue mencionado en el chat en un comentario homofóbico, instó a Rosselló a renunciar.

Martin tuiteó que el gobernador "carece de las habilidades de un verdadero líder, que inspira, estimula y guía con el ejemplo para que nuestra gente alcance un nivel de vida más alto".

Rosselló también ha perdido el apoyo de los principales miembros de su partido en favor de la estadidad, incluidos los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de su Partido Nuevo Progresista.

Rosselló ha dicho que no renunciará.

La agitación se produce en medio de la lucha de Puerto Rico contra una recesión de 13 años, una crisis de deuda y el intento de recuperarse de los devastadores huracanes en 2017.

Días antes, los agentes del FBI arrestaron a Julia Keleher, ex secretaria de educación de Puerto Rico, y a otras cinco personas, acusadas de enviar dinero federal a contratistas no calificados y con conexiones políticas.

Los funcionarios dijeron que el presunto fraude involucra $ 15.5 millones en fondos federales emitidos entre 2017 y 2019. Dijeron que el Departamento de Educación de Puerto Rico gastó $ 13 millones, mientras que Keleher era secretaria y otros $ 2.5 millones gastados por Ángela Ávila Marrero cuando era directora de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. Ávila Marrero fue acusada junto con los empresarios Fernando Scherrer-Caillet y Alberto Velázquez-Piñol, y las contratistas de educación Glenda E. Ponce-Mendoza y Mayra Ponce-Mendoza, que son hermanas.

Los funcionarios dijeron que no había pruebas de que Keleher o Ávila-Marrero se hubieran beneficiado personalmente del plan.