El partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, es el máximo favorito con diferencia a pesar del clima autoritario que se respira en el país desde el año pasado.
El próximo domingo 28 de febrero los salvadoreños acuden de nuevo a las urnas para elegir diputados y cargos municipales. Foto: Presidencia El Salvador
LatinAmerican Post | Daniel Vargas Bozzetto
Escucha este artículo
Read in english: El Salvador: Polls predict a comfortable victory for “Bukelismo”
Dos años y poco menos de un mes después de la elección de Nayib Bukele como presidente, el próximo domingo 28 de febrero los salvadoreños acuden de nuevo a las urnas para elegir diputados y cargos municipales en una jornada que servirá además para valorar los primeros 21 meses de gobierno del mandatario.
Los comicios se celebrarán en medio del crispado clima político que el pasado 9 de febrero dejó el registro en la Asamblea Legislativa de una polémica propuesta. Amparado en el artículo 131 de la Constitución, que dota a dicha cámara de potestad para declarar la "incapacidad física o mental del Presidente de la República", el diputado Ricardo Velásquez, del partido opositor Arena, firmaba a título personal la petición de que se aplicara dicho artículo a Bukele.
Lea también: El Salvador: Nayib Bukele se enfrenta al Congreso
En una entrevista para un canal de Youtube, Velásquez decía, refiriéndose al presidente: "Mi tesis son dos posibilidades: o Nayib Bukele es un delincuente o está mal de la cabeza. ¿Este muchacho está en sus facultades mentales o no lo está? ¡Que lo digan 5 médicos!"
Todo esto, exactamente un año después de que el presidente irrumpiera en la Asamblea Legislativa junto a un grupo de militares fuertemente armados para exigir a la Cámara la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para las fases II y III del Plan de Control Territorial, uno de sus proyectos más ambiciosos, con el que busca erradicar la lacra de las pandillas asesinas que durante años han hecho de El Salvador ocupar los primeros puesto de los países con más homicidios del mundo.
Frente a cientos de soldados, el Pdte. de El Salvador @nayibbukele dice que él no “confía” en el Tribunal Supremo Electoral y se congratula por permitir que la oposición participe en las elecciones.
Peligroso. pic.twitter.com/908HaL2dUI
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) February 17, 2021
Un objetivo que va camino de lograrse, pues los índices de violencia y muerte de la nación centroamericana han descendido hasta mínimos históricos desde que el presidente de la gorra para atrás comenzara a plantar cara a la Mara Salvatrucha y a Barrio 18, las principales pandillas salvadoreñas. Según el gobierno, en 2020 hubo 1.322 asesinatos, 1.076 menos que en 2019.
A pesar de que el diputado Velásquez considera que Bukele no es apto mentalmente para desempeñar el cargo que ostenta, lo cierto es que las encuestas vaticinan una aplastante victoria de su partido, Nuevas Ideas.
A principios de febrero, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP) hizo públicos los resultados de una encuesta realizada a más de 1.200 ciudadanos. A pesar de haber gestionado la crisis sanitaria con medidas represivas como el confinamiento forzado en condiciones más proclives a seguir reproduciendo el virus que a ponerle coto, el pueblo salvadoreño parece apoyar más que nunca al presidente, pues un 68,8% de los encuestados tiene pensado dar su voto al bukelismo.
Por su parte, los sondeos preelectorales realizados por el Centro de Estudios de Opinión Pública de FUNDAUNGO pronostican que un 60,8% de los votantes se decantará por Nuevas Ideas, que se convertiría así en la primera fuerza política del país, seguida por unas maltrechas Arena y GANA, que con un 4,9% y un 4,5% de los votos, serían la segunda y la tercera fuerza, respectivamente.
De producirse un resultado de este tipo Bukele contaría con una holgada mayoría parlamentaria con la que legislar prácticamente sin oposición y, por tanto, desde una posición hegemónica que preocupa a quienes hasta ahora han venido alertando sobre los escarceos de Bukele con el autoritarismo, especialmente tras ver cómo uno de los pilares de la democracia, la separación de poderes, temblaba el 9F bajo los fusiles de los militares.
Y es que la mayor ambición del presidente es hacer de El Salvador un país primermundista, próspero y pacífico, aunque para ello deba usar medios drásticos y poco convencionales que ponen en duda su talante democrático y que, incluso, le han valido en numerosas ocasiones el apelativo de “dictador”. “Si fuera de verdad un dictador los hubiera fusilado a todos” fue la desafortunada frase elegida en una ocasión por el presidente para defenderse.. Sin embargo, saltan a la vista las similitudes existentes entre el caso salvadoreño y muchos otros gobiernos de tintes autoritarios que abundan en toda la región, por ejemplo: rápido ascenso al poder, apoyo ciudadano masivo, mesianismo, apoyo sistemático en las fuerzas armadas, violación de derechos humanos y mala relación con la prensa.
En una reciente entrevista la salvadoreña Celia Medrano, observadora de derechos humanos, decía que El Salvador vive “un ritmo regresivo con respecto a garantías democráticas básicas que considerábamos ya ganadas y que ahora están en riesgo”. Medrano es una de las 5 candidatas finalistas para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y señalaba además que “el cierre de espacios políticos puede ser irreversible a muy largo plazo si no peleamos ahora por las garantías que ya teníamos ganadas”.
La propia CIDH, órgano dependiente de la OEA, ha observado en diversas ocasiones vulneraciones a los derechos humanos por parte del gobierno bukelista. En abril del año pasado instaba a Bukele a garantizar la vida, salud, integridad y dignidad de los pandilleros en prisión y a poner fin a prácticas como el “encierro absoluto de 24 horas al día, el aislamiento solitario o la suspensión de cualquier actividad”. A principios de mes anunciaba medidas cautelares a favor de 34 miembros del periódico digital El Faro que, según la Comisión, han sido amenazados e intimidados sistemáticamente por ejercer la actividad periodística.