La pandemia no redujo la informalidad en Latinoamérica, la ocultó

Como es costumbre a final de año, se evalúan los avances y retrocesos de los países en diversos aspectos, para conocer los retos a los que se enfrentarán en el próximo año. El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021, realizado por la CEPAL, concluye que los desafíos de la región en el ámbito laboral son “dinamizar el mercado laboral, recuperar los empleos perdidos durante la crisis, reducir la informalidad y avanzar hacia mercados de trabajo con empleo decente”. 

En este sentido, la informalidad resulta una preocupación para la región pues es un problema creciente que está aumentando la desigualdad, pues quiere decir que las personas no tienen acceso a seguridad social y empleos decentes. Sus principales efectos negativos son el debilitamiento del crecimiento económico, la disminución del bienestar social de la población y  la afectación a la productividad de los trabajadores.

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No obstante, los resultados de los cambios en el mercado laboral, que fueron influenciados por la pandemia, resultaron paradójicos, pues no siempre se reflejaron en aumentos en las tasas de desempleo e informalidad. Al respecto, la CEPAL ha recalcado que “hay que interpretar con cautela indicadores de la calidad del empleo como la incidencia de la informalidad y los salarios reales”. Una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo señala que en el 2020 por los confinamientos y las restricciones de movilidad, muchas personas dejaron totalmente sus empleos, principalmente trabajadores del sector informal. Por lo tanto, no aumentaron las tasas de informalidad, sino las de inactividad.

Sin embargo, en el 2021 la situación fue diferente, con la flexibilización de las medidas sanitarias y  la reducción de las cuarentenas, las personas debieron salir nuevamente a las calles para recuperar ingresos y la informalidad resulta ser la opción más rápida. Los jóvenes y las mujeres han sido los grupos más afectados en esta situación. La Organización Mundial de Trabajo OIT, advirtió que cerca de un 70 % de los empleos generados desde mediados de 2020 hasta marzo de 2021 corresponden a la informalidad. Esto pone grandes desafíos para los países, que deben generar empleos de calidad para impulsar la reactivación económica y superar la crisis.

El informe  “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021” de la OIT, señala que la mayoría de los trabajadores informales no han tenido la posibilidad de acceder a prestaciones sociales para mitigar la pérdida de ingresos. “Según las encuestas, una cuarta parte de las empresas informales se enfrentan a una quiebra inminente”, indica. Asimismo, señala que las mujeres y los jóvenes son los grupos poblacionales que más se ven afectados en este fenómeno.

Por otra parte, uno de los sectores a los que más afecta la informalidad es el trabajo doméstico. De acuerdo con los datos de la OIT, de los 14,8 millones de trabajadoras domésticas que se contabilizaban en la región para el 2019, el 72,3 por ciento no hacía parte del empleo formal. La situación ocasionada por el COVID-19 precarizó aún más su trabajo, pues en medio de las restricciones sanitarias y el temor ocasionado por la enfermedad, muchas (pues trabajan principalmente mujeres) fueron desempleadas.

Respecto a las medidas para mitigar los efectos negativos de la crisis en el mercado laboral, la publicación “Informalidad en los tiempos de COVID – 19 en América Latina: implicaciones y opciones de amortiguamiento” del BID, señala que medidas como la condonación o postergación del pago del impuesto sobre renta y de las contribuciones a seguridad social, siempre y cuando estén condicionadas a la generación de empleos formales, ayudaría a reducir la informalidad entre un 50% y 75%.

También es preciso analizar el impacto real de los subsidios. Si partimos de que muchas empresas y personas en la informalidad no han podido acceder a los subsidios, es necesario crear estrategias que se acerquen a esta población.. Al respecto, el reconocido economista José Eduardo Gómez, en entrevista para la Fundación Razón Pública, planteó que una política del Estado como empleador de última instancia podría ser beneficiosa.