Opinión: La cadena perpetua es una medida populista

Esta semana quedó aprobada la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Sin embargo, esta no es una decisión cualquiera, es una medida histórica, ya que para ningún otro delito está permitida este tipo de castigos.

Es evidente que cualquier tipo de delito contra los menores de edad debe ser castigado de manera ejemplar y también es evidente de que hay delincuentes que al sufrir algún tipo de patologías, no es posible su reinserción en la sociedad. Sin embargo, estos dos elementos no pueden dar como respuesta la cadena perpetua.

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La aprobación de esta ley, aunque resulte razonable, es un error desde muchos puntos de vista. Primero que todo, porque es muy probable que resulte ser inconstitucional, claramente, el artículo 34 de nuestra constitución consigna: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.

El tomar esta medida, justo en el aniversario número 30 de nuestra constitución, es el símbolo de que no reconocemos las bases en las que se redactó aquel texto y los motivos por los cuales Colombia se ha resistido a la cadena perpetua o pena de muerte desde hace más de un siglo.

Segundo, y más importante, el problema de la niñez colombiana no está en la reincidencia de los violadores o asesinos, es en la impunidad de estos casos. Según expusieron varios congresistas opositores a la ley, en Colombia la tasa de impunidad de estos casos es de 95 a 98%.

También el sentenciar a cualquier colombiano a la cadena perpetua es añadirle un problema más a las ya saturadas cárceles colombianas. Ya desde 2018 la Cruz Roja Internacional, junto con varias otras organizaciones de Derechos Humanos en el exterior e instituciones como la Defensoría del Pueblo han advertido del hacinamiento en los reclusorios. La CRI advertía que en algunos centros de detención la tasa es de 365% de saturación. Ahora imaginen tener personas por el resto de su vida, agravando las condiciones de salubridad y de derechos humanos para todos los reclusos.

Otro argumento evidente es que los crímenes contra menores de edad tienen la característica de que no reciben beneficios en la sentencia. Esto significa que las penas son bastante altas (más de 40 años). Esto deja que varios criminales afronten cadenas perpetuas en la práctica.

Hasta el momento, solo Perú, Argentina, Chile, Cuba y algunos estados de México cuentan con la cadena perpetua para casos excepcionales de secuestro, violación, robo o asesinato, incluyendo cuando las víctimas son menores de edad o adultos mayores. La pregunta es si esto en verdad ha representado una disminución en la criminalidad. No hay evidencia clara que indique que las medidas más punitivas sirvan como disuasorio en estos países. Además, es muy utópico pensar que la mayoría de criminales en las cárceles piensan, meditan y analizan los riesgos que implica el cometer este delito. Creo que la mayoría de los que están en prisión, lo están por cometer un delito del cual desconocían su pena o los beneficios a los que podría acceder. Todos (o la mayoría) sabían que estaban cometiendo un delito, pero muy pocos eran conscientes de cuánto equivalía la sentencia y en los casos en que unos pocos sí fuesen conscientes, qué tanto cambiará para ellos el hecho de no pasar 40 años en prisión, sino 60. ¿Es en verdad esto un disuasorio? ¿No es mejor que sepan que al momento de cometer un crimen hay certeza de que serán capturados, judicializados y sentenciados a 40 años y no que quedarán impunes?

Entonces, la aprobación de esta medida es simplemente populista. Pregúntele a cualquiera si no estaría de acuerdo de que personajes como Garavito o Rafael Uribe Noguera no merecen pasar el resto de sus vidas en prisión. Evidentemente la respuesta sencilla es que sí, pero la ley colombiana no puede solo basarse en los casos más representativos o en función de una única persona. Que ambos (y todos los demás) delincuentes paguen por sus hechos y que la ley se haga cumplir también en todos esos casos desconocidos o que no logran tener sentencia.

Igualmente el caso está en discusión en la Corte Constitucional y solo será esta institución la encargada de dar el visto bueno final o no a la medida. Indiferentemente a la decisión de los magistrados, lo más importante es que en el país se garantice la protección y los derechos de los menores de edad que mueren por desnutrición, pobreza extrema, problemas de acceso a la salud, violencia, etc. Si en verdad están preocupados por la infancia colombiana, hay muchas otras medidas que se pueden emplear para mejorar la calidad de vida de cientos de miles de niños y niñas en el país.