Duque y Lasso: alianza contra el narcotráfico

En los últimos meses, en Ecuador se han registrado una serie de acontecimientos que tienen preocupadas a las autoridades nacionales y regionales, pues la violencia escala cada vez más y hay una ola de inseguridad que tiene intranquilos a los ciudadanos. El fortalecimiento del narcotráfico y los grupos delictivos explican, en gran medida, estos fenómenos.

De hecho, desde el 18 de octubre, el país se encuentra en estado de excepción, declarado por el presidente Guillermo Lasso. "En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico", fue el contundente mensaje que el gobernante dio a la nación, al anunciar la medida, que ha permitido el despliegue de más fuerza armada en el país.

Además, el país tiene una fuerte crisis carcelaria que ha dejado alrededor de 300 personas muertas en medio de balaceras y disputas entre bandas criminales. Según datos del Ministerio del Interior, se han registrado 1.753 homicidios hasta septiembre del 2021 y los datos de la Fiscalía señalan un aumento de la criminalidad, que en algunos casos, como el robo de carros, se ha duplicado respecto al 2020. 

InSight Crime, ONG especializada en investigar crimen organizado, explica que hay una línea directa entre el narcotráfico y los motines en los centros penitenciarios ecuatorianos, pero destaca que esta crueldad aumenta ya que hay vacíos de poder y esto es visto como ventanas de oportunidad para bandas que quieran tomar el dominio. Tal como detalla la investigación, los motines de comiensos del año en varias cárceles que dejaron cerca de 80 muertos, se trató de una disputa por el control de la venta de la droga entre miembros de la banda Los Choneros, contra Los Chone Killers, Los Lobos, Los Pipos y Los Tiguerones.

Por otra parte, durante octubre se presentaron fuertes manifestaciones de movimientos sociales que bloquearon varías vías principales del país. Entre ellos, las comunidades indígenas y el Frente Unitario de Trabajadores. De hecho, aún hay tensión y no se descartan nuevas jornadas de manifestaciones en los próximos meses.

Las cifras hablan por sí mismas y muestran a un país urgido de políticas que le permitan controlar la delincuencia y frenar la ola de violencia. No obstante, las causas de este fenómeno  no se pueden reducir al tráfico de drogas, pues la corrupción, la ausencia del estado en ciertas regiones y la crisis en las instituciones, han llevado al país a ser el escenario perfecto para el desarrollo de las bandas criminales. La pobreza ha pasado de 25,5% en 2019 al 32,2% en 2021, incrementándose significativamente, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Al respecto, casi la mitad de la población de las áreas rurales (49,2 %) se encuentra en situación de pobreza. 

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Por otra parte, el informe de Human Right Watch 2021 de Ecuador señala que “Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador”. De hecho, instituciones como la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional han sido señaladas por procesos indebidos y negligencia en diversos casos, en especial de corrupción. A todo esto se suma el caos que ha dejado la pandemia en materia de salubridad y economía.

Ante esta crisis que parece salirse de las manos del gobierno, Ecuador está buscando aliados estratégicos fuera de sus fronteras para luchar contra los grupos criminales. Uno de sus aliados naturales, evidentemente, es Colombia, pues la mayoría de redes de narcotráfico están conectadas con este país o con México. 

Por ello, los presidentes Iván Duque y Guillermo Lasso se reunieron el 21 de noviembre en Quito para llegar a acuerdos sobre diversas temáticas, en las que la lucha conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo fue el tema protagonista. Además, se estableció la reapertura de las fronteras para el 01 de diciembre y la intensificación de los controles fronterizos para regular la migración y evitar la violencia. Por otro lado, se hará una repatriación de presos a Colombia y se trabajará en conjunto en políticas de medio ambiente e innovación. 

En este sentido, es cada vez más evidente que la cooperación regional de los países de América Latina debe ser mayor para enfrentar los desafíos comunes, que trascienden las fronteras y se han encrudecido por la crisis ocasionada por la Covid-19. Estos acuerdos deben establecerse con bases sólidas, más allá de las inclinaciones ideológicas de los gobiernos de turno, pues a la par que se frenan los grupos ilegales, es necesario trabajar en garantías sociales para las comunidades que están inmersas en los corredores de la droga.