La violencia en Bolivia no cesa

Bolivia sigue sumida en una crisis política desde las fallidas elecciones presidenciales que dejaron como ganador al ex presidente Evo Morales. Si bien se esperaba que la renuncia del líder indígena disminuyera la ola de violencia que se ha tomado el país, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado las polémicas medidas que ha tomado el gobierno interino, encabezado por Jeanine Áñez.

En un comunicado publicado el 19 de noviembre, HRW explica que debido a un decreto del 15 de noviembre de 2019, las fuerzas militares están ahora facultadas para hacer uso excesivo de la fuerza. El polémico decreto exime de cualquier responsabilidad penal a militares que actúen en “legítima defensa o estado de necesidad”. El mismo día en que se emitió el decreto, en medio de una manifestación en la provincia Chapare, murieron nueve personas y otras 122 resultaron heridas. Hasta el momento, de acuerdo con El Tiempo, la crisis ha dejado 30 personas fallecidas.

“Desde que Jeanine Áñez asumió la presidencia interina, el gobierno ha adoptado y anunciado medidas alarmantes que violan los estándares de derechos humanos fundamentales. El decreto contribuye a la impunidad de los abusos militares en el contexto de los operativos de control de manifestaciones públicas. El gobierno también anunció que juzgaría por “sedición” a periodistas y altos exfuncionarios” asegura la ONG.

La preocupación y denuncia de HRW no solo se basa en los desmanes que han protagonizado las fuerzas militares, si no en el hostigamiento contra los periodistas. La situación estaría promoviendo censura y coartando la libertad de prensa. La ministra de comunicación, Roxana Lizárraga, declaró el pasado 14 de noviembre que el gobierno implementará “las acciones pertinentes”, como la deportación, en contra de los periodistas causen sedición.

Adicionalmente, el decreto va en contra vía de los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, como señala HRW. “Los principios básicos imponen la obligación jurídica que los funcionarios de seguridad pública, al desempeñar su tarea, recurran en la mayor medida posible a un uso de la fuerza que no sea letal, antes de recurrir a armas de fuego durante protestas violentas. Cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable, los funcionarios de seguridad pública deben ejercer la moderación y actuar en proporción a la gravedad del riesgo que enfrentan. El objetivo legítimo debe cumplirse reduciendo al mínimo los daños y las lesiones y preservando la vida humana. Conforme a los Principios Básicos de la ONU, el uso letal deliberado de armas de fuego se permite sólo cuando resulta ‘estrictamente inevitable para proteger una vida’”, explica la ONG.

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¿Para cuándo las nuevas elecciones?

El 20 de noviembre, Áñez anunció la radicación de un proyecto de ley para iniciar el proceso y convocar a nuevas elecciones. El proyecto, que será estudiado por el Parlamento de mayoría opositora, busca que se lleven a cabo nuevas elecciones para 2020. Sin embargo, la fecha para que los ciudadanos elijan a su nuevo presidente sigue sin estar clara.

La OEA, poco antes del anuncio de la presidente interina, le había pedido al gobierno boliviano llamar “urgentemente” a elecciones. A través de su cuenta de Twitter, la OEA informó que 26 países le solicitaron a las autoridades poner freno a la ola de violencia definiendo una nueva cita en las urnas. 

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En su declaración, la mandataria le recordó a la ciudadanía que es el Parlamento o la Asamblea legislativa los órganos encargados de elegir a un nuevo Tribunal Supremo Electoral. El Tiempo explica que los miembros del TSE se encuentran procesados y algunos cumplen prisión preventiva, por supuestamente haber cometido fraude el 20 de octubre.

Según Áñez, será el TSE el que defina la fecha en la que se lleven a cabo las nuevas elecciones. Además, el ministro de justicia, aseguró que antes de llamar a elecciones, los resultados de la jornada del 20 de octubre se deben anular. Sin embargo, la ley boliviana no permite que se anulen las elecciones, lo que implicaría un cambio en esta ley.