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¿Cómo regulan las armas los países más violentos de Latinoamérica?

Hombre empuñando un arma

Latinoamérica atraviesa un momento de controversia por la regulación para el uso de armas de fuego. Foto: Pixabay

LatinAmerican Post | Daniel Vargas Bozzetto

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Con la nueva regulación de armas de fuego, Brasil corre el riesgo de seguir los pasos de Venezuela o México, donde los homicidios son parte de la vida cotidiana.

Con los nuevos decretos anunciados por el presidente Jair Bolsonaro, más laxos y permisivos que los anteriores, Brasil va camino de convertirse en el "salvaje oeste" sudamericano. El país carioca será presumiblemente el único de Latinoamérica que permite a sus ciudadanos poseer hasta 6 armas e incluso hasta 60 si se alega ser deportista.

Los decretos contemplan que desde ahora sea posible obtener, en el mismo trámite administrativo, un certificado de registro, un certificado de registro de arma de fuego y una guía de tráfico, “ahorrando recursos públicos y tiempo a los deportistas”.

Esta desburocratización del proceso de compra de armas constituye un potencial aumento de la venta ilegal en un país en el que fueron asesinadas hasta 122 personas durante cuatro días de huelga policial.

Pero, ¿cómo se regula la tenencia de armas en el resto de países latinoamericanos? Veamos el estado de la cuestión en dos de los países más violentos de la región.

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Venezuela

Según los datos ofrecidos por Amnistía Internacional en un informe de 2017, Venezuela es el tercer país latinoamericano con más armas en manos de la población civil, con 5.900.000 de unidades. En primer lugar, cabe destacar, se encuentra Brasil, con 17.500.000.

La relación de la República Bolivariana con las armas de fuego es compleja. Su gobierno las veta al mismo tiempo que arenga a una parte de la población a apuntarlas contra otra. Y es que no bastó que la legislación venezolana prohibiera la tenencia de armas para que en 2017, durante las multitudinarias protestas ciudadanas que recorrieron el país, Nicolás Maduro se abstuviera de pronunciar una amenaza que pasaría a la historia: “si fuera destruida la Revolución Bolivariana, nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”. 

El líder chavista no se refería únicamente a las que empuñan los militares, sino a las que ilegalmente portan los llamados colectivos, grupos paramilitares organizados por Hugo Chávez para defender la Revolución. 

A pesar de que el Artículo 113 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones prevé penas de cuatro a ocho años de prisión para todo aquel que “lleve consigo un arma de fuego o municiones, en reuniones, manifestaciones o espectáculos públicos”, quienes acabaron privados de libertad fueron varios de los propios manifestantes.

Es decir, a efectos prácticos, poseer un arma en Venezuela no conlleva ningún tipo de sanción efectiva. Sin embargo, el país caribeño es un ejemplo paradigmático de lo que sucede cuando abundan las armas en una sociedad.

La represión de la llamada Primavera Venezolana acabó con la vida de más de 120 personas y dejó miles de heridos, pero los asesinatos no han cesado. El balance de Insight Crime sobre homicidios en 2020, publicado a finales de enero, sitúa al país caribeño en el segundo puesto de la lista de países latinos con mayor índice de homicidios, con 45,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, solo a 0,9 puntos por detrás de Jamaica. 

Según el Informe Anual del Observatorio Venezolano de Violencia, el año pasado hubo 11.891 homicidios en el país, de los cuales 4.231 “fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales” y 4.153 —78 menos— fueron perpetrados por delincuentes. 

México

Inspirado en la Segunda Enmienda a la constitución estadounidense, el décimo artículo de la constitución mexicana contempla el derecho del ciudadano a poseer armas en su domicilio para su “seguridad y autodefensa, con excepción de las prohibidas por la ley”. 

Durante el decenio 2009-2019 el gobierno comercializó 450.000 armas, mientras que en los registros consta la existencia de más de 2 millones cuya procedencia es ilegal; Amnistía Internacional estima que la población mexicana se halla en posesión de 16.800.000 armas.

En 2019,el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaba que en los delitos donde la víctima estaba presente, los delincuentes llevaban algún tipo de arma de fuego en el 45,6% de los casos. Solo en el primer semestre de 2020 fueron asesinadas en México 17.123 personas, de las cuales 12.398 murieron debido a un disparo.

Uno de los fenómenos violentos más endémicos de México es el homicidio de políticos. A lo largo de la campaña electoral de 2018  fueron asesinados 152. Especialmente estremecedora fue la muerte del candidato a diputado Fernando Purón. Las cámaras de seguridad captaron cómo el homicida se le acercaba por detrás mientras el político posaba para un selfie y le pegaba un tiro en la cabeza.

Asimismo, con unas cifras de criminalidad tan altas, la cantidad de policías asesinados se vuelve doblemente preocupante. De acuerdo con el observatorio Causa en Común, 2020 registró un total de, al menos, 524 agentes occisos, 78 más que en 2019, lo cual equivale a 1,42 policías por día.

Tristemente habituales son además las muertes accidentales por armas de fuego. El pasado octubre, en Chihuahua, una tiktoker recibía en la cabeza un disparo presuntamente involuntario mientras grababa para la red social un secuestro fingido con un grupo de amigos. En noviembre el diario hondureño Tiempo informaba de la muerte de una niña de 6 años a manos de otro niño que, jugando con la escopeta de su abuelo, le quitó la vida. Hace 2 semanas, en Zimapán, un joven murió tras haberse disparado mientras jugaba con un arma.