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¿Qué pasará con el expresidente colombiano Álvaro Uribe?

El expresidente está a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre una investigación contra él por los delitos de soborno y fraude procesal en el caso de una compra de testigos

Ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

Ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe. / Foto: Flickr.com/CenterForAmericanProgress

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

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Read in english: What will happen to Colombian ex-president Álvaro Uribe?

El pasado 8 de octubre, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, se presentó a una indagatoria a puerta cerrada ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora, se espera que alrededor de 10 días, aunque puede tardar más, se conozca la decisión de si se continua la investigación, lo que significaría comenzar un juicio, o, por el contrario, se archiva la investigación por falta de pruebas.

Debido al hecho, la población colombiana se dividió una vez más y eso quedó demostrado el día de la indagatoria, pues mientras el expresidente declaraba, cientos de opositores se reunieron alrededor de la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad y donde se encontraba declarando, a manifestar la necesidad de que Uribe sea declarado culpable. Para los detractores, este caso es solo uno de muchos más por los que debería ser condenado Álvaro Uribe.

Quienes lo apoyan también se reunieron en otro sector de la ciudad, afirmando su inocencia. En repetidas ocasiones, tanto sus seguidores como él mismo, han dicho que la oposición tiene contra él una persecusión política sin fundamentos.

Por ahora, la discusión no gira en torno a si el ex mandatario es culpable o no, o si será condenado, sino si la CSJ considera que hay pruebas suficientes y contundentes para comenzar un juicio.

El caso que llevó a la investigación

Al expresidente Uribe, una de las figuras políticas más fuertes e importantes del país, se le juzga por dos presuntos delitos: soborno y fraude procesal. Esto, en el marco de un caso de testigos falsos en medio de una pelea que comenzó con las denuncias de Iván Cepeda, senador de la República y detractor del ex presidente.

La lucha entre ambas figuras políticas se remonta a años atrás, cuando en el 2014 Cepeda impulsó un debate sobre las actuaciones del Estado que implicaban que el expresidente, mientras era gobernador de Antioquia, había tenido nexos con paramilitares. Entre denuncias por parte y parte, surgió el tema sobre la manipulación de testigos. 

En un primer momento fue Uribe quien denunció que un testigo de Cepeda estaba manipulado. Sin embargo, esta investigación llegó a su fin cuando el senador Iván Cepeda fue absuelto y, por el contrario, inició la investigación actual contra Uribe Vélez. 

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El abogado David Rubiano afirmó a LatinAmerican Post que “los supuestos delitos cometidos por el expresidente se suponen se dieron hacia inicios del 2018, cuando diferentes personas se acercaron al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve (testigo clave) para convencerlo de cambiar su testimonio, el cual decía que Uribe, Santiago Uribe (hermano del expresidente) y otros fundaron el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia”. La implicación hacia los Uribe llega además al asegurar que dicho bloque inició en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, para lo que presuntamente hay unas imágenes que lo comprueban.

Lo que viene

Para empezar, el simple hecho de que la CSJ haya decidido abrir la indagatoria representa un acontecimiento importante por la relevancia de la corte y del sujeto en cuestión. Por primera vez en la historia de Colombia, un ex presidente ha sido llamado a indagatoria. Además, sucedió con una figura que despierta todo tipo de pasiones en el país. Rubiano asegura que la indagatoria “también es un evento que caldea mucho el ambiente político, el cual ha vivido una gran polarización que se acentuó fuertemente después del plebiscito”.

Ahora, la decisión de la Corte determinará los pasos a seguir: si habrá o no juicio y, de haberlo, puede determinar también si habrá medida de aseguramiento para el expresidente.

Para entender el proceso, Rubiano asegura que consta de las siguientes partes. “En su momento se inició una investigación preliminar en donde no se encontraba aún ‘formalmente vinculado’. Esta etapa preliminar ya se surtió completamente, pues la Corte ya indagó acerca de la existencia del hecho”, puntualiza el abogado.

“Luego, la Corte procede a abrir la investigación formal y cuando esto sucede inevitablemente se vincula a una persona como investigada, lo que conlleva a que se le llame a esta persona a indagatoria, lo cual es el acto de ‘vinculación formal’. Posteriormente, si la Corte decide que hay suficientes elementos materiales probatorios, podría llevar al expresidente a juicio”.

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Los delitos, como se mencionó anteriormente, en cuestión son fraude procesal, definido en “el artículo 453 del Código Penal como la actuación del que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia contraria a la ley”, afirma Rubiano.  Y “el delito de soborno se encuentra regulado por el artículo 444-A del Código Penal e implica que alguien en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente”.  Ambos delitos tienen una pena de prisión de 6 a 12 años y, de ser condenado culpable podría enfrentar las penas máximas.

Continua la polarización

La palabra polarización está continuamente presente en el ámbito político colombiano. La falta de comprensión del otro han llevado a que se definan dos lados opuestos que resultan imposibles de unir. Como prueba de esto, el plebiscito de 2016 donde se votaba a favor o en contra del Acuerdo de Paz con las FARC.

En medio del ambiente que vive actualmente Colombia también ha llamado la atención la postura de varios miembros del gobierno, incluido el presidente Iván Duque, quienes en distintas oportunidades han manifestado su apoyo hacia Álvaro Uribe.

Esto, dejando de lado posiciones políticas, demuestra un quiebre entre las ramas del poder público. “Lo que implica esto es una pérdida de legitimidad estatal, pues no hay coherencia en el actuar de este, pues decisiones judiciales se ven desautorizadas por el ejecutivo y el legislativo (de mayoría uribista)”, dice David Rubiano. Lo anterior genera ante la población una sensación de ilegitimidad del Estado, lo que lleva a afectar otros sectores del país.

Para Rubiano, más allá de las posibilidades que existen de si el expresidente Uribe sería llevado a juicio y posteriormente declarado culpable, o no, la importancia del caso recae en la situación política y social y el ambiente mismo de división en el país. “El ambiente político actual se encuentra muy caldeado y divido y cada vez las diferencias se hacen más irreconciliables y separan más a cada extremo”, afirma. “Esto significaría un quiebre en la historia política del país. La polarización llegaría a niveles impensados que podrían desencadenar en nuevos ciclos de violencia”.

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