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¿A qué se arriesga Bukele con su estrategia antiviolencia en El Salvador?

Ya son varias las organizaciones internacionales que han acusado al Gobierno salvadoreño de violar los derechos humanos de los presos en medio de la estrategia antiviolencia en El Salvador. ¿Habrán investigaciones o sanciones en contra de Nayib Bukele?

Nayib Bukele durante un discurso

Foto: TW-nayibbukele

LatinAmerican Post | Christopher Ramírez Hernández

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El Salvador vive desde el pasado 27 de marzo un verdadero momento de crisis social y política luego de que el presidente de este país, Nayib Bukele, decretara un estado de excepción con el que se busca tener una estrategia antiviolencia en El Salvador, atacando, precisamente, a las pandillas que desde hace algunos meses han vuelto azotar al país centroamericano.

Sin embargo, ya son varias las denuncias ciudadanas que han surgido en contra de Bukele y de su gobierno, pues, según cifras del mismo oficial ejecutivo, desde el inicio del estado de excepción ya han sido capturadas más de 6 mil personas acusadas de participar en actos violentos dentro de los grupos pandilleros salvadoreños. No obstante, varios civiles aseguran que son muchos los “falsos positivos” que han caído en esta nueva estrategia judicial.

Frente a todas estas críticas, denuncias y supuestas “amenazas”, como lo ha tildado Bukele, en su condición de primer mandatario, él mismo aseguró que “los criminales que están afuera” y que “quieren empezar a vengarse de la gente honrada al azar” , serán los responsables de que sus supuestos cómplices no tengan “ni un tiempo de comida en las cárceles”.

“Y no me importa lo que digan los organismos internacionales”, fueron las palabras con las que Nayib Bukele confrontó las críticas que ya han llegado desde varias ONG, especialmente las relacionadas con Derechos Humanos. Para el presidente, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como los periodistas son “socios de los pandilleros” y estos, a su vez, son el “brazo armado” de las organizaciones de derechos humanos presentes en el país.

“Esto es una barbarie”

Una de las primeras organizaciones en manifestarse fue Human Rights Watch (HWR) quien instó a entidades internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) a rechazar tajantemente lo que, según ellos, son aberraciones judiciales, sociales y políticas del Gobierno salvadoreño en contra de su propia población, especialmente la que se encuentra privada de su libertad.

"Necesitamos pronunciamientos fuertes de la OEA, de la Unión Europea (...) y también de los Gobiernos de la región, porque no es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo en El Salvador", expresó el pasado 5 de abril Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de HWR.

Asimismo, tildó el estado de excepción decretado por Bukele como una burla para la democracia en El Salvador. De esta forma implícita, hizo notar que lo que hoy se vive en este país es el inicio de un régimen dictatorial comandado por el presidente centroamericano. “En vez de fortalecer a las instituciones democráticas, que son importantes para poner abuso a frenos, el Gobierno ha debilitado la independencia judicial y eso hace más difícil la justicia para todos los salvadoreños, incluyendo a las víctimas de la violencia”, agregó Taraciuk.

La misma posición es la que tiene Amnistía Internacional (AI), organización que considera lo ocurrido en El Salvador como un escenario en el que las violaciones de derechos humanos están a la orden del día. “Las violaciones de derechos humanos no pueden ser la solución a la violencia, solo profundizan la grave situación, revelando un contexto de abusos y arbitrariedades, del cual no hay retorno”, destaca Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Cabe recordar que días después de haber iniciado el estado de excepción, la misma Policía Nacional de El Salvador publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se puede evidenciar las torturas a las que son sometidos los presos, siendo abatidos por los uniformados, incluso, poniendo sus pies sobre sus cabezas.

Aunque la grabación fue eliminada segundos después de que la Fuerza Pública lo subiera a la red social, varias cuentas lograron descargarlo antes de su eliminación, por lo que su distribución no se hizo esperar, alcanzando incluso a los organismos internacionales, como la misma ONU. Para las Naciones Unidas, este tipo de situaciones deben considerarse como una tortura, pues quebrantan en todo sentido los derechos humanos de las personas puestas en prisión.

“Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido durante una tortura, los principios de juicio justo y la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso los estados de excepción”, dijo la oradora de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, por medio de un comunicado de prensa.

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Sin embargo, es importante recordar que aunque se han desarrollado convenciones contra la tortura, tanto de la ONU como de la OEA, estas organizaciones no pueden hacer más que investigar y denunciar, más no castigar. De hecho, las entidades internacionales se ven atadas de manos cuando es la misma Constitución de El Salvador la que en cierta medida permite estos actos de injusticia, ya que el régimen de excepción da pie para que la Asamblea Legislativa suspenda algunos derechos constitucionales en medio de circunstancias extremas de violencia como las que tiene el país, según lo dicta la misma Carta Magna.

“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, añadió Throssell, sin aclarar si se iniciarán o no investigaciones frente a la tortura a presos en esta nación.

Lo que sí se ha pensado en investigar es el uso abusivo del programa espía Pegasus, que según la CIDH “se está utilizando como arma para silenciar a periodistas en El Salvador y en todo el mundo”. En marzo se celebrará una audiencia para tratar este tema y conocer las medidas a tomar frente a esta situacion de orden dictatorial en El Salvador.