La crisis carcelaria en Ecuador puede ser un presagio de la de El Salvador

La situación de las cárceles en Ecuador es preocupante. El país sudamericano registra, por lo menos, 43 personas muertas debido a los motines carcelarios ocurridos el fin de semana pasada en la prisión de Santo Domingo en el centro del país.  Además de los fallecidos con arma blanca, también hubo una fuga de 220 presos, de los cuáles aún hay 108 en libertad.

No obstante, el descontrol que hay en las cárceles en Ecuador no es un fenómeno nuevo. En 2021, se registraron 3 amotinamientos coordinados en 3 cárceles, que dejaron 78 muertos. Según las cifras oficiales, son más de 300 fallecidos en estas circunstancias en 15 meses.

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El Gobierno de Guillermo Lasso culpa de esta crisis a un ataque de varias mafias asociadas al negocio del narcotráfico que están intentado apropiarse el poder dentro de los centros de reclusión. Sin embargo, estos hechos son las consecuencias de una serie de peleas internas entre bandas criminales en estas prisiones. Esto, a su vez, es la respuesta a una crisis carcelaria y una política judicial que ha creado, como consecuencia, un caldo de cultivo favorable al poder criminal.

Varias organizaciones han advertido que esto se debe a condiciones de hacinamiento, injusticia y corrupción, que se han convertido en las causales de estos desastres que estamos viendo.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en Ecuador, alertó que esto obedece a diversos factores como: el debilitamiento de las instituciones; el encarcelamiento y la política de drogas; el hacinamiento y la creación de megacárceles; el uso exclusivo de la prisión preventiva; los obstáculos legales y administrativos para la concesión de beneficios penitenciarios; los indultos y las condiciones de detención.

La solución casi que se puede resumir en tener una orientación de centros de rehabilitación y no de centros de revanchismo. Las condiciones para los presos deben ser dignas y oportunas. El hacinamiento y la falta de garantías no pueden ser herramientas para controlar a la población privada de su libertad. Por el contrario, deben ser una garantía que permita que los reos tengan un buen comportamiento y que cuando salgan nuevamente en libertad, cumplan con la meta de la no repetición.

La paradoja en la zona es que mientras Ecuador está atravesando una de las peores crisis de población carcelaria en Latinoamérica, El Salvador está repitiendo los mismos patrones y las consecuencias pueden ser similares. La ofensiva que lanzó recientemente el presidente Nayib Bukele en contra de las pandillas y las maras en territorio centroamericano coincide en varios aspectos con los que la CIDH ha determinado como causales de la tragedia actual.

Debido a una ola de violencia, el gobierno salvadoreño dictaminó una serie de operativos para capturar y prevenir la violencia en las calles. Sin embargo, en El Salvador no parecen ser motivo de preocupación las consecuencias de esta política, como el hacinamiento y la falta de comida para los presos nuevos y viejos dentro de las prisiones. Todo lo contrario, Bukele ha amenazado a los delincuentes diciéndoles que mientras la violencia en el país no disminuya, las consecuencias las pagarán los amigos o socios de las pandillas que están hoy bajo la custodia del Estado.

En solo un mes, las autoridades anunciaron la detención de 20.000 personas relacionadas con las pandillas. A pesar de que esta es una buena noticia, si se comprueba que son criminales que deben pagar penas, la falta de una política carcelaria seria y alejada del populismo punitivo puede traer graves consecuencias. Lo que hoy vive Ecuador puede ser lo que en un futuro vivirá El Salvador.

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Y a pesar de que la guerra contra las Maras hoy parezca reducida (en comparación con hace un par de semanas) las consecuencias pueden ser vistas en un futuro próximo. Es por esto que acompañada de una ola de capturas, siempre debe llegar de la mano una respuesta mucho más institucional y con garantías de rehabilitación. Asimismo, es necesaria la no vulneración de los derechos y la creación de mayores oportunidades para futuras generaciones. Si no es así, esto solo serán paños de agua tibia que no resolverán las causas de la violencia ni en Ecuador, ni en El Salvador, ni en la región.